Bolivia retorna al financiamiento formal del Fondo Monetario Internacional (FMI) después de más de dos décadas sin un programa. El acuerdo técnico —pendiente de aprobación del Directorio Ejecutivo y de remisión a la Asamblea Legislativa— establece un programa de mil 900 millones de dólares a 36 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo, con metas fiscales exigentes: reducir el déficit del 9% del PIB a cerca del 6% en 2027 y al 3% en 2028. El organismo fundamentó el acuerdo identificando cinco desafíos macroeconómicos: déficits fiscales persistentes, caída de la producción de hidrocarburos, reservas internacionales en descenso, elevada inflación y distorsiones en los mercados cambiario y de productos.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sostuvo que el programa fue diseñado por Bolivia y no implica condiciones impuestas desde el exterior, aunque la trayectoria de la negociación cuenta otra historia, por lo menos en cuanto al monto. El Gobierno primero solicitó cerca de cinco mil millones de dólares, luego proyectó entre dos mil 500 y dos mil 800, y el acuerdo quedó en mil 900 millones. El mecanismo prevé que ese respaldo pueda activar un paquete adicional superior a cinco mil millones del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Desde la Asamblea Legislativa, el vicepresidente Edmand Lara exigió revelar las condiciones del acuerdo antes del tratamiento legislativo: “Endeudarnos más sin explicar cómo se van a devolver esos recursos es como hipotecar el futuro de nuestros hijos”, advirtió, demandando que el Ejecutivo remita al Parlamento la Carta de Intención y el Memorándum de Políticas Económicas suscrito con el Fondo.
El acuerdo llega en una semana en que el tipo de cambio siguió deteriorándose. El dólar cotizó a 11,89 bolivianos por dólar el jueves 30 de julio, con el mercado paralelo prácticamente convergente (11,88 bolivianos para la venta), lo que muestra que el régimen flexible —vigente desde fines de junio, cuando arrancó en 9,73 bolivianos— ha reducido la brecha entre el precio oficial y el informal a costa de una depreciación acumulada de más del 20%.
En paralelo, Carlos Delius, expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, advirtió que el subsidio al combustible persiste y está quebrando a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB): la empresa estatal absorbe entre 700 y mil millones de dólares anuales en subvenciones sin el flujo de caja para sostenerlas, mientras la diferencia entre la gasolina subsidiada (9,80 bolivianos) y la importada por privados (15,40) alimenta un mercado paralelo que YPFB no puede controlar. No obstante, cualquier cambio en la materia tendrá que considerar el ultimátum que la Confederación Sindical de Choferes envió al gobierno: su secretario ejecutivo, Lucio Gómez, anunció que el sector del transporte reanudará medidas de presión una vez concluya el estado de excepción, si el Estado no normaliza el abastecimiento de diésel, ejecuta los proyectos viales prometidos y resuelve pendientes tributarios con la Aduana y el Servicio de Impuestos Nacionales.
