El conflicto social en Bolivia ingresó a su sexta semana consecutiva de parálisis generalizada, acumulando 43 jornadas. De acuerdo con el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se registraron aproximadamente 85 puntos de bloqueo activos en el país. Lejos de replegarse, los sectores movilizados han consolidado su control territorial, llegando al punto de establecer un sistema propio de permisos y peajes para regular el ingreso de recursos de apoyo y suministros logísticos en zonas bloqueadas. El descontento de la sociedad civil ajena a las movilizaciones, sin embargo, también se ha organizado de forma colectiva; sectores de comerciantes, productores agropecuarios y artesanos salieron a las calles para exigir el cese inmediato de los cortes de ruta que afectan a la economía.
El foco más crítico de violencia de estas últimas jornadas de protesta se concentró en la localidad de San Julián, donde un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad del Estado fue resistido por manifestantes locales. Durante las jornadas de enfrentamiento se registraron disparos con armas de fuego por parte de los comuneros, lo que resultó en un saldo de policías heridos, dos de ellos por impacto de bala y uno ingresado en unidades de terapia intensiva. La escalada incluyó el incendio intencional de un puesto policial por parte de los pobladores, forzando el repliegue de los efectivos, e incluso la difusión de amenazas abiertas por parte de grupos armados en contra de las familias de los policías y militares destacados en dicha región.
Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) denunció que el gobierno nacional ejecuta una “cacería humana” contra la dirigencia social, acusación que tomó fuerza tras la aprehensión del líder de los Ponchos Rojos, Bernabé Gutiérrez, y la posterior detención del dirigente Vicente Salazar. La Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari calificó estos hechos como un claro abuso policial, exigiendo el esclarecimiento inmediato de su captura. Finalmente, el vocero presidencial confirmó que Salazar fue liberado.
En paralelo al asedio a las dirigencias, las delegaciones de la COB y sectores agrarios marcharon hacia el centro de La Paz para reforzar los bloqueos. Durante su avance, los manifestantes entonaron consignas que hicieron referencia a una “guerra civil”. En paralelo, el ex presidente Evo Morales encabezó marchas de protesta en el Trópico de Cochabamba, donde delineó los objetivos últimos de la movilización al declarar de manera taxativa que “solo se cumplirán nuestras demandas cuando estemos en el poder”. Morales afirmó públicamente que diversas unidades militares en La Paz se encontraban rodeadas, lo que fue refrendado posteriormente por las autoridades. No obstante, frente a un escenario de desgaste prolongado, Mario Argollo, líder de la COB, optó por descentralizar las decisiones, comunicando que la continuidad o suspensión de los cortes viales queda enteramente “en manos de las bases”.
En este marco, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley de Regulación de Estados de Excepción, previamente aprobada por la Asamblea Legislativa. En un mensaje directo a las Fuerzas Armadas, Paz manifestó que al contar con el aval explícito del Parlamento, las instituciones militares asumían formalmente la responsabilidad de “cuidar nuestro futuro”. No obstante, la aplicación efectiva de esta norma requiere de un proceso legal. Se necesitan dos etapas para su puesta en marcha. Primero, el presidente Paz debe emitir un decreto supremo que declare el estado de excepción. Luego, dicho decreto debe remitirse a la Asamblea para que, en un plazo de 72 horas, se pronuncie al respecto.
Sin apelar aún a la normativa recientemente aprobada, la narrativa oficial del Ejecutivo se ha enfocado en la denuncia internacional y la contención de daños. El ministro de Gobierno, Eduardo Oviedo, acusó formalmente a la oposición sindical y campesina de articular un “intento de golpe de Estado financiado por el narcoterrorismo”, denunciando de manera particular que Evo Morales fue el responsable de cercar los cuarteles del Ejército boliviano. Sin embargo, y pese al tono de las acusaciones, el Poder Ejecutivo ratificó textualmente que su prioridad máxima consiste en “restablecer el orden en el país sin muertes”.
La inacción del Poder Ejecutivo posterior a la promulgación de la ley ha desatado una ola de cuestionamientos desde la oposición de derecha. El bloque parlamentario Libre presentó una solicitud formal de interpelación legislativa en contra del ministro Oviedo, acusando a su cartera de una “alarmante” pasividad frente a la situación que atraviesa el país. Desde la bancada opositora se instó directamente al presidente Rodrigo Paz a abandonar la “ambigüedad institucional” y definir de manera inmediata un rumbo de acción exclusivo entre dos únicas alternativas viables: la reinstalación formal del diálogo político o el despliegue inmediato del estado de excepción.
Por su parte, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga acusó abiertamente al primer mandatario de “faltar a su palabra” con respecto a las medidas de emergencia, recordando que fue el propio Ejecutivo quien solicitó e insistió al Parlamento en la dotación de dicha herramienta legal para contener las protestas. En respuesta a las críticas de Quiroga, voceros de la Presidencia salieron al cruce recordando la experiencia histórica del estado de sitio implementado durante el año 2000 por administraciones precedentes, asegurando que el gobierno actual no repetirá ese tipo de intervenciones.
Mientras los poderes públicos y las fuerzas políticas de derecha debaten los términos de la coerción, sectores organizados de la sociedad civil paceña han anunciado la convocatoria de una marcha con el objetivo explícito de exigir al Ejecutivo la inmediata implementación del estado de excepción para garantizar la libre transitabilidad urbana. Frente a esta tendencia de polarización civil, en un comunicado conjunto de urgencia, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo lanzaron un vehemente llamado público dirigido a todas las fuerzas en pugna para entablar un “pacto social por la paz y la reconciliación”, intentando evitar que el conflicto degenere en un enfrentamiento generalizado.
