El gobierno de la presidenta Dina Boluarte enfrenta una de sus mayores crisis a raíz de la revelación de una serie de audios que involucran a dos funcionarios clave: Juan José Santiváñez (Ministro de Justicia) y Eduardo Arana (Presidente del Consejo de Ministros del Perú). Las grabaciones sugieren un «pacto de favores ministeriales» para beneficiar a un policía que estaría vinculado a una organización criminal conocida como «Los Pulpos«. Se trata de Marcelo Salirrosas, policía sentenciado por sus nexos con una red criminal en Trujillo. Según las publicaciones, estos actos podrían constituir delitos de tráfico de influencias y peculado.
El alcance de los audios se extiende más allá de una sola persona. Las grabaciones revelan que el ministro Santiváñez habría solicitado a Arana favores para alias «el Diablo», un suboficial de la Policía Nacional sentenciado por integrar la organización criminal “Los Injertos de K y K”. Asimismo, un audio adicional sugiere que Santiváñez habría mencionado tener el apoyo de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en casos seguidos contra sus “clientes”. En concreto, en la grabación, Santiváñez se está comunicando con la esposa de Salirrosas, para indicarle que tiene influencia sobre las decisiones del TC. Actualmente, Santiváñez es investigado por presuntamente haber recibido un soborno de 20 mil dólares a cambio de incidir en las decisiones del propio TC.
Ante la gravedad de las acusaciones, la crisis se ha profundizado con una fuerte reacción pública e institucional. El Colegio de Abogados de Lima y la organización «Capitalismo Consciente» han exigido la renuncia inmediata de ambos ministros, considerando que su permanencia es «inviable». Por su parte, congresistas de diversas bancadas han logrado las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra Santiváñez. Pese al rechazo generalizado, los ministros han intentado defenderse: Santiváñez ha negado categóricamente su involucramiento en cualquier conducta criminal, mientras que Arana ha asegurado que no reconoce el audio en el que su voz presuntamente aparece.
En este marco, los reiterados intentos por defender y hacer valer la Ley de Amnistía para los miembros de las fuerzas del orden no sólo lucen como un intento para blindar a la represión estatal contra las organizaciones sociales, sino como parte de un negocio de representación legal de los miembros del gabinete de Boluarte, que se extiende más allá de la función pública.
