Cuando el dolor se parece a un país
se parece a mi país. Los
sin nada se envuelven con
un pájaro humilde que
no tiene método.
Un niño raya con la uña
lluvias que no cesan.
Está desnudo en lo que va a venir.
Una ilusión canta a medias
un canto que hace mal.

Juan Gelman¹

El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei inauguró su mandato presidencial con un efusivo discurso de espaldas al Congreso Nacional. Uno de los primeros movimientos del presidente fue traicionar el eje nodal de su campaña: exterminar la casta política. La inserción de figuras políticas (pre)históricas al gabinete para alcanzar gobernabilidad terminó por herir el armado primigenio del movimiento libertario que sufre asiduamente fracturas internas. Sin embargo, la aceptación ciudadana, de acuerdo con varias encuestadoras, continúa otorgándole legitimidad al gobierno a la vez que los indicadores sociales empeoran sostenidamente. Un contrasentido que carece de una respuesta unívoca. La alineación en política exterior, en cambio, no sufrió tropiezos: Estados Unidos e Israel izan bandera en el país sudamericano. Más precisamente, en la Patagonia argentina.

A más de 100 días de la asunción de Milei al poder, se propagaron cientos de líneas de análisis de su primer tramo de mandato. En este texto, se escogió puntualizar en algunas de las acciones políticas llevadas a cabo a fin de proporcionar un cuadro tangible frente a la vorágine que vive la Argentina, lejos del enfoque metafísico de las Fuerzas del Cielo que pregona el presidente: defensa y seguridad versus soberanía argentina; la planificación de un federalismo extorsivo que promueve la desintegración nacional y la miseria planificada; y el torbellino de las tropas web libertarias frente a una oposición descompuesta.

I. Seguridad extranjerizada y pérdida de soberanía

La CIA y el Mossad en el combate al “narcoterrorismo”

Lo que Javier Milei ha denominado “nueva doctrina de política exterior” se centra en los vínculos con Estados Unidos e Israel, tal como expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a principios de abril de este año: “La posición del Presidente, que implica la postura del gobierno argentino, es que efectivamente nuestros aliados van a ser Estados Unidos e Israel, y cada uno de los países que estén en esa línea y propongan civilizaciones modernas, ciudades del futuro, estar alejados de dictadores o de aquellos que se alejen de las buena prácticas que pregonamos”. En materia de seguridad, esto se traduce en una militarización extranjerizada de la Argentina, donde el combate al “narcoterrorismo” fusiona seguridad y defensa, al tiempo que abre la puerta a instancias militares foráneas y vulnera la soberanía nacional, tal como sucede en otros países de la región. Así lo resume la instrucción que Milei dio a su Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para aplicarse en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), según reporta el periodista Raúl Kollman: “Todo el poder a la CIA norteamericana, y, en terrorismo, al Mossad israelí”.²

Desde el inicio de la gestión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, apostaron por insertar el término “narcoterrorismo” para referirse a los grupos del crimen organizado que operan en el territorio y ejecutar una fusión de las carteras en temas de narcotráfico y terrorismo. Se trata de una estrategia con tres objetivos: (I) convertir un problema de seguridad pública en uno de defensa nacional; (II) permitir la militarización de zonas geográficas de interés y legitimar el despliegue de las Fuerzas Armadas ante la población civil; (III) abrir la puerta a potencias extranjeras en el ámbito de la cooperación militar, que puede significar desde la compra de armamento hasta el desembarco de tropas.

La agenda de combate al “narcoterrorismo” se cristalizó a raíz de la intensificación de la inseguridad en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, debido a la proliferación de grupos delictivos en competencia. El gobierno se ha basado en la similitud de los comportamientos violentos de estas organizaciones locales y las acciones de cárteles mexicanos y colombianos para impulsar este término; también tomando como referencia las políticas de “mano dura” y las estrategias al filo o por fuera del Estado de derecho en países como El Salvador. Siguiendo esta línea, Bullrich y Petri anunciaron un paquete legislativo en el que destaca la reforma a la Ley de Seguridad Interior que permitiría a los militares actuar en conflictos violentos vinculados al crimen organizado, actualmente prohibido por las leyes argentinas. Esta iniciativa se tomó tan solo un día después del encuentro en Buenos Aires entre el director de la CIA, William Burns, el Jefe de Gabinete argentino, Nicolás Posse, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori.

