Esta semana se produjo una vertiginosa sucesión de declaraciones y revelaciones que tensaron la relación bilateral hasta uno de sus puntos más críticos en materia de seguridad. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió en el Congreso que “si México no actúa contra los cárteles, Estados Unidos tendrá que hacerlo”; el director de la DEA, Terrance Cole, señaló que la acusación federal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es “solo el principio de lo que viene para México”; y CNN publicó un reportaje que atribuyó a la CIA la facilitación del ataque que el 28 de marzo terminó con la vida de Francisco Beltrán, alias El Payín, un operador de rango medio del Cártel de Sinaloa, cuyo vehículo explotó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Según CNN, la operación contra El Payín formó parte de una campaña más amplia y no reportada previamente de una unidad de élite de la CIA, orientada a desmantelar redes de cárteles mediante ataques letales contra mandos medios. Horas después, The New York Times matizó la versión: la CIA habría aportado inteligencia y planificación, pero el operativo habría sido ejecutado por autoridades mexicanas. La portavoz de la CIA calificó el reportaje de CNN de “falso” y de “campaña de relaciones públicas para los cárteles”, pese a que la cadena precisó haber solicitado comentarios a la agencia antes de publicar. El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, rechazó “cualquier versión que pretenda normalizar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”. La presidenta Sheinbaum calificó la versión de los medios como “una ficción de proporciones descomunales».

El episodio tiene lugar tras una serie de hechos que han puesto en entredicho los términos de la cooperación bilateral en seguridad. En abril, el accidente de dos agentes de la CIA en Chihuahua había revelado su participación en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas, en operaciones que el gobierno federal afirmó desconocer. A principios de mayo, el Departamento de Justicia estadounidense formalizó cargos por narcotráfico contra Rocha y nueve funcionarios, atribuyéndoles vínculos con la facción de Los Chapitos. En el entorno de Palacio Nacional, según fuentes consultadas por la prensa, Sheinbaum interpreta el conjunto de estas acciones no como una campaña antinarcóticos sino como maniobras políticas de cara a las elecciones intermedias estadounidenses.

La acumulación de presiones —amenazas de intervención terrestre, operaciones encubiertas, acusaciones contra dirigentes del partido gobernante Morena y advertencias de nuevas indagatorias— configura un escenario de alta tensión que el gobierno mexicano procura gestionar sin ceder en la defensa de la soberanía ni romper la cooperación en seguridad.