El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, se reunió el jueves 27 de agosto con autoridades militares de Ecuador y Colombia en dos puntos de la línea fronteriza: Tumaco, en el departamento colombiano de Nariño, y San Lorenzo, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Por Ecuador acudió el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Los encuentros incluyeron conversaciones sobre la creación de una base binacional en la frontera común, aunque hasta el cierre de esta edición no existía una decisión oficial ni se había anunciado una fecha de instalación o un sitio específico.

El Ministerio de Defensa de Ecuador señaló que los tres países articularon acciones para fortalecer el intercambio de inteligencia, la coordinación operativa y la capacidad de respuesta frente a las estructuras criminales de la frontera norte. Las operaciones se concentrarán en el límite entre los departamentos de Nariño y Putumayo y las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, zonas donde operan disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos ligados a la producción de coca y a la minería ilegal. El acuerdo se gestó durante los ejercicios Panamax 2026, en Panamá, y según Loffredo será la primera vez que los tres países preparen acciones coordinadas con intercambio de inteligencia, apoyo logístico y movilización de tropas.

El acercamiento se explica por el cambio de gobierno en Bogotá. El presidente Daniel Noboa había reclamado al entonces mandatario colombiano, Gustavo Petro, mayores medidas contra los grupos armados de la frontera, un pedido que expresaba doctrinas opuestas: Petro buscaba una salida negociada mediante su política de “Paz Total”, que mantuvo suspendidas las extradiciones de varios cabecillas, mientras Quito conservaba a esos mismos jefes en su listado de objetivos militares. Su sucesor, el presidente Abelardo de la Espriella, reorientó esa política, y Colombia se incorporó el 12 de agosto a la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), que días antes había sumado un brazo operativo: la Fuerza Conjunta del Hemisferio Occidental.

Los especialistas coinciden en que el esquema exige una estructura de mando común. El coronel retirado Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, sostiene que el Comando Sur albergaría “un puesto de mando unificado” para coordinar a los países de la coalición, pero advierte que la ofensiva colombiana —Bogotá anunció el 24 de agosto que tratará a todos los grupos criminales como terroristas— desplazará esas estructuras hacia territorio ecuatoriano en un horizonte de unos cinco meses.

El componente operativo de la alianza ya se hizo visible. La Policía Nacional de Ecuador informó el miércoles 26 de agosto de la detención de 43 presuntos integrantes de Los Lobos y Los Choneros en 36 allanamientos ejecutados en seis provincias, con apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Comando Sur; Donovan calificó los operativos de “victoria decisiva para la región”. Un día después, el gobierno colombiano autorizó la extradición a Estados Unidos de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, líder de Comandos de la Frontera e incluido por Noboa entre sus objetivos militares en abril de 2024.

La profundización del esquema arrastra, no obstante, zonas grises. Entre enero y marzo, al menos tres pesqueros ecuatorianos fueron atacados en el Pacífico oriental; ocho tripulantes de uno de ellos siguen sin aparecer y algunos sobrevivientes describieron drones y hombres armados que hablaban inglés. The Washington Post vinculó los episodios a un programa encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), algo que el Pentágono rechaza y que nadie ha demostrado públicamente. Distinto es el caso de los ataques contra presuntas lanchas del narcotráfico que Washington sí reconoce, que desde septiembre han dejado al menos 221 muertos, según The New York Times, y que Amnistía Internacional condenó como ejecuciones extrajudiciales ilegales.