El caso Cardama —referente a la recompra de dos patrullas oceánicas que el gobierno de Luis Lacalle Pou adjudicó al astillero español Cardama por 92 millones de dólares en medio de opacidades en el proceso y que ahora es investigado por cuestionamiento sobre su transparencia— continúa siendo un tema de discusión por el uso de recursos públicos y ya es una disputa política entre el oficialismo y la oposición, quienes lo ejercen como un elemento de presión sobre el presidente, Yamandú Orsi.

Si bien el presidente Orsi rescindió el contrato a Cardama el pasado mes de febrero, el caso volvió a las menciones esta semana por la comparecencia del ex comandante en Jefe de la Armada, Jorge Wilson, ante la comisión parlamentaria que investiga el proceso de compra y donde aceptó que hubo encuentros previos antes de la adjudicación.

El caso representa un desafío político para el gobierno del presidente Yamandú Orsi al tratarse de un riesgo reputacional y, al mismo tiempo, una oportunidad estratégica si logra encuadrarlo a su favor toda vez que voces opositoras como la de Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, pretenden que las sanciones recaigan sobre el oficialismo por las acciones que ha tomado en el caso.