La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada el pasado viernes 19 de junio luego de que se escuchara una explosión mientras realizaba una gira en la localidad de Las Crucitas, en el norte del país. La mandataria inspeccionaba los daños ambientales ocasionados por la minería ilegal de oro cuando el incidente obligó a su equipo de seguridad a retirarla del lugar como medida preventiva.
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, informó que las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen de la explosión y realizaron un operativo de rastreo en el área. El incidente generó un intenso debate público, luego de que diversos sectores de la oposición pusieran en duda la veracidad de lo ocurrido.
Esto llevó a Campos a ofrecer una conferencia de prensa el 25 de junio, en la que aseguró que no se trató de “ningún show”. Las detonaciones fueron atribuidas preliminarmente a bombas de ruido utilizadas durante festividades. Sin embargo, las autoridades aún no han podido determinar con certeza si ocurrieron en territorio costarricense o nicaragüense.
La visita presidencial tuvo como objetivo constatar el impacto ambiental provocado por la extracción ilegal de oro en Las Crucitas, una región cercana a la frontera con Nicaragua que desde hace años enfrenta una crisis marcada por la minería clandestina, la presencia de grupos vinculados al crimen organizado y problemas de control territorial.
El Gobierno impulsa actualmente en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro mediante concesiones reguladas a empresas privadas. Según el oficialismo, una explotación legal permitiría reducir el daño ambiental ocasionado por la minería ilegal, disminuir la presencia de organizaciones criminales y generar ingresos para el Estado y las comunidades locales mediante el pago de regalías.
Mientras tanto, sectores políticos de la oposición, como el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), se han manifestado en contra de la iniciativa impulsada por el Gobierno para reactivar la minería en Las Crucitas. Por su parte, diversos actores sociales, entre ellos la Universidad de Costa Rica, rechazan la reactivación de la explotación minera en la zona por sus posibles impactos ambientales.
El conflicto en Las Crucitas se remonta a la cancelación definitiva del proyecto de minería a cielo abierto que pretendía desarrollar la empresa canadiense Infinito Gold. En 2010, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló los permisos ambientales, la concesión minera y las autorizaciones para modificar el uso del suelo.
Tras el abandono del yacimiento, miles de mineros ilegales, conocidos como coligalleros y en su mayoría de origen extranjero, ocuparon la zona para extraer oro de forma artesanal utilizando sustancias altamente contaminantes, como mercurio y cianuro, lo que ha provocado una severa degradación ambiental.
Además del impacto ecológico, la situación representa un desafío para la seguridad nacional. El Gobierno sostiene que los grupos dedicados a la minería ilegal mantienen vínculos con redes de crimen organizado y contrabando, y que en varias ocasiones se han enfrentado con la policía utilizando armas de fuego. Las autoridades consideran insuficiente el contingente policial destinado a resguardar el territorio afectado.
La ubicación estratégica de Las Crucitas, a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua, también ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. Aunque existen mesas de diálogo binacionales para coordinar operativos de seguridad y frenar el tráfico de personas y de mercurio, Costa Rica denuncia que el oro extraído ilegalmente cruza la frontera y es procesado en el campamento de Las Cruces, dentro del lote minero La Guinea, concesionado a la empresa Thomas Metal S.A., de capital chino y registrada en Nicaragua.
De acuerdo con el Gobierno costarricense, el Estado destina alrededor de un millón de dólares mensuales para proteger la zona, mientras que la minería ilegal extraería aproximadamente 250 millones de dólares en oro cada año.
