SEPTIEMBRE-OCTUBRE
2026
El acuerdo petrolero alcanzado entre Venezuela y Estados Unidos se inscribe en una reconfiguración más amplia de la relación entre Washington y Caracas, que tuvo sus capítulos más reciente con la decisión de la administración de Donald Trump de retirar a Venezuela de la lista de países considerados en incumplimiento de sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico el pasado 16 de septiembre y la reunión bilateral entre el mandatario estadounidense y la presidenta encargada Delcy Rodriguez en Nueva York. La decisión y el acercamiento se produjo después de que Washington destacara los avances de la cooperación con el gobierno bolivariano, en particular en la eliminación de líderes del Tren de Aragua.
Anunciado a fines de agosto, el acuerdo adquiere además relevancia en un mercado petrolero condicionado por la guerra entre Estados Unidos e Irán y en un año electoral para el país norteamericano, con las elecciones de medio término previstas para noviembre. El conflicto en Oriente Medio, lejos de encaminarse hacia una salida negociada —Washington descartó reabrir el diálogo con Teherán antes de esos comicios—, se recrudeció en las semanas previas al anuncio, con ataques directos contra petroleros y embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. Esa escalada llevó el precio del Brent por encima de los 100 dólares por barril a mediados de septiembre y empujó la gasolina en Estados Unidos a 4,09 dólares el galón. En ese contexto, el petróleo venezolano adquiere una importancia renovada para la estrategia energética estadounidense.
La iniciativa trasciende así la recuperación de la industria petrolera venezolana: combina seguridad energética, la expectativa de moderar a mediano plazo los precios internos en Estados Unidos y una nueva relación política entre Washington y Caracas, y convierte a Venezuela en una pieza clave de la estrategia hemisférica que Estados Unidos despliega en medio de las tensiones globales. En Traza Continental, analizamos los detalles del anuncio, sus distintas versiones, el marco normativo que lo sostiene, la dimensión geopolítica del entendimiento y sus implicaciones internas, tanto en Venezuela como en Estados Unidos.
EL ANUNCIO
El 28 de agosto de 2026, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos firmaron un acuerdo que ambos calificaron de “histórico”. La negociación había sido anticipada un día antes por el medio estadounidense Axios. “El mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y una transacción “a costo cero para el contribuyente” que “duplica con creces” las reservas petroleras estadounidenses: así lo describió en Truth Social el presidente Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, la calificó en X de “una gran victoria” para ambos pueblos. La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó el pacto a través de sus cuentas de redes sociales.
Al día siguiente, sábado 29 de agosto, en cadena nacional, Rodríguez detalló por primera vez los términos del acuerdo: 25 años de vigencia, 17 campos —ocho de ellos bloques verdes (greenfield) y el resto ya desarrollados, con reservas conjuntas de unos 65 mil millones de barriles, poco más del 20% de los 300 mil millones de barriles que Venezuela declara en reservas probadas a escala nacional, repartidos en 350 campos petroleros—, una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios y un ingreso fiscal proyectado de 209 mil 335 millones de dólares. La mandataria desmintió expresamente “algunas especulaciones que circularon por redes” sobre una concesión a 100 años.
El domingo 30 de agosto, Trump anunció que usará el petróleo venezolano para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) y lo describió como “un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”. Al día siguiente, la Casa Blanca publicó una hoja informativa que reveló, por primera vez, el nombre de la empresa privada beneficiaria —North American Blue Energy Partners (Nabep), del empresario venezolano Alejandro Betancourt López— y confirmó que las concesiones tienen una vigencia de 100 años. Legisladores de ambos partidos plantearon los primeros cuestionamientos sobre el acuerdo y reclamaron precisiones sobre sus condiciones y alcance.
Trump anunció que usará el petróleo venezolano para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) y lo describió como “un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”.
UN ACUERDO, DOS VERSIONES
Hasta el momento, no se ha publicado el texto completo del acuerdo. Lo que existe son dos versiones oficiales —la de Caracas y la de Washington— que presentan discrepancias críticas en al menos tres ejes: la duración, la naturaleza del control y el destino final de los fondos; pero que ambos gobiernos intentan comunicar de manera positiva, cada uno ante su propia audiencia.
