La escalada entre Washington y Caracas se aceleró esta semana cuando el presidente Donald Trump ordenó una “blockade” —en sus términos, “total y completa”— sobre todos los petroleros bajo sanción que entren o salgan de Venezuela, apuntando directamente a la principal fuente de ingresos del país sudamericano. El alcance práctico todavía es incierto (cómo se aplicaría y con qué autoridad operativa), pero la medida llegó acompañada de un despliegue regional más robusto: miles de tropas y casi una docena de buques, incluyendo un portaaviones, fueron movidos al teatro caribeño. Sin embargo, los mercados mantuvieron estabilidad ante la posibilidad de menor oferta venezolana.

En paralelo, Trump endureció el mensaje en entrevistas: en una conversación telefónica con NBC News, dijo que no descarta una guerra con Venezuela y anticipó nuevas incautaciones de petroleros cerca de aguas venezolanas, tras la captura de un buque sancionado la semana anterior. En ese marco, lanzó una advertencia operativa: cualquier barco que “navegue por ahí” podría terminar redirigido a un puerto estadounidense, y evitó precisar si su objetivo final es remover a Maduro, limitándose a insinuar que el líder venezolano “sabe exactamente” lo que Washington busca.

Del lado venezolano, el efecto inmediato fue una combinación de exportaciones frenadas y reacomodamientos para esquivar el cerco: Caracas autorizó la salida hacia China de dos supertanqueros no sancionados, en un contexto donde muchos buques cargados quedaron a la espera por temor a nuevas acciones de interdicción. La industria opera además bajo tensiones: PDVSA retomó cargas luego de un ciberataque, pero gran parte de los embarques siguió condicionada por la amenaza de bloqueo; el gobierno venezolano calificó la medida como una “amenaza grotesca”, mientras Maduro volvió a acusar a EE. UU. de buscar controlar las reservas petroleras del país.