La Asamblea Nacional aprobó y el presidente Daniel Noboa promulgó la Ley de Transparencia Social, una normativa que busca regular y fiscalizar a las organizaciones sociales y sin fines de lucro en el país. La ley exige que estas organizaciones se registren en una plataforma informática específica y que implementen sistemas de integridad. Este proceso, que se desarrolló a través de un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, fue impulsado por el bloque legislativo oficialista.

La aprobación de esta ley generó un intenso debate político en la Asamblea, con fuertes críticas de la oposición, especialmente del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC). El principal cuestionamiento se centró en la «unidad de materia» de la ley, ya que la normativa incluía reformas tributarias y otros temas que, según los críticos, no guardaban relación con la regulación de las fundaciones.

Pero más allá de sus “formas”, la promulgación de la ley ha desatado una reacción inmediata de los sectores afectados. Los gremios de trabajadores, en particular, han anunciado que están preparando una demanda de inconstitucionalidad contra la normativa, lo que anticipa un nuevo enfrentamiento en el ámbito judicial y político. Esto refleja la persistente tensión entre el gobierno y los movimientos sociales y de trabajadores, que consideran la ley un intento de control y fiscalización excesiva sobre sus actividades.

Esta reacción de la sociedad civil es una respuesta al posicionamiento público de Noboa para legitimar el envío de esta ley, argumentando que las organizaciones sociales están siendo utilizadas por el crimen organizado para desestabilizar el país. Adicionalmente, ha dicho que estas se dedican a “defender delincuentes” en nombre de los Derechos Humanos, lo que evita el avance de la “lucha contra la inseguridad”. De esta forma, Noboa ha dejado claro nuevamente su intención de avanzar en un discurso y gestión de la seguridad a partir de un paradigma securitista.