El conflicto bélico en Irán empezó a generar fuertes discrepancias en Washington. La renuncia de Joe Kent, jefe del National Counterterrorism Center (Centro Nacional Contraterrorismo), abrió una fisura dentro del propio aparato de seguridad estadounidense, porque cuestionó de manera directa la idea de que Irán sea una amenaza inmediata para Estados Unidos. Luego de su renuncia, Kent comenzó a ser investigado por el FBI por posibles filtraciones de información. Poco después, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, reforzó esa incomodidad con un lenguaje más sobrio que el de la Casa Blanca: sostuvo ante el Senado que el régimen iraní seguía en pie, aunque degradado, y evitó convalidar sin matices la noción de una amenaza “inminente”, en relación a las capacidades misilísticas de Irán. Entre ambas intervenciones quedó expuesto un problema político de fondo: no todos dentro del sistema de seguridad norteamericano estaban dispuestos a respaldar el relato más duro con el que Trump justificó la guerra.

Esa tensión interna se proyectó enseguida sobre la relación entre Washington y Tel Aviv, que hoy parece menos sólida. Gabbard admitió luego que Estados Unidos e Israel no persiguen exactamente los mismos objetivos en Irán: mientras Washington pone el acento en degradar capacidades militares, especialmente misiles y activos navales, Israel empuja una estrategia directamente orientada contra la cúpula del régimen. La discrepancia quedó brutalmente ilustrada con el ataque israelí sobre South Pars, el gran complejo gasífero iraní compartido con Qatar. Trump aseguró en Truth Social que no había sido informado y más tarde dijo haber pedido a Benjamin Netanyahu que no repitiera ese tipo de operaciones; pero funcionarios israelíes sostuvieron que Washington sí había recibido aviso previo.

La escalada del conflicto comienza a convertirse en una crisis energética regional, ampliándose a los mercados globales. El ataque sobre South Pars golpeó uno de los nodos más sensibles de la infraestructura iraní, y la posterior represalia iraní sobre Qatar dañó instalaciones en Ras Laffan, dejando fuera de servicio cerca del 17% de la capacidad exportadora de gas natural licuado (GNL) qatarí por un plazo estimado de tres a cinco años.

El conflicto en la región está arrastrando a Estados Unidos a un escenario más amplio, con impacto sobre los mercados energéticos y sobre sus propias relaciones con sus aliados árabes. Además de medir la capacidad de resistencia del país persa, la guerra está demostrando fricciones en el vínculo entre Washington y Tel Aviv.