La referencia al terrorismo también se ha usado para estrechar el vínculo con Israel: “Al igual que lo hice con Hezbolá, me encuentro abocado, por pedido del señor presidente Milei, a que Hamás sea reconocido como lo que es, un grupo terrorista y una amenaza a la seguridad nacional”,³ sostuvo Petri a comienzos de marzo de este año. También se ha afirmado que la Triple Frontera (entre Argentina, Brasil y Paraguay) es un “epicentro de islamistas radicales ligados a grupos criminales sudamericanos”; de hecho, Paraguay ya ha reconocido al grupo chiíta libanés Hezbolá y al movimiento islamista palestino Hamás como organizaciones terroristas internacionales: una medida que el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció públicamente.

Por otro lado, Milei —quien estaba en proceso de conversión al judaísmo— mostró su apoyo a la expansión israelí confirmando que se trasladaría la Embajada de la Argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual fue parcialmente condenado por la comunidad judía argentina. Hamás respondió declarando que se trata de “una violación de los derechos del pueblo palestino a su tierra y una vulneración de las normas el derecho internacional. Es una decisión injusta que coloca a la Argentina como socio del ocupante sionista”.⁴ Por si fuera poco, a Milei podría salirle el tiro por la culata, pues al validar la ocupación de Israel sobre Jerusalén, un territorio con estatus especial ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), se sienta un peligroso precedente que podría perjudicar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, actualmente reconocido por el organismo internacional.

Puertas abiertas a Estados Unidos; distanciamiento de China

Sin duda, uno de los actos más antipatrióticos de Milei fue el lanzamiento de un centro logístico de cooperación con Estados Unidos en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A lado de la generala Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de Estados Unidos, el mandatario declaró que los argentinos “tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos” mientras sonaba el himno estadounidense y flameaba la bandera de rayas y estrellas en el mástil de la Base Naval Argentina. “Se trata de un gran centro logístico que convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco (Antártida)”, expresó el presidente al anunciar la construcción de una base naval integrada entre ambos países en el único paso interoceánico del continente además del Canal de Panamá.

Milei también sostuvo que “hacer una base militar en Ushuaia nos avala el reclamo sobre la Antártida; el primer paso para empezar a pensar en la recuperación de Malvinas”,⁵ admitiendo así la creación de una nueva base militar que se sumará a las más de 70 que la Organización del Tratado de América del Norte (OTAN) tiene en América Latina y el Caribe. Esta declaración —además de falsificar la historia de la Argentina— es contraria a la legislación nacional que exige de la aprobación del Congreso para el ingreso de tropas extranjeras y prohíbe la instalación de bases militares foráneas. En efecto, el complejo militar más prominente e importante de la región es el de Monte Agradable (Mount Pleasant) en las Islas Malvinas, que significa un enorme dispositivo de control militar aéreo, naval y terrestre que está violando la resolución 41/11 de la ONU que declara el área como zona de paz y cooperación y prohíbe situaciones que promuevan un agravamiento del conflicto.

El acercamiento de Argentina con Estados Unidos se inserta en la competencia global entre la potencia norteamericana y China, con la que Argentina, en consecuencia, marca su distancia. El 3 de abril de este año, la generala Richardson se reunió con Petri, Sívori y la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. Durante la reunión, Richardson alertó sobre la injerencia china en el país sudamericano, advirtiendo que el gobierno chino podría utilizar con fines militares la Estación Espacio Lejano, base de soporte y control del Programa Chino para Exploración de la Luna (CLEP) y de programas de investigación espacial, localizada en Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén. La Embajada de China en la Argentina expresó que la estación es de carácter civil y que ejecuta operaciones abiertas y transparentes de cooperación bilateral. No obstante, Petri aseguró a Richardson que se harían inspecciones en el predio, a pesar de que tal acción constituiría una violación de los acuerdos estipulados entre los países signatarios. En una línea similar, se advirtió al Bigadier Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de actividades de “tráfico ilegal de recursos naturales”, haciendo referencia a la pesca china en el Atlántico Sur.

