A fines de agosto, delincuentes disfrazados de policías interceptaron en Trujillo (región La Libertad) la camioneta del empresario minero Jenss Lara, asesinaron a cuatro de sus acompañantes y lo secuestraron. Los atacantes operaron desde una Toyota Hilux, vestían ropa similar a la policial y portaban armas largas; el operativo aparentaba una intervención regular y otros vehículos pasaron sin detenerse. El caso Trujillo se convirtió en el test que la agenda de seguridad de Keiko Fujimori no pudo superar fuera de Lima: la respuesta del Estado —Policía, Fiscalía, Ministerio del Interior— quedó expuesta como fragmentada y descoordinada ante un crimen organizado que operó con velocidad, precisión y total impunidad.

El pasado jueves 3 de septiembre, la fiscal de la Nación precisó el alcance institucional del fracaso: la Policía actuó “haciendo las cosas por su cuenta”, sin coordinar con la Fiscalía. La declaración transforma el caso en algo cualitativamente distinto a un error táctico: es la prueba de que el gobierno gestiona la seguridad sin cadena de mando unificada entre la fuerza pública y la principal autoridad de persecución penal del Estado. La dimensión comunicacional agravó el problema. El premier Rafael Belaunde afirmó que el ministro del Interior, César Astudillo, no viajó a Trujillo porque tenía “otras responsabilidades”.

La presión parlamentaria escala en dos frentes respecto de este caso. Juntos por el Perú presentó dos proyectos para modificar la ley que blindaba a Óscar Arriola en la jefatura de la Policía, y también una moción de interpelación contra Astudillo con 27 preguntas en cuatro ejes, impulsada por la diputada y primera vicepresidenta Analí Márquez.

Fujimori respondió con un mensaje que condiciona al Congreso: “sin facultades no podremos combatir el crimen”. La mandataria reconoció que el servicio de inteligencia “no tiene capacidad operativa desde hace unos años” —admisión infrecuente desde el Ejecutivo— y pidió facultades para designar organizaciones criminales como “grupos hostiles” y “grupos terroristas”. La retórica de la emergencia no resuelve la brecha institucional que el caso Trujillo dejó expuesta: la herramienta que Keiko demanda al Congreso presupone una inteligencia operativa que ella misma admitió que no existe.

En ese contexto, la captura de Jhonsson Pulpo —líder de Los Pulpos, completada el martes 1 de septiembre en Bolivia y seguida de su traslado a Lima— fue la única nota positiva en materia de crimen organizado transnacional. No obstante, su impacto fue eclipsado por la evidencia acumulada de que el sistema institucional peruano opera en compartimentos que no se comunican, y que la crisis de Trujillo no fue una excepción sino una expresión de esa fragmentación.