El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó el denominado “Libro de la Verdad”, un documento de 135 páginas que reúne 82 casos considerados por la nueva administración como posibles irregularidades ocurridas durante el gobierno de Gustavo Petro. El informe identifica nueve comportamientos asociados a prácticas que, según el Ejecutivo, podrían favorecer hechos de corrupción y señala que el trabajo fue elaborado durante el proceso de empalme por un equipo anticorrupción integrado por más de mil 200 profesionales voluntarios. Los casos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, con el propósito de que los organismos competentes determinen si existen responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.
Entre los casos expuestos aparecen cuestionamientos a la contratación de una planta desalinizadora en Santa Marta; una resolución del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) que habilitó fines de semana y festivos para adelantar actuaciones administrativas y contractuales; el proceso de adquisición de tierras asociado a la reforma agraria; el programa de “Caminos comunitarios para la Paz Total”; y contratos de la Unidad Nacional de Protección. El gobierno sostiene que en distintos expedientes se detectaron problemas relacionados con estudios previos, ejecución presupuestaria, trazabilidad contractual, transferencia de recursos y cumplimiento de los proyectos. Algunos de estos señalamientos ya derivaron, según el documento, en solicitudes de medidas preventivas, denuncias penales, acciones fiscales o quejas disciplinarias.
De la Espriella sostuvo que la presentación del documento responde a la decisión de entregar a las autoridades los elementos recopilados, pero remarcó que no corresponde al Ejecutivo establecer responsabilidades judiciales. En paralelo, afirmó que su administración mantendrá una política de seguimiento sobre posibles irregularidades y mencionó cuestionamientos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la contratación estatal, el endeudamiento público y programas sociales. De este modo, el “Libro de la Verdad” funciona, según la presentación realizada por el gobierno, como un inventario inicial de posibles irregularidades cuya validez y eventual responsabilidad deberán ser determinadas por la justicia.
