El gobierno de Luis Lacalle Pou deja un panorama económico preocupante. A pesar del discurso oficial e internacional sobre una administración responsable, el déficit fiscal se mantiene en niveles similares a los de 2019, pero con un endeudamiento público que creció más de diez puntos del PIB en cinco años. La deuda bruta pasó del 48% del PIB en 2019 al 60% en noviembre de 2024, mientras que la del sector público se elevó del 59.9% al 71% del PIB.

El aumento del gasto público en dólares corrientes fue de aproximadamente 900 millones, con un crecimiento de los ingresos fiscales del 26% al 27.8% del PIB. Sin embargo, esta mayor recaudación no se tradujo en mejoras sociales: la pobreza y la desigualdad aumentaron desde 2019.

Durante el mandato de Lacalle Pou, el país desaprovechó el contexto de buenos precios internacionales para sus exportaciones y sufrió el impacto de una pérdida de competitividad con Argentina entre 2022 y 2023. Además, el gobierno no logró cumplir plenamente con su anunciada regla fiscal, incumpliendo su propia meta de resultados fiscales estructurales y requiriendo una ampliación del tope de deuda pública mediante autorización legislativa.

Lacalle Pou no solo incumplió sus promesas de campaña, sino que deja a Uruguay con mayor deuda, mayor desigualdad y un deterioro del poder adquisitivo de la población que afecta indudablemente a la próxima gestión de Yamandú Orsi y Carolina Cosse.