Rodríguez fijó el proyecto binacional en 25 años y desmintió expresamente afirmaciones de una concesión a 100 años; la hoja informativa de la Casa Blanca confirma, sin embargo, que las concesiones otorgadas a Nabep sobre los 17 campos tienen una vigencia de un siglo. Las autoridades venezolanas podrían estar reduciendo la cifra a nivel discursivo para atenuar el costo político interno y evitar acusaciones de “entrega colonial” o de pérdida del control sobre las reservas a largo plazo. La administración estadounidense podría estar aumentando la cifra con el objetivo de comunicar una victoria a su electorado rumbo a las elecciones de noviembre.
En segundo lugar, Rodríguez posiciona el acuerdo como una negociación entre iguales en la que Venezuela retiene la tutela del recurso. Washington, en cambio, declaró que el Pentágono posee el 35% de las acciones de Nabep —a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra—, complementado con el derecho del Departamento de Estado de comprar el 20% de la producción a precio de costo, más tanteo sobre el 80% restante: control mayoritario e indirecto de la cadena de valor, frente a la “apertura comercial soberana” que reivindica Caracas. Nabep, además, ya es la segunda mayor productora privada del país, con 250 mil barriles diarios frente a la meta de 1,5 millones que anuncia Rodríguez. Las cifras de inversión e ingreso fiscal también varían: “más de” 100 mil millones y 209 mil 335 millones en 25 años, según Caracas; “hasta” 100 mil millones —“casi” 100 mil millones, según Marco Rubio— y 200 mil millones para ese periodo, según la hoja de la Casa Blanca.
Por último, y quizás lo más delicado, Caracas enfatiza que los más de 200 mil millones de dólares ingresarán “directamente al país” para financiar salud, educación y vivienda. Sin embargo, las directrices del Departamento de Energía y las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca sobre sanciones a Venezuela señalan que esos ingresos se depositarán primero en cuentas bajo control directo de Washington en bancos internacionales, con distribución progresiva y sujeta a la “discreción” norteamericana: una contradicción clara con el “ingreso directo” que defiende la mandataria interina. La hipótesis tiene un antecedente: desde enero, un decreto estadounidense ya depositaba ingresos petroleros venezolanos en cuentas del Tesoro de Estados Unidos, presentados como propiedad venezolana pero bajo custodia y control de Washington.
Rodríguez anunció que cada barril producido deja unos 19 dólares para el Estado —29% del precio de referencia de 65 dólares—, cifra que varios analistas cuestionan desde distintos ángulos. El periodista argentino Ignacio Montes de Oca calcula que, descontando los costos reales de extracción del crudo Merey, la ganancia neta ronda entre 25 y 35 dólares por barril, por lo que los 209 mil 335 millones representarían entre el 9% y el 13% de esa utilidad, no el 29% del precio bruto de referencia. El investigador venezolano Francisco Rodríguez, dividiendo la misma cifra entre las reservas totales del proyecto —65 mil millones de barriles, no los que efectivamente se producirán— obtiene 3,22 dólares por barril, o 4,7% del precio de referencia: una proporción que compara desfavorablemente con las regalías fijadas en las concesiones petroleras otorgadas bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, a comienzos del siglo XX. El economista Francisco Monaldi del Baker Institute coincide en que la cifra “es insólitamente baja”, y añade una advertencia: los 209 mil 335 millones no llegan de una sola vez, sino repartidos a lo largo de 25 años, y un dólar que se recibe dentro de 25 años vale menos, en la práctica, que un dólar que se recibe hoy. Teniendo en cuenta eso, el monto real sería todavía menor que la cifra anunciada.
Lo que existe son dos versiones oficiales —la de Caracas y la de Washington— que presentan discrepancias críticas en al menos tres ejes: la duración, la naturaleza del control y el destino final de los fondos; pero que ambos gobiernos intentan comunicar de manera positiva…
UN MARCO LEGAL RENOVADO
Pero más allá de las distintas versiones, ¿qué dice la ley, cuál es el marco legal del arreglo? El acuerdo se apoya en la reforma que la Asamblea Nacional introdujo en enero de 2026 a la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) —vigente desde 2001 y ya reformada en 2006—, así como en el reglamento correspondiente, dictado en julio de 2026. Un principio no se tocó: los yacimientos “pertenecen a la República y son bienes del dominio público […] inalienables e imprescriptibles” (artículo 3 de la LOH vigente), la misma base que invoca Rodríguez cuando sostiene que Venezuela “conserva la propiedad y la soberanía” sobre el crudo, con independencia de quién opere los campos.