El distanciamiento de China y de los BRICS+⁶ se observó también en la decisión del gobierno argentino de comprar 24 aviones F-16 a Estados Unidos, rechazando las ofertas hechas por China e India que venían evaluándose desde la administración anterior. Además de que esta adquisición implica un incremento de la deuda en dólares con Estados Unidos, está atravesada por un conflicto que debiera impedir a la Argentina recibir los aviones: aunque son de fabricación estadounidense, tienen componentes británicos, lo cual violaría el veto del Reino Unido que prohíbe la venta de equipamiento militar y/o repuestos ingleses a la Argentina debido a la Cuestión Malvinas. Algunos analistas sugieren que Estados Unidos presionará a Inglaterra para que modifique la sanción; otros, que se reemplazarán los componentes ingleses por partes fabricadas en EE UU.

En la misma línea, cabe mencionar la firma del Memorando de Entendimiento entre la Administración General de Puertos de Argentina y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en torno a la Vía Navegable Troncal, una ruta fluvial por la cual transita el 80% de las exportaciones argentinas —la mayoría con destino a China—. En un desliz que revela el carácter del acuerdo, el Embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, aseveró: “Esta relación es un ejemplo perfecto de cómo nuestros países pueden conectar expertos técnicos para mejorar la gestión de nuestra infraestructura crítica”.⁷

Finalmente, como corolario del alineamiento, el ministro de Defensa presentó la carta de intención que inicia el proceso de incorporación de la Argentina a la OTAN: de efectuarse la solicitud en un futuro próximo, el país se convertiría en la segunda nación latinoamericana en ingresar al tratado del Norte luego de Colombia. Además, el gobierno estadounidense anunció que enviará un fondo no reembolsable de 40 millones de dólares en el marco del Financiamiento Militar Extranjero (FMF), un subsidio que no es otorgado desde 2003 a la Argentina, enfocado en el refuerzo de la seguridad nacional del país, y que permite la compra de artículos de defensa, entrenamiento y servicios de EE. UU. mediante “fondos de asistencia gratuita” para mejorar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses. ⁸

A Malvinas se las recupera con satélites de One Web

El histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas está nuevamente en disputa en la Argentina; más allá de que a nivel discursivo exista cierta línea patriótica en el oficialismo, sobre todo encarnada por la vicepresidenta Victoria Vilarruel, en los hechos la Cancillería está pateando goles en contra. En febrero de este año, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron —ocupando el cargo de primer ministro llevó a cabo el referéndum⁹ propagandístico bajo la pregunta “¿Desea Usted que las Islas Malvinas conserven su estatus actual como un territorio de ultramar del Reino Unido?”, con el objetivo de implantar el principio de autodeterminación de los pueblos cuando es claro que se trata de una población implantada y no de un pueblo subyugado o dominado—, arribó a las islas en un vuelo que salió de Porto Ale­gre (Brasil) para esquivar el territorio continental argentino,¹⁰ advirtiendo que “la soberanía no es objeto de discusión”. La antesala de este viaje fue el encuentro de Cameron con Milei en el Foro de Davos, calificado por el jefe de Estado sudamericano como “excelente”. En lo inmediato (como corresponde en estos casos), no hubo un comunicado oficial del gobierno nacional condenando lo sucedido, —sí de algunas entidades federativas como la provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa—, tan solo un irónico tuit de la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, que le agradeció a Cameron la visita a la Argentina.

Un mes después de la visita de Cameron a las Islas Malvinas, la colonia británica anunció unilateralmente la ampliación de la extensión espacial de las zonas de prohibición de pesca en el Área Marina Protegida (MPA) aumentando su perímetro de 283 mil km2 a 449 mil km2, en la línea más cercana a la Antártida. Esta determinación impacta en las llamadas no takes zones, las cuales funcionan para “protección de la fauna marina” impidiendo el ingreso de barcos pesqueros y de navegación. El quid es que la Argentina amplió su plataforma continental hace cuatro años, con el visto bueno de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas,¹¹ por 1.7 millones de km2, la cual incluye la controversia de soberanía en la plataforma continental correspondiente a las islas del Atlántico Sur. El gobierno argentino se mantuvo en silencio.

Una resolución escurridiza del organismo estatal que regula las telecomunicaciones (Ente Nacional de Comunicaciones) autorizó a las empresas Starlink, Amazon Kuiper y OneWeb a proveer el servicio de internet satelital en territorio argentino. Elon Musk, quien además de intercambiar tuits eróticos con el presidente tuvo un reciente encuentro presencial con Milei en su fábrica de Austin (Texas), se llevó todos los reflectores por esta resolución, dejando para OneWeb apenas referencias. OneWeb fue salvada por el gobierno británico y una compañía india (Barthi Global) cuando estuvo al borde de la quiebra en 2022; al año, hubo una fusión entre OneWeb y Eutelsat (Eutelsat Oneweb)¹², en la cual la administración de Reino Unido conservó el 10 por ciento del capital accionario: en los enclaves coloniales de las Islas Malvinas, Asunción y Santa Elena suministra el servicio. El rescate financiero realizado por el gobierno británico persigue la finalidad de asegurar la autonomía estratégica (post Brexit, el país perdió la membresía del sistema europeo de navegación por satélite: Galileo) en el manejo de las telecomunicaciones pudiendo ofrecer el servicio a otros estados y empresas. Solo imaginar un satélite de ARSAT¹³ por los cielos de Londres o Birmingham resulta absurdo, mucho más aún si las capacidades que ofrece la empresa (de acuerdo con su página web oficial) están dirigidas al uso militar de las telecomunicaciones.

Libertad, pero para las sociedades comerciales extranjeras

Siguiendo la línea de extranjerización, la administración de Milei soltó la rienda a las entidades comerciales extranjeras y eliminó importantes controles públicos sobre su actuación en territorio argentino. Bajo el argumento de que se incentiva la inversión extranjera, la Inspección General de Justicia (IGJ) emitió en marzo una serie de resoluciones que modifican el régimen de sociedades constituidas en el extranjero,¹⁴ flexibilizando y desregulando las condiciones de operación de entidades comerciales extranjeras, sociedades off-shore y sociedades “vehículo”, constituidas y controladas desde el extranjero para fungir como canales de inversión. Se trata de resoluciones que derogan obligaciones fiscales y eliminan mecanismos de transparencia y control público necesarios para combatir la evasión fiscal, el fraude y el lavado de dinero.

Entre las medidas desregulatorias destacan: 1) la eliminación de restricciones a las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) —a pesar de que el anterior equipo de la IGJ advirtió que este tipo de sociedades se utiliza para evasión de impuestos, fuga de capitales y lavado de dinero vinculado al narcotráfico—; 2) la derogación de las obligaciones de presentar planes de inversión e informar sobre el contenido de sus asambleas; 3) la reducción de exigencias de cumplimiento del Régimen Informativo Anual, y; 4) la autorización de inscripción en cualquier jurisdicción, lo cual permite que un mismo grupo empresarial registre múltiples sociedades vehículo. De esta manera, la IGJ renuncia a muchas de sus funciones esenciales como órgano de control de sociedades extranjeras y pone en marcha el plan de convertir a la Argentina en un paraíso fiscal.

II. Milei contra Argentina: la concentración coercitiva y persecutoria del poder y sus consecuencias

Federalismo extorsivo y provincias en resistencia

El Gobierno de Milei ha presionado a los Gobiernos de las entidades federativas para que apoyen sus proyectos a través del recorte de las transferencias de fondos, una estrategia que bien puede considerarse extorsión. Esta medida ha desatado una catarata de presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia por parte de los gobernadores de La Rioja, Chubut, Chaco, La Pampa y Misiones. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó el modus operandi de Milei como un auténtico robo de los recursos que por ley corresponden a las provincias¹⁵ y alertó sobre la disgregación nacional que el mandatario busca imponer a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

Más allá de los gobiernos locales, víctimas directas de estos recortes son los jubilados, docentes, trabajadores estatales y demás sectores que dependen del presupuesto local. Los efectos serán particularmente severos en provincias con altos niveles de desigualdad y poblaciones vulnerables, como Buenos Aires, la jurisdicción más desigual y compleja del país. Así pues, la Argentina en crisis que votó a Milei y que todavía, según las encuestas, tiene un importante respaldo social, enfrentará una ola de miseria que ya ha ido creciendo en estos meses: el nivel de pobreza en el país aumentó de 44.7% a 57.4% del último trimestre de 2023 a febrero de 2024.¹⁶ El superávit fiscal, logrado mediante estos recortes extorsivos de transferencias federales, pesa sobre los 27 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Nada indica hoy que el gobierno de Milei vaya a alcanzar el objetivo de aliviar la economía de los argentinos para el segundo semestre de su administración.

Los ajustes también están teniendo consecuencias políticas graves para la federación argentina. Ante la falta de recursos, y oponiéndose a medidas incluidas en la Ley Ómnibus¹⁷ y el Decreto de Necesidad y Urgencia, en febrero de 2024 los gobernadores patagónicos de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto y, posteriormente, de Santa Cruz, Claudio Vidal, unieron fuerzas y conformaron la Liga de Gobernadores Patagónicos, un relanzamiento de la Liga Patagónica de 1996. El objetivo de la Liga es conformar un bloque regional para hacer frente a las iniciativas del Gobierno Nacional y defender los intereses de la Patagonia. Los integrantes pertenecen a distintos partidos provinciales y representan una oposición multipartidista que no está cerrada al diálogo con el Ejecutivo nacional. El curso que vaya a tomar esta plataforma será de relevancia significativa; si Milei logra neutralizar a los gobernadores patagónicos, el camino de entrega del país será mucho más llano.

Por otro lado, el gobernador Melella hizo un llamado al Congreso: “Le pedimos al Congreso que no avance nada sin el trabajo de las provincias y de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos”. Y es que, además de la acción unificada, la Liga tiene un peso político importante por los recursos mineros, hidrocarburíferos e ictícolas de la región, mismos que los gobernadores pueden ponderar en sus negociaciones y acciones políticas. Esto se vio recientemente: durante los momentos más álgidos de las tensiones con el Gobierno Nacional, los gobernadores de la Liga presentaron un documento titulado “Provincias Unidas del Sur”, acusando al Gobierno Nacional de tomar represalias contra el gobernador de Chubut por negarse a aprobar la Ley Ómnibus y advirtiendo que esta provincia respondería a la retención de 13 mil millones de pesos cortando el suministro de gas y petróleo. Aunque esa medida no se llevó a cabo, sí colocó a la Liga en una posición de diálogo y negociación más favorable.

Un poder nacional extorsivo, intransigente e incapaz de fungir como centro de integración federal fomenta la fragmentación política de la Argentina. Esta disgregación podría conducir en el mediano plazo a dos tendencias igualmente dañinas para la nación: por un lado, las provincias, ya sea de manera individual o en bloques políticos, pueden seguir tendencias autonomistas y buscar la toma unilateral de decisiones de relevancia nacional —por ejemplo, en materia energética y de infraestructura, como se vio en la iniciativa de crear una nueva empresa energética estatal para la región patagónica—. Por otro lado, el gobierno nacional bien podría profundizar su actitud coercitiva para combatir lo anterior y hacer cuanto estuviese en su poder para arrebatar a las provincias argentinas su histórica y legal independencia. En cualquier caso, se trata de un horizonte de fractura nacional.

Brigadas digitales y persecución mediática: la crisis de la militancia frente a las tropas trolls

El equipo presidencial ha apostado por combatir a la oposición mediante una guerra mediática de desprestigio y amenaza, no sólo contra “los zurdos de mierda” —expresión que usa Milei—, sino contra cualquiera que obstaculice la agenda del mandatario o polemice con su discurso. Para ello se utilizan brigadas digitales automatizadas de bots y trolls desarrolladas y controladas por asesores e impulsores que llevan estas tareas desde la campaña de Milei.

Las milicias digitales se han dirigido contra objetivos diversos, desde la popular cantante Mariana “Lali” Espósito hasta la misma vicepresidenta, Victoria Villarruel. Asimismo, legisladores de la provincia de Chubut, tras negarse a aprobar proyectos legislativos oficialistas, fueron víctimas de un agresivo trolleo. La senadora local Edith Terenzi fue amenazada de muerte: “Cuídate porque te vamos a liquidar, cuando salgas a la calle te vamos a matar.” El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, denunció reiteradamente la campaña de persecución mediática. Incluso Villarruel fue víctima de las brigadas digitales por redes sociales después de que incluyera la discusión del Decreto de Necesidad y Urgencia de Milei en una sesión especial del Senado, lo cual resultó en el rechazo legislativo de dicho Decreto. Entre los muchos ataques, se propagó el “hay que colgarla en la plaza”. Este tipo de amenazas, posteriores al intento de asesinato de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner gestado en la virtualidad, debería prender ciertas alarmas en el aparato institucional que, por el momento —en sintonía con la pereza o connivencia del aparato judicial—, no tienen ningún tipo de resonancia.

¿Quién mueve los hilos de estas milicias digitales? Por una parte, está Fernando Cerimedo, artífice de la campaña electoral de Milei en redes sociales y, en simultáneo, uno de sus principales aportantes: de acuerdo con fuentes oficiales, destinó 28 millones de pesos (28 mil dólares) a las arcas libertarias. Es dueño de la agencia de marketing digital y desarrollo web denominada Grupo Numen y, según él mismo declara, cobra entre 50 mil y 100 mil dólares mensuales por consultoría política. Cerimedo, amigo de la familia Bolsonaro, está implicado en una causa judicial por el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia en 2023. Según la justicia brasileña, Cerimedo construyó “milicias digitales” para difundir acusaciones falsas de que la elección presidencial de 2022 fue fraudulenta y para instigar a los partidarios de Bolsonaro al ataque y así evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.¹⁸ A su vez, en Chile, asesoró la campaña contra el nuevo texto constitucional; y en la Argentina también ha prestado sus servicios a Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

En plena campaña electoral argentina, Cerimedo defendió la construcción de milicias artificiales de trolls, detallando cómo funcionan:

La gente tiene que saber que funcionan los trolls y que no todo es malo. Se trata de un servicio que todos los políticos quieren tener y pagan por eso. Pero hoy no ofrecemos granjas de trolls. Es otro concepto. Creamos cuentas con inteligencia artificial que tengan cierto volumen, cierta credibilidad, para después utilizarlas en una estrategia definida, con distintos contenidos y que tengan influencia. Tienen que ser usuarios lo más cercanos posibles a lo real. Automatizamos los procesos de ejecución, pero las cuentas las creamos manualmente.¹⁹

Cerimedo afirmó contar con unas 50,000 cuentas artificiales de este tipo para monitorear e influir en las conversaciones por redes sociales. Cabe mencionar que el empresario también es dueño del Madero Media Group, que incluye una docena de medios de comunicación, en la cual figura Juan Agustín Carrasco, actual director de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación. Carrasco fue miembro activo del Club de los Viernes, organización creada en España en el marco del partido Vox y que funcionó en los últimos años como órgano de difusión transnacional de las ideas liberales/libertarias a través de la red social X.

Por otro lado, está Santiago Caputo, sobrino del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y denominado “arquitecto de la victoria” por Javier Milei, con quien ha consolidado un vínculo personal y profesional desde 2021. Caputo es un consultor que ha asesorado a políticos y empresas en Chile, Uruguay, Paraguay y El Salvador. Hoy funge como asesor presidencial y está consolidando el equipo de campaña para las elecciones de medio término del próximo año. Según una periodista acreditada en la Casa Rosada, Caputo pasa horas en la sede del Poder Ejecutivo, donde el presidente y él “piensan juntos” en torno al “proyecto liberal”.²⁰ El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acusó a Caputo de manejar un ejército de trolls en redes sociales. Según declaró, el funcionario lo amenazó diciendo: “Vamos a sacar todos los tanques a las redes”, intimidando con su poder de manipulación mediática en el marco del conflicto entre el gobierno nacional y las provincias patagónicas.

III. Reflexiones finales: retos y posibles escenarios

Durante los primeros meses de gobierno, Javier Milei ha ido en contra de dos principios básicos de la doctrina libertaria que tan enfáticamente dice defender. Milton Friedman, Nobel libertario de la Universidad de Chicago y autor de Capitalismo y Libertad, sostiene que todo gobierno debe cumplir con dos preceptos: primero, debe ser “su función principal la protección de nuestra libertad respecto de los enemigos que se hallan del otro lado de nuestras fronteras”, y segundo, debe evitar la centralización del poder y la consiguiente imposición desde el gobierno federal, que amenaza a la libertad. Pues bien, Milei ha seguido un camino opuesto a estos preceptos: su estrategia de seguridad ha consistido en una serie de antipatrióticos actos de bienvenida a fuerzas extranjeras por encima de la ley y en detrimento de la soberanía argentina; ha impulsado la libertad para las empresas y sociedades foráneas en territorio argentino, mientras desarma los mecanismos institucionales que velan por el interés público de la nación; su lealtad con Estados Unidos e Israel le ha llevado a guardar silencio ante flagrantes ofensivas en contra de su soberanía, como evidencian las acciones y silencios en torno a la Causa de Malvinas.

Milei también desoyó la advertencia de Friedman sobre la centralización impositiva del poder y ha utilizado el Estado nacional para coaccionar y sojuzgar a las provincias en lo que se ha denominado “federalismo extorsivo”. Este ataque a la histórica y constitucional autonomía de los gobiernos locales argentinos activa y enfrenta tendencias centrífugas de fragmentación autonomista y una necia fuerza centrípeta con la que Milei pretende imponer su voluntad a la nación. Esta voluntad de dominación política también se ha ejercido por fuera de las instituciones del Estado en el ámbito de los medios digitales, que ha demostrado ser crucial en la política contemporánea. Ahí se han levantado auténticos ejércitos autómatas que vigilan y manipulan la información pública, que se utilizan para amenazar y controlar, y que ya han probado ser capaces de instigar a la violencia colectiva.

Lo verdaderamente grave no es, por supuesto, la contradicción entre la palabrería del presidente y su gestión, sino las múltiples consecuencias que acarrea para la población argentina. Según las encuestas, Milei todavía goza de una aprobación popular de entre el 43 y el 49%, mientras que los indicadores socioeconómicos siguen deteriorándose, apuntando a una crisis de miseria planificada²¹. Falta más de un año para los comicios legislativos, sin embargo, al menos dos escenarios se vislumbran posibles: (I) una mejoría en los índices macroeconómicos que le proporcione al oficialismo un espaldarazo y habilite la construcción de ciertos consensos en el Congreso aumentando notoriamente el margen de gobernabilidad; (II) la agudización de la crisis social devenida en expresiones implosivas que aceleren una síntesis en el peronismo y, en consecuencia, la fuerza renueve el ideario de que es la única alternativa competitiva para el 2027.

El presidente argentino ya está vitoreando una aplastante victoria en la contienda de medio término que le permitirá avanzar con su plan de gobierno, en un plausible pacto político con el partido —Propuesta Republicana (PRO)— de Mauricio Macri; mientras tanto, no queda claro cómo se reorganizará el peronismo y cuál será el papel de sus principales referentes. Cristina Fernández de Kirchner reapareció el último fin de semana de abril en un acto multitudinario en Quilmes; Juan Grabois, dirigente cercano al Papa Francisco, adelantó que encabezará la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires con el aval del gobernador Axel Kicillof, quien también se encamina a ser uno de los principales referentes de la oposición. Al respecto, Grabois afirmó que “nuestra responsabilidad es organizar la bronca y construir la alternativa”, conociendo “la crisis de conducción en nuestro campo político”. En este sentido, sería correcto pensar en una reconfiguración de la oposición ya no en torno al interrogante de por qué ganó Milei, sino alrededor de cómo construir un proyecto de país que pueda ser considerado por el pueblo argentino como una alternativa y una perspectiva de esperanza para el futuro.

En una reflexión final sobre lo venidero, resulta insoslayable la marcha federal universitaria en defensa de la educación pública del 23 de abril. Gestada en el seno del movimiento estudiantil frente a la falta de presupuesto y la posibilidad de arancelar los estudios, se volcaron a las calles de todo el país cientos de miles de personas. La congregación más multitudinaria fue en la Ciudad de Buenos Aires, en la que se reunieron más de 500 mil manifestantes —adhirieron al reclamo los sindicatos, un amplio arco de partidos políticos y asociaciones civiles— a fin de marcar un límite al modelo anarcocapitalista propuesto por el gobierno y reivindicar una bandera de conciencia histórica nacional de la Argentina. Esta demanda expresó la apertura de una vía de esperanza y la vigencia de consensos básicos en la sociedad argentina que pueden ser el basamento de una articulación política frente al ajuste.