El Fondo Monetario Internacional  (FMI) advirtió el pasado viernes 24 de abril sobre los efectos de la prolongada tensión entre Ecuador y Colombia en el marco de su informe de abril sobre la evolución del programa vigente con el país. El organismo señaló que los desacuerdos en materia de seguridad derivaron en restricciones comerciales recíprocas desde comienzos de 2026, con incrementos progresivos en los aranceles aplicados por Quito —del 30% inicial al 50% y con previsión de alcanzar el 100% desde el 1 de mayo— y medidas de respuesta por parte de Bogotá, afectando el comercio bilateral. En paralelo, esta semana el presidente Gustavo Petro acusó a su par Daniel Noboa de sostener una narrativa hostil hacia Colombia y rechazó los señalamientos que lo vinculan con estructuras criminales, en un nuevo episodio de deterioro del vínculo político entre ambos gobiernos.

El informe del FMI subraya que estas fricciones ya han tenido efectos sobre la actividad económica transfronteriza, al reducir los flujos comerciales y encarecer las importaciones, en un vínculo en el que Colombia representa el 6,2% del total de las importaciones ecuatorianas y absorbe el 2,4% de sus exportaciones. En este contexto, el FMI advierte que la persistencia de estas tensiones podría profundizar el impacto negativo sobre el crecimiento, en particular en las regiones fronterizas y en sectores dependientes del intercambio bilateral.

En el plano energético, la crisis bilateral prolongó sus efectos sobre el sistema eléctrico ecuatoriano. El 22 de abril, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, advirtió durante el Bloomberg BNEF Summit en Nueva York que cerca de un millón de familias ecuatorianas podrían enfrentar escasez eléctrica como consecuencia de la decisión política de Quito de rechazar el suministro colombiano, cuya oferta —señaló— permanece vigente.

La evaluación del Fondo Monetario Internacional refuerza esta advertencia al incorporar el riesgo energético derivado de la interrupción del intercambio eléctrico entre ambos países como un factor de vulnerabilidad macroeconómica. En ese contexto, el 20 de abril el presidente Daniel Noboa anunció un alivio en las planillas de luz para compensar a los hogares afectados por los cortes registrados durante la ola de calor de abril, medida cuyo impacto fiscal la ministra de Economía, Sariha Moya, estimó entre 20 y 30 millones de dólares. Más allá de estos riesgos, el organismo aprobó el 22 de abril un desembolso de 394 millones de dólares tras la quinta revisión del acuerdo vigente, señal de continuidad del programa económico y de respaldo a la agenda de reformas. La evolución de la crisis evidencia así un desplazamiento progresivo desde el plano de la seguridad hacia el comercial y, posteriormente, hacia el energético, ampliando el alcance y la profundidad del conflicto.