El 29 de abril, el presidente Noboa firmó un decreto mediante el cual se extendió la vigencia del toque de queda nocturno hasta el 18 de mayo en nueve provincias —Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos— y se sumó a cuatro cantones adicionales considerados de alta concentración delictiva. La medida, que restringe la libre movilidad entre las 23:00 y las 05:00, habilita además a la fuerza pública para realizar allanamientos sin orden judicial durante ese período. El decreto se sustenta en un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que registra 2 mil 509 homicidios a escala nacional entre enero y abril de 2026, con la provincia de Guayas como epicentro con mil 98 casos, equivalentes al 43,8% del total nacional.
La medida genera una tensión evidente entre la agenda de seguridad y la actividad económica. El sector empresarial alertó sobre el impacto del toque de queda: Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, señaló que el 73% de las empresas con actividad nocturna reporta caídas de hasta el 40% en sus ventas, mientras que aquellas con operación exclusivamente nocturna registran reducciones de entre el 70% y el 80%. El ministro del Interior, John Reimberg, descartó cualquier excepción para el sector productivo, rechazando propuestas como salvoconductos o corredores logísticos, pese a los reiterados llamados del sector privado a establecer un diálogo que permita compatibilizar seguridad y actividad económica.
El nuevo toque de queda plantea además interrogantes sobre la sostenibilidad y eficacia de una estrategia que recurre de manera reiterada a medidas de excepción. El gobierno sostiene que estas herramientas son indispensables para recuperar el control territorial en zonas donde la presencia del crimen organizado ha desplazado a las instituciones del Estado. Desde la oposición y sectores de la sociedad civil se señala, en cambio, que la acumulación de estas medidas sin resultados verificables en la reducción efectiva de la violencia expone los límites de un enfoque centrado en la restricción de movilidad.
