En la madrugada del miércoles 20 de mayo, el dirigente sindical Saúl Méndez, líder del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Afines (Suntracs), solicitó asilo político en la embajada de Bolivia en Panamá. La solicitud de asilo político se produce en la misma semana en que la huelga general indefinida y los cortes de ruta cumplen un mes, mientras el gobierno responde con una creciente represión contra los movimientos sociales y sindicales en Panamá.

En los últimos días, distintas sedes del Suntracs fueron allanadas y varios de sus miembros fueron detenidos. Además, el gobierno canceló el registro legal de la cooperativa del sindicato, medida que ha sido denunciada por abogados como un acto de persecución política. A su vez, en las últimas semanas, se han reportado detenciones arbitrarias, persecución policial y represión violenta en provincias como Bocas del Toro y Veraguas. Uno de los casos más graves fue el del estudiante universitario Caleb Bejarano, quien recibió un disparo durante una protesta.

En medio de una situación cada vez más explosiva, la empresa Chiquita Panamá anunció que despedirá a más de cuatro mil 800 trabajadores en Bocas del Toro, alegando abandono de labores, lo que ha generado pérdidas estimadas en 75 millones de dólares.

Ante la creciente tensión, el presidente José Raúl Mulino conformó “una comisión de alto nivel” para evaluar la posibilidad de declarar el estado de emergencia en Bocas del Toro. Las protestas continúan en todo el país, mientras los sindicatos insisten en que el gobierno busca desmantelar al movimiento sindical independiente y criminalizar la protesta social.