La decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel ha provocado un quiebre en las relaciones con los movimientos sociales y de transporte, lo que ha escalado en protestas y movilizaciones. Desde el 12 de septiembre se registraron paralizaciones parciales del transporte. El gobierno, a través del ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, mantuvo conversaciones con la FENACOTIP y otros gremios de transportistas para negociar compensaciones. No obstante, algunos dirigentes acogieron las propuestas con escepticismo, lo que ha mantenido el clima de descontento. Los intentos por eliminar el subsidio a los combustibles han sido las causas principales de los levantamientos de 2019 y 2022, contra Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente.

Por su parte, la CONAIE y otras organizaciones como la FENOCIN anunciaron un paro nacional de carácter indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio, convocando a sus bases a movilizarse en varias provincias. Ante este escenario, Noboa decretó el estado de excepción y el toque de queda en varias provincias del país, argumentando la necesidad de garantizar la libertad de tránsito. El gobierno nacional también respondió con advertencias de sanciones a quienes bloqueen carreteras, mientras que la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado similar, amenazando con procesar a quienes cometan actos de violencia.

En paralelo a las protestas por el diésel, se llevaron a cabo movilizaciones contra la minería en Cuenca, con una gran marcha en defensa del agua. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, atribuyó esta protesta a la oposición, mientras que las organizaciones sociales reafirmaron su rechazo a los proyectos mineros, como el de Loma Larga.

De esta manera, el gobierno de Noboa consolida procesos de resistencia no sólo en las calles, sino también a nivel institucional. Esto luego de semanas de librar una guerra abierta contra la Corte Constitucional (CC), órgano responsable de habilitar las preguntas para las consultas populares y referendos en el país. Si bien la CC dio paso a algunas de iniciativas de Noboa para convocar a consulta a la ciudadanía, también rechazó las más relevantes en materia de reorganización del poder del Estado.

En este marco, y luego de enviar un nuevo set de preguntas a la CC, el presidente Noboa anunció una nueva pregunta para una consulta popular que busca la instalación de una Asamblea Constituyente, instruyendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) dar inicio al proceso electoral respectivo.

La propuesta del Ejecutivo plantea un órgano con 80 integrantes que funcionaría durante 180 días, con el objetivo de reformar la Carta Magna. Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó emitir una resolución en apoyo a esta medida, mientras que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) anunció el inicio de una acción de inconstitucionalidad para evitar que el CNE avance con la concreción de la consulta. En estricto sentido, el presidente no puede convocar a una Constituyente sin antes tener el visto bueno de la CC.