Lo que sí cambió, y de manera sustancial, es el régimen que determina quién puede operar esos campos y en qué condiciones. La Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de enero, introdujo varios cambios que resultan directamente relevantes para leer el acuerdo con Washington.
El más citado es la eliminación del piso de la regalía. El artículo 44 de la ley vigente hasta enero de 2026 fijaba una participación estatal de 30% como regla general, rebajable hasta un límite de 20% para yacimientos maduros o de crudo extrapesado de la Faja del Orinoco. El nuevo artículo 51 sustituye ese esquema por una regalía de “hasta” 30%, sin piso alguno. La regalía de 16% anunciada para los ocho bloques verdes del acuerdo queda, así, dentro de ese margen, aunque cuatro puntos por debajo del mínimo que habría regido siete meses antes de la firma.
La reforma incorpora además, en su artículo 23, una tercera vía —además de la operación directa del Estado y de las empresas mixtas— para que empresas privadas domiciliadas en Venezuela ejerzan actividades primarias mediante contrato, sin exigir una composición accionaria específicamente nacional. En paralelo, relaja el control parlamentario sobre estas empresas: bajo la ley de 2006, su constitución requería aprobación previa de la Asamblea Nacional; el artículo 34 reformado la sustituye por autorización presidencial con notificación posterior a la Asamblea “a los fines del ejercicio de la función de control parlamentario” —un control ya no vinculante—, y excluye a las empresas mixtas del régimen de contrataciones públicas, que es sustituido por mecanismos de contratación propios de cada empresa, guiados por principios generales de transparencia, pero no por las reglas específicas de licitación pública.
En materia tributaria, los artículos 55 a 57 sustituyen los cinco impuestos de la ley de 2006 (superficial, de consumo propio, de consumo general, de extracción y de registro de exportación) por un Impuesto Integrado de Hidrocarburos, con una alícuota de “hasta” 15% sobre los ingresos brutos, ajustable proyecto por proyecto. El artículo 26 suma una cláusula de “equilibrio económico-financiero” que obliga al Ejecutivo a compensar al operador si un cambio legal o fiscal posterior “afecta de manera negativa y sustancial la economía del proyecto”; la norma deja abierta la duda de si esto equivale, en la práctica, a una garantía de ganancias.
La Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de enero, introdujo varios cambios que resultan directamente relevantes para leer el acuerdo con Washington.
Al respecto, cabe destacar que el reglamento de la ley, dictado el 7 de julio de 2026 —siete semanas antes del anuncio—, añade una precisión aún sin aclarar. Su artículo 43 fija una “alícuota agregada” de regalía e Impuesto Integrado de Hidrocarburos por proyecto: 20% para campos sin desarrollar (greenfield), 25% para crudo extrapesado, 30% para campos desarrollados (brownfield) sin producción y 35% para los que ya producen, con rebajas de hasta cinco puntos para proyectos offshore o con plantas de mejoramiento. Pero el artículo 45 fija, para greenfield, un impuesto sobre la renta (ISLR) de 34% —la misma cifra que anunció Rodríguez— con derecho a depreciación acelerada de hasta siete años, es decir, la posibilidad de descontar el costo de la inversión de las ganancias gravables en menos tiempo del habitual, lo que reduce la carga fiscal en los primeros años.
Además, el artículo 8 suprime la antigua prohibición de “reclamaciones extranjeras” —que impedía a los operadores acudir a instancias de su país de origen— y la reemplaza por una cláusula que admite arbitraje internacional. Este es uno de los puntos más relevantes, ya que Venezuela había denunciado el Convenio del Ciadi (el tratado que creó y rige el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en 2012, en medio de los conflictos derivados de las nacionalizaciones impulsadas por el gobierno de Hugo Chávez. En el sector petrolero, el gobierno había avanzado en 2007 en la transformación de los proyectos operados por compañías extranjeras en empresas mixtas con una participación mayoritaria de PDVSA. ExxonMobil y ConocoPhillips rechazaron esas condiciones y recurrieron al arbitraje internacional por la nacionalización de sus activos. El conflicto con ExxonMobil fue particularmente relevante: a fines de 2011, un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional había ordenado a PDVSA pagar 907,6 millones de dólares a la petrolera estadounidense por su participación en los activos del antiguo proyecto Cerro Negro, mientras ExxonMobil mantenía además un proceso separado ante el Ciadi.
