La ofensiva política de gobernadores de derecha para que el Congreso apruebe el proyecto que equipara facciones criminales a grupos terroristas agudiza la disputa entre el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales tras la megaoperación policial en Río de Janeiro, la más letal de la historia reciente. Cláudio Castro (RJ), Romeu Zema (MG), Ronaldo Caiado (GO), Jorginho Mello (SC) y la vicegobernadora del Distrito Federal, Celina Leão, enviaron oficios al presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), solicitando una audiencia para presionar por la votación del proyecto de ley presentado por Danilo Forte (União Brasil-CE). La iniciativa pretende modificar la Ley Antiterrorismo para incluir en ella las facciones criminales y milicias privadas, lo que implicaría ampliar el marco penal y otorgar nuevas competencias a fuerzas federales.

El gobierno de Lula se opone firmemente al texto. La ministra Gleisi Hoffmann (Relaciones Institucionales) y el secretario nacional de Seguridad Pública, Mário Sarrubbo, sostienen que las facciones no pueden ser tratadas como terroristas, ya que carecen de motivación política, religiosa o étnica, elementos definitorios del terrorismo según los estándares internacionales. El proyecto, que debía votarse en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), fue postergado tras negociaciones entre el Planalto y diputados aliados, en un contexto donde la seguridad pública se transformó en bandera electoral de las derechas y en punto de vulnerabilidad del gobierno federal.

El trasfondo estructural de la disputa aparece en los datos sobre el mapa criminal del país. Según un relevamiento reciente, el Brasil tiene tres facciones nacionales —Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital (PCC) y Família do Norte (FDN)— y otras 31 de alcance estatal, cuya expansión desafía la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y del Estado federal. Estas organizaciones mantienen ramificaciones que atraviesan fronteras, disputan territorios en la Amazonia y controlan circuitos de armas, drogas y extracción ilegal de recursos. La fragmentación del sistema penitenciario y la baja coordinación interinstitucional agravan el cuadro, mientras crecen las presiones políticas por respuestas legislativas rápidas ante la sensación de inseguridad.

En este contexto, el intento de redefinir el concepto de terrorismo dentro del marco jurídico brasileño se entrelaza con una estrategia política de endurecimiento punitivo impulsada por gobernadores conservadores, que buscan capitalizar el malestar social tras la ola de violencia en Río. Para el gobierno federal, sin embargo, esa medida podría erosionar garantías democráticas y criminalizar actores sociales al ampliar de forma ambigua la noción de terrorismo. La discusión se convierte así en una batalla simbólica y jurídica sobre el sentido de “seguridad nacional”, en un país donde las facciones se consolidaron como poder paralelo y las políticas públicas de seguridad aún carecen de un enfoque integrado.