La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, lo que abre la puerta para que Nayib Bukele continúe en el poder más allá de su actual mandato. La medida, respaldada por 57 de los 60 diputados, extiende el período presidencial de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta electoral y adelanta las elecciones presidenciales a 2027 para que coincidan con las legislativas y locales.

Entre los argumentos a favor, el oficialismo sostiene que esta reforma “iguala las condiciones” de elección del presidente con otros cargos de elección popular que no tienen límites de mandato. Según la diputada Ana Figueroa, la ampliación del período presidencial busca generar “mayor estabilidad” y “seguridad política y jurídica”, además de reducir costos electorales. El propio Bukele ha defendido que la reelección indefinida es una práctica común en países desarrollados con sistemas parlamentarios y que las críticas se deben más a prejuicios hacia un país “pequeño y pobre” que decide actuar con soberanía.

En el plano interno, sus simpatizantes argumentan que Bukele ha logrado una transformación en la seguridad pública sin precedentes. La “guerra” contra las pandillas iniciada en 2022 redujo los homicidios a niveles más bajos que los de Canadá, según datos oficiales, y ha devuelto a muchos salvadoreños la posibilidad de caminar sin miedo, abrir negocios sin pagar extorsiones y permitir que los niños jueguen en la calle. Para estos sectores, impedir su continuidad pondría en riesgo los avances alcanzados en materia de seguridad.

Sin embargo, la reforma también ha generado fuertes críticas. La oposición política y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch la consideran un “golpe mortal” a la democracia, al suprimir uno de los principales límites al poder presidencial. Señalan que la concentración de poder en manos de Bukele, sumada al debilitamiento de la independencia judicial y a denuncias de represión contra periodistas y opositores, refleja un patrón común en regímenes autoritarios de la región. La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, aseguró que con esta decisión “murió la democracia” en El Salvador.

A nivel internacional, las posturas también están divididas. Mientras la administración de Donald Trump respalda la decisión, afirmando que es competencia exclusiva de los salvadoreños definir su sistema de gobierno, gobiernos y organismos internacionales advierten que la reelección indefinida ha derivado en “dictaduras” en otros países latinoamericanos. La reforma constitucional en El Salvador se da semanas después de que Bukele haya pactado con la administración Trump el envío compulsivo de migrantes a la mega cárcel CECOT, denunciada como centro de detención ilegal y de abusos contra los derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido en 2021 que la erosión paulatina de las salvaguardas democráticas representa un riesgo mayor que un golpe de Estado abrupto. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. El debate, por tanto, se centra en si permitir a un presidente seguir gobernando mientras conserve respaldo popular fortalece la democracia al respetar la voluntad ciudadana, o si, por el contrario, abre la puerta a abusos de poder que con el tiempo limiten las libertades y el pluralismo político.

Lectura recomendada:

«Cronología del pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas» en El Faro