En ese contexto, el 8 de enero de 2012, Chávez anunció que Venezuela no reconocería las decisiones de tribunales administrados por el Ciadi y que el país debía retirarse del Convenio. Al día siguiente, el entonces ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, declaró que Venezuela no pagaría montos adicionales a ExxonMobil aunque esta obtuviera posteriormente un fallo favorable.
La denuncia formal del Convenio se presentó el 24 de enero ante el Banco Mundial y entró en vigor seis meses después, el 25 de julio de 2012. La salida no puso fin a los procedimientos que ya estaban en curso: el Departamento de Estado señaló en 2013 que Venezuela era, con al menos 29 casos pendientes, el país con mayor número de demandas activas ante el Ciadi, y que todas las causas iniciadas antes de la retirada continuaban tramitándose, aunque desde el 25 de julio de 2012 ya no podían presentarse nuevas demandas contra el país bajo el Convenio.
…el artículo 8 suprime la antigua prohibición de “reclamaciones extranjeras” —que impedía a los operadores acudir a instancias de su país de origen— y la reemplaza por una cláusula que admite arbitraje internacional.
LA DIMENSIÓN GEOPOLÍTICA DEL ACUERDO
El acuerdo trasciende la lógica convencional del intercambio comercial para constituirse en la manifestación —en los hechos— de la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) y la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, ambas orientadas a la defensa del “nacionalismo energético” y el retorno al realismo geopolítico de esferas de influencia. Washington encuentra en el pacto venezolano-estadounidense un canal óptimo para consolidar su posición dominante sobre recursos estratégicos en el hemisferio occidental y frenar la expansión de sus rivales: al controlar el suministro de petróleo pesado —vital para mezclas y diésel a escala hemisférica—, recupera la capacidad de premiar o castigar a terceros Estados dependientes de este recurso en Europa y las Américas, mediante una diplomacia coercitiva alineada a sus intereses y objetivos de política y seguridad. Las asimetrías del acuerdo, además, permiten a Washington obtener márgenes de renta energética que disminuirán sus propios costos industriales internos, con repercusión en la competitividad global de su economía.
Visto en un marco más amplio, el acuerdo también expone la vulnerabilidad energética estructural de Estados Unidos, cuya estabilidad económica interna depende críticamente de la seguridad del suministro global frente a crisis y tensiones geopolíticas. En su intento por reconstruir su hegemonía tras años de fragmentación del orden multilateral y erosión sostenida de su liderazgo, la Casa Blanca utiliza la flexibilización del régimen de sanciones como una herramienta pragmática de realineamiento estratégico hacia Caracas, que le aportaría, a mediano y largo plazos, varios beneficios: el acoplamiento de la nación sudamericana con sus opciones y preferencias políticas, el alivio de las presiones inflacionarias domésticas, y la desarticulación de la influencia de sus rivales sistémicos, principalmente China y Rusia, que habían consolidado su presencia en la cuenca del Caribe aprovechando el vacío dejado por Washington mientras este promovía y defendía sus intereses en regiones más lejanas.
Ese cálculo energético tiene una base concreta: según datos de la Strategic Petroleum Reserve (SPR), a fines de agosto las reservas de petróleo alcanzaban unos 286,6 millones de barriles, alrededor del 40% de su capacidad total autorizada de 714 millones. Según reportes especializados consultados, esta reducción fue el resultado de liberaciones masivas de emergencia coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía, incluyendo las ventas de la administración de Joe Biden tras la invasión de Ucrania en 2022 por parte de Rusia y la reciente liberación de más de 130 millones de barriles ordenada por la administración de Donald Trump para mitigar los incrementos de precios derivados de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.
La Casa Blanca ya anunció que utilizará el acuerdo con Venezuela para reabastecer la reserva. Según el secretario de Energía, Chris Wright, debido a la inadaptación física de la SPR para almacenar crudo extrapesado y sulfuroso venezolano, este se intercambiará en los mercados globales por crudo ligero o medio de origen estadounidense, que sí cumple con los estándares de inyección de la reserva. Bajo los términos del acuerdo, Estados Unidos se beneficiaría de un flujo constante de barriles con descuento, que subvencionarán indirectamente la compra del crudo ligero necesario para el reabastecimiento. A la par, el Congreso impulsa el proyecto de ley 21st Century SPR Act, que incluye la eliminación de las ventas obligatorias por mandato del Congreso, la expansión de su capacidad de distribución bidireccional y la evaluación para añadir almacenamiento de productos ya refinados en lugar de depender únicamente de crudo. Según expertos, esta campaña de reabastecimiento masivo añadirá una demanda de más de 500 mil barriles diarios al mercado global, extendiéndose activamente hasta 2027 y 2028.
