El Congreso de El Salvador aprobó el viernes pasado una extensión de dos años para que los fiscales del gobierno “continúen investigando” a las más de 80 mil personas detenidas bajo el estado de emergencia, quienes están presuntamente vinculadas a pandillas. Con un congreso controlado por Bukele, la votación contó con 57 votos a favor y solo 3 en contra, y estuvo liderada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele y sus aliados. Además, el gobierno tendrá la opción de ampliar este período por otros 12 meses si lo considera necesario.
Rodolfo Delgado, procurador general de la República, señaló que esta ampliación permitirá a las autoridades realizar investigaciones más completas, presentar pruebas sólidas y lograr sentencias contra miembros del crimen organizado. Desde la implementación del estado de emergencia, se han detenido más de 88 mil personas por presuntos vínculos con pandillas, y cerca del 90% de ellas aún esperan ser juzgadas.
El estado de emergencia, decretado tras un repunte de violencia pandillera en marzo de 2022, incluyó la suspensión temporal de algunos derechos constitucionales, como el acceso a un abogado y los plazos máximos para presentar a los detenidos ante un juez. Estas medidas extraordinarias fueron solicitadas por Bukele luego de una masacre pandillera y han sido clave para la estrategia de seguridad del gobierno.
Si bien la reducción de la violencia ha incrementado la popularidad del presidente, las suspensiones de derechos y la falta de debido proceso han generado críticas tanto dentro como fuera del país. La decisión del Congreso de extender el plazo se da justo cuando vence el período anterior otorgado en julio de 2023, diseñado para procesar a un grupo de pandilleros, cuyo plazo original culmina el 25 de agosto de este año.
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