En el marco del cierre del ciclo político-económico 2025, destacaron dos intervenciones centrales: las declaraciones del presidente Yamandú Orsi y el secretario de la presidencia Alejandro Sánchez, a las que se sumaron las declaraciones del economista Gabriel Oddone sobre la estructura impositiva nacional y el aporte que exige la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de los sectores de mayores ingresos.

En su intervención, Orsi repasó el punto de partida de su gobierno: una herencia “ni desastre ni paraíso”, pero con un cuadro “más pesado de lo anunciado”, donde el déficit rondaba el 4% del PIB, existían deudas postergadas en ministerios y empresas públicas, y se habían adelantado ingresos de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) que condicionan 2025. Sumó egresos adicionales por casi 970 millones de dólares y mencionó el embargo en Luxemburgo.

También enfatizó problemas sociales acumulados: la pobreza infantil trepó al 20% en 2024, se registró un récord de personas en situación de calle y el sistema de salud mostraba tensiones extremas, con mutualistas en crisis y un número elevado de juicios contra el Estado. En seguridad, remarcó la combinación de crimen organizado, altos niveles de homicidios y cárceles sobrepobladas. En gestión, detalló la definición de 63 prioridades, la creación de programas como Uruguay Innova y la unificación de becas bajo una misma gobernanza.

Por su parte, Sánchez planteó el 2025 como un año para ordenar, sistematizar y transparentar metas, impulsando el rol de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas como instrumento de control ciudadano.

El tramo final del debate público giró hacia la discusión tributaria, impulsada por las declaraciones de Gabriel Oddone, quien sostuvo que Uruguay debe evaluar un impuesto a los sectores de mayor patrimonio, con el objetivo de fortalecer la progresividad fiscal y responder a necesidades urgentes del Estado. Este planteo reavivó tensiones con el PIT-CNT, que reclama una reforma estructural más profunda, reducción de exoneraciones al capital y una revisión del  Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) para garantizar mayor equidad. Algunos sectores sindicales consideran insuficiente un impuesto acotado a los “más ricos” y demandan un rediseño general del esquema tributario para que el ajuste no recaiga sobre salarios y jubilaciones.