…el acuerdo también expone la vulnerabilidad energética estructural de Estados Unidos, cuya estabilidad económica interna depende críticamente de la seguridad del suministro global frente a crisis y tensiones geopolíticas.
Detrás de esa urgencia logística está, además, un cálculo geopolítico más amplio. Ante las guerras prolongadas en Europa Oriental y en el Medio Oriente —incluyendo hostilidades directas con Irán que han mermado las reservas estratégicas estadounidenses a niveles mínimos históricos desde 1983—, el acuerdo se propone redefinir la arquitectura energética global en formas diversas: acortando las cadenas de suministro, ya que el crudo pesado venezolano está geográficamente a pocos días de navegación de los complejos de refinación especializados de la Costa del Golfo estadounidense, a diferencia de las vulnerables y largas rutas marítimas de Medio Oriente o el estrecho de Ormuz; y desconectando la seguridad interna de los combustibles norteamericanos de los choques de oferta globales causados por las tensiones geopolíticas internacionales, al asegurar un flujo masivo, constante y protegido de crudo por el propio aparato militar y de seguridad de Washington.
Sin dudas, el pacto tendrá consecuencias para las alianzas y acuerdos entre Venezuela y rivales estratégicos de Washington como China y Rusia. Según informó Reuters citando a funcionarios estadounidenses, cinco de los diecisiete campos petroleros que pasarían a Nabep habían sido operados anteriormente por empresas chinas —dos de ellos por China Concord Resources, sancionada por Estados Unidos en 2019, uno por Sinopec y otro por la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC)—, además de un campo operado previamente por una firma rusa.
El 1 de septiembre, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, manifestó que “China siempre ha sostenido que las relaciones entre países deberían manejarse de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU” y que “la cooperación económica y comercial entre países debería seguir los principios de igualdad, beneficio mutuo y cooperación de ganancias compartidas […] la cooperación entre China y Venezuela está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países, y […] los derechos e intereses legales de China en Venezuela deben estar garantizados”. Dos días después, ante una pregunta de Bloomberg sobre si Washington podría impedir que los ingresos de la nueva producción venezolana se destinaran a pagar la deuda con China, Guo reiteró que “esta cooperación no tiene nada que ver con terceras partes, ni […] debería verse perturbada por terceras partes”. El 7 de septiembre, la portavoz Mao Ning sostuvo la misma posición ante una pregunta de EFE sobre si Venezuela había garantizado a Beijing que sus intereses petroleros no se verían afectados por el nuevo acuerdo.
Caracas, a través de su ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, aseguró que su gobierno es “muy respetuoso” de los acuerdos petroleros con China y Rusia y que las empresas mixtas donde esos dos países tienen participación continuarían ejecutando sus actividades. La iniciativa venezolano-estadounidense supone así una alteración significativa de la posición que empresas rusas y chinas habían construido en el sector petrolero venezolano y, con ello, de la presencia de sus respectivos países en uno de los principales escenarios energéticos de América Latina.
La iniciativa venezolano-estadounidense supone así una alteración significativa de la posición que empresas rusas y chinas habían construido en el sector petrolero venezolano y, con ello, de la presencia de sus respectivos países en uno de los principales escenarios energéticos de América Latina.
En las décadas recientes, China se ha consolidado como el principal acreedor —con adeudos que alcanzan aproximadamente 10 mil millones de dólares estadounidenses— y uno de los mayores destinos del crudo venezolano, lo que se ha traducido en el incremento significativo de su influencia en el país caribeño. El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela sugiere una clara intención de revertir esa tendencia. Al asumir el control mayoritario y el derecho preferencial de compra del remanente de crudo, Washington pone freno a la expansión de los intereses chinos que promovió, en su tiempo, el gobierno del presidente Hugo Chávez, y que continuó su sucesor, Nicolás Maduro. Asimismo, la presencia de contratistas y fuerzas norteamericanas asociadas al desarrollo de infraestructura opera como un muro de contención contra el supuesto espionaje y la infraestructura estratégica que Rusia y China pretendían instalar de modo permanente en el Caribe y América del Sur.
