El caso Fernando Cerimedo —el consultor político argentino detenido preventivamente en Palmasola por feminicidio en grado de tentativa contra Nadia Beller— opera ya como el principal termómetro del estado de situación del gobierno de Rodrigo Paz. Esto se advierte no solo por el perfil del imputado, que ejerció funciones de asesor presidencial, sino porque la acumulación de cuatro frentes penales paralelos, cinco allanamientos y la aparición de la directora de Comunicación Estratégica del Estado entre los testigos citados sugieren que el vínculo entre Cerimedo, la trama política regional y el aparato gubernamental fue más profundo que lo reconocido hasta ahora.
La dimensión argentina del caso reveló una contradicción que el gobierno de Javier Milei no pudo sostener: el presidente afirmó en Radio Mitre que no tenía vínculo con Cerimedo desde 2023 y atribuyó el caso a un entramado castrochavista que incluye al expresidente boliviano, Evo Morales, y al mandatario brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva. No obstante, días después, su portavoz Adrián Ravier debió reconocer 13 visitas del detenido a Casa Rosada entre diciembre de 2023 y junio de 2024, varias de ellas autorizadas por funcionarios del entorno de Karina Milei, hermana y secretaria general del jefe de Estado argentino.
El gobierno boliviano respondió con una doble estrategia de apertura judicial y control de relato. Tras la sesión de gabinete que Paz convocó para tratar el caso, el viceministro de Transparencia, Marcelo García, anunció que el Ejecutivo ingresó como parte coadyuvante en la investigación que la Fiscalía de La Paz lleva de oficio contra Cerimedo, y que Paz había ordenado una investigación “minuciosa” sobre todas las denuncias. La decisión tiene un doble filo: acerca al gobierno al proceso y le permite incidir en la narrativa, pero también lo compromete con una investigación cuya extensión sigue siendo incierta.
Los cinco allanamientos practicados por la Fiscalía de La Paz produjeron el hallazgo más significativo: más de 500 mil bolivianos (casi 43 mil dólares), montos en dólares y euros, documentación, un teléfono satelital y dispositivos identificados como una “mini granja de bots”. La Unidad de Investigaciones Financieras fue requerida para informar sobre el origen y titularidad de esos recursos; Beller y Ximena Galarza —directora de Comunicación Estratégica del Estado—fueron citadas como testigos. El jueves 27 de agosto, Cerimedo declaró como sindicado en la causa económica: la defensa denunció irregularidades en el procedimiento y sostuvo que la investigación se inició a partir de un video en TikTok, mientras el fiscal Miguel Cardozo calificó las respuestas de “esquivas” y anunció que la Fiscalía lo imputará por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y solicitará seis meses de detención preventiva adicionales a los 180 que ya cumple en Palmasola.
Lo que el caso revela sobre el estado del gobierno de Paz es doble. La acumulación de frentes —feminicidio en Santa Cruz, enriquecimiento ilícito, violencia contra la mujer y una pesquisa preliminar en Beni por presunta protección de vuelos vinculados al narcotráfico— convierte la situación en una crisis de múltiple jurisdicción que el Ejecutivo no controla en su totalidad. Al mismo tiempo, la presencia de Galarza entre los testigos citados alimenta preguntas sobre qué tan profunda fue la inserción de Cerimedo en el aparato estatal. El gobierno procura encuadrar el caso como una gestión de transparencia, pero las preguntas sobre el rol real del asesor dentro de la administración permanecen abiertas.
