El diputado federal del Partido de los Trabajadores por Rio de Janeiro (PT-RJ), Lindbergh Farias, líder del gobierno en la Cámara, presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una representación criminal contra Jair Bolsonaro, su esposa Michelle y sus hijos Eduardo y Carlos, por presuntos delitos de lavado de dinero, organización criminal y fraude procesal. La acusación se sustenta en un Relatorio de Inteligencia Financiera (RIF) del Consejo de Control de Actividades Fiscales (COAF), que detectó movimientos financieros inusuales e incompatibles con los ingresos declarados por el expresidente. Según el informe, Bolsonaro habría movilizado más de 30 millones de reales entre marzo de 2023 y febrero de 2024, además de transferencias que superan los 22 millones de reales a su familia, lo que refuerza las sospechas de blindaje patrimonial.
Las transferencias identificadas alcanzan cifras significativas: Michelle Bolsonaro habría recibido 2 millones de reales, Eduardo Bolsonaro alrededor de 2,1 millones y Carlos Bolsonaro cerca de 4,8 millones. De acuerdo con las investigaciones, en el caso de Michelle, el dinero tendría como objetivo evadir posibles bloqueos judiciales, lo que sugiere un mecanismo de ocultamiento de bienes. La representación sostiene que estas operaciones financieras presentan indicios claros de ocultación del origen real de los recursos, configurando un posible esquema de lavado de dinero en el ámbito familiar, con distribución de tareas entre sus miembros para dificultar la acción de la justicia.
El pedido de Lindbergh Farias solicita al STF la quiebra de los sigilos bancario, fiscal y telemático de los involucrados, además del bloqueo y secuestro de bienes, así como una pericia contable y financiera para rastrear el patrimonio oculto. El documento presentado al ministro Alexandre de Moraes plantea que Michelle, Eduardo y Carlos Bolsonaro actuaron como coautores al poner sus cuentas a disposición de los esquemas. En este marco, la denuncia describe un esquema familiar estructurado, cuyo propósito habría sido ocultar patrimonio, burlar restricciones judiciales y proteger al expresidente frente a las investigaciones en curso.
