Desde el inicio de su gestión, el presidente Daniel Noboa impulsó una agenda de recortes y austeridad, continuando los planes económicos de Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Como consecuencia, los servicios públicos se han deteriorado a un ritmo vertiginoso, afectando el ejercicio de derechos básicos por parte de la población. La crisis del sistema de salud se enmarca en este contexto y ha escalado a niveles sin precedentes.

La situación tocó fondo tras revelarse la noticia de la entrega del cuerpo de una niña fallecida a su madre en una caja de cartón en un hospital público. Este hecho, que revela un sistema «al borde del colapso», obligó a las autoridades a tomar medidas inmediatas y generó una fuerte reacción de condena e investigación.

Tras la difusión del escándalo, el gobierno actuó desvinculando al gerente del hospital público implicado en la entrega del cuerpo de la niña, colocando la responsabilidad de la situación en un funcionario público y no en la cuestión sistémica, relativa al avance del ajuste estructural.

A nivel legislativo, la Comisión de Niñez de la Asamblea Nacional, liderada por el correísmo, inició una investigación sobre la muerte de la bebé y la entrega de su cuerpo en esas condiciones.  Adicionalmente, la crisis en el sector ha tenido repercusiones en el ámbito judicial y legislativo, con el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificando el juicio político contra el exministro de Salud, Jimmy Martin.

La gravedad de la situación ha forzado al gobierno de Noboa a centrar la atención en la materia nombrando a su vicepresidenta, María José Pinto, al frente de la institución. En este marco, el Ministerio de Salud Pública actualizó y publicó la lista de enfermedades catastróficas que afectan a los enfermos, una acción que busca atender las necesidades específicas de los pacientes en medio del colapso del sistema. Estas medidas, sin embargo, no han surtido mayor efecto y los hospitales no están en condiciones de atender a la población de manera eficaz.

La falta de medicamentos en hospitales públicos es un problema crónico que se ha agudizado desde finales de 2021 y principios de 2022, con picos críticos en este período, llevando incluso a declarar emergencias en el sistema para la adquisición de fármacos básicos como insulina o anticancerígenos, afectando gravemente a pacientes y generando gastos de bolsillo elevados. Así es como el ajuste estructural y desmantelamiento de la institucionalidad pública no sólo deterioró las condiciones de seguridad en el país, sino también su red de sostén sanitario.