La administración de Donald Trump confirmó esta semana el cierre gradual de la “Operation Metro Surge” en Minnesota, un despliegue de gran escala de ICE que había concentrado miles de agentes y derivó en detenciones masivas, protestas sostenidas y un fuerte costo político. El anuncio lo hizo el zar de la frontera, Tom Homan, quien planteó que el operativo “cumplió su objetivo” y que parte del personal volverá a sus destinos originales, mientras autoridades locales y organizaciones civiles mantienen reclamos de rendición de cuentas por el uso de la fuerza y por episodios que dejaron dos civiles muertos durante el operativo.

Apenas unas horas después, la crisis escaló al plano judicial: la jueza federal Nancy Brasel dictó una orden de emergencia para que el Department of Homeland Security (DHS) garantice acceso real y confidencial a abogados para los detenidos, luego de que el tribunal considerara que las prácticas del operativo —traslados rápidos fuera del estado y limitaciones de comunicación— bloquearon en los hechos el derecho a la defensa. La orden incluye medidas concretas (comunicación privada, ventanas mínimas antes de transferencias y facilidades de visita legal) mientras avanza una demanda colectiva impulsada por Democracy Forward.

El capítulo político se trasladó a Washington: el Senado bloqueó un proyecto de financiamiento para el DHS (52–47, por debajo de los 60 votos requeridos), elevando el riesgo de un cierre parcial. Los demócratas, liderados por Chuck Schumer, condicionaron su apoyo a reformas y controles sobre tácticas de aplicación migratoria tras las reacciones por Minnesota; los republicanos, con John Thune al frente, sostienen que el texto ya incorpora supervisión (cámaras corporales y entrenamiento de desescalamiento) y que la parálisis afecta funciones más amplias de seguridad y respuesta a desastres.