El 23 de julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) comunicó el cierre de una investigación sobre las economías de 60 países “por no haber establecido ni aplicado de forma efectiva una prohibición de la importación de productos fabricados con trabajo forzoso”. A partir de esta conclusión, el titular del organismo, Jamieson Greer, tomó “medidas definitivas” de imposición de aranceles adicionales a los productos de esos países, que van del 10 al 12,5%. En el caso de Chile se aplicará el castigo más alto. 

La medida se basa en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. “El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro mundiales”, planteó Greer en el comunicado de la USTR. “Estados Unidos cuenta con una prohibición de importación de productos fabricados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica de forma rigurosa; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”.

La ronda de imposición de aranceles fue refrendada por un Memorándum firmado por Donald Trump, quien ofreció más detalles sobre la implementación, que incluye tratamientos especiales con exenciones, “entre otras cosas debido a las necesidades de la economía estadounidense”. El arancel es del 12,5% para más de 40 naciones, entre ellas Chile, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, Venezuela, China e Israel. Otros 17 países quedaron en el tramo de 10%, por haber tomado diferentes medidas en el sentido esperado por Estados Unidos. Ellos son Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Trinidad y Tobago, Canadá, Jordania, Pakistán, India, Sri Lanka, Bangladesh, Camboya, Malasia, Indonesia y el Reino Unido.

El gobierno de José Antonio Kast respondió a través de un comunicado de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), que afirma que el país “cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso”. El texto plantea que “el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”, sino que “responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense”. Además, señala que mantendrá el diálogo y negociaciones con las autoridades estadounidenses “para seguir avanzando (sic) en mejores condiciones de acceso, incluyendo la exclusión de productos esenciales de nuestra canasta exportadora en la aplicación de esta medida arancelaria”.

La imposición de tarifas adicionales a los productos chilenos llega apenas dos semanas después de la gira del canciller Francisco Pérez Mackenna por América del Norte. En esa ocasión, entre otras actividades, el ministro de Relaciones Exteriores se reunió con el secretario de Estado y con el propio Greer. “La reunión con Marco Rubio fue estupenda”, había expresado Pérez Mackenna en una entrevista posterior, en la que no hizo comentarios sobre el representante de Comercio estadounidense.

A pesar de la magnitud del tema, al cierre de esta edición el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores no había emitido ningún comunicado sobre el asunto. Hasta el 24 de julio, las noticias estaban centradas en la gira del canciller por el sudeste asiático.