Ese repliegue de los intereses chinos y rusos abre paso, en paralelo, al ingreso de nuevos operadores privados estadounidenses. El 16 de septiembre, Continental Resources —cuyo fundador y principal accionista, Harold Hamm, fue un importante donante de Donald Trump— anunció un memorando de entendimiento con PDVSA para operar y desarrollar el bloque Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco, un área de unas 51 mil hectáreas que, según la compañía, alberga unos 30 mil millones de barriles, con planes de convertir el memorando en un acuerdo de largo plazo en las semanas siguientes. Chevron, por su parte, amplió su posición en los campos Carabobo-1 y Carabobo-2-South-A, también en la Faja del Orinoco, mientras que Eni firmó un contrato de 25 años para operar en exclusiva el yacimiento Junín 5, con unos 35 mil millones de barriles de crudo certificados.
Por otro lado, la participación directa del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, como firmantes clave junto al operador privado Nabep podría responder a varias lógicas. Por un lado, la imposición de una garantía de seguridad nacional frente a riesgos políticos en el futuro: al entrar el Pentágono como garante estratégico, se estaría intentando asegurar el blindaje de las concesiones en un país con identidad, historia y posturas nacionalistas sobre sus recursos naturales como Venezuela. Por otro, la presencia militar y de inteligencia estadounidense podría estar actuando como arma disuasiva contra eventuales rupturas de contratos institucionales. Al mismo tiempo, la participación del Departamento de Estado —con un derecho de compra directa del 20% de la producción a precio de costo— podría forzar la definición de una política de Estado de parte de Venezuela que reconozca el petróleo y los arreglos contractuales existentes con Washington como un activo de defensa estratégica nacional estadounidense, y no como meros acuerdos comerciales. Por ende, un incumplimiento de estos tendría un impacto inmediato sobre el estado general de las relaciones entre ambos países y constituiría un dato crítico en la definición de política bilateral de Washington hacia Caracas, y en la administración del régimen vigente de sanciones.
Continental Resources —cuyo fundador y principal accionista, Harold Hamm, fue un importante donante de Donald Trump— anunció un memorando de entendimiento con PDVSA para operar y desarrollar el bloque Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco…
Las filtraciones a la prensa de una posible salida de Venezuela de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) podrían tener relación con todo esto. De confirmarse la decisión, se estaría asestando un duro golpe al bloque, al tratarse de un Estado con el control del 17% de las reservas mundiales. Aun cuando no tenga lugar la desafiliación, el acuerdo significa una ruptura de fondo con la cohesión de la OPEP: el control de los yacimientos pactados bajo la tutela de Washington limitaría, de facto, la capacidad de Caracas para alinearse con los recortes decididos por la entidad, mientras que el objetivo estadounidense de inyectar más de un millón de barriles diarios adicionales al mercado busca, a mediano plazo, presionar los precios internacionales del crudo a la baja, socavando la influencia geopolítica de la organización.
Hacia el sur, la irrupción de una Venezuela bajo la tutela política, diplomática y energética de Washington afecta el balance de poder en América Latina, con un impacto crítico sobre los actores emergentes de la región. Se podría esperar un debilitamiento de la proyección de liderazgo de Brasil en el Amazonas y Sudamérica, y de su papel de articulación de los esfuerzos históricos del eje BRICS por desdolarizar la economía global. Asimismo, el pacto desmantela definitivamente la ya debilitada arquitectura multilateral antihegemónica edificada en la región durante los inicios del siglo XXI, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, con iniciativas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y Petrocaribe. De haber sido hasta hace poco un actor con liderazgo y enormes capacidades de influencia en los asuntos regionales, Venezuela parece estar reduciendo su estatus a “satélite energético” o “socio subordinado” de la estrategia de reconstrucción de la hegemonía estadounidense.
Hacia el norte del continente, la implantación de un enclave militar-corporativo masivo en el Caribe Oriental podría restar peso relativo a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el abastecimiento estratégico de crudos pesados a Estados Unidos y debilitar la palanca de negociación del país gobernado por Claudia Sheinbaum en las revisiones del T-MEC, al diversificarse las fuentes de abastecimiento energético de Washington en el hemisferio. La reactivación del flujo de crudo venezolano hacia Estados Unidos altera profundamente el marco competitivo para Pemex, forzando al crudo Maya mexicano a ceder el monopolio virtual que sostenía en las refinerías de alta conversión de la Costa del Golfo. Históricamente, el Maya ha constituido la opción predilecta y geográficamente más accesible para los complejos industriales de Texas y Luisiana, pero la irrupción de cargamentos venezolanos equivalentes ya se traduce en la pérdida de participación de mercado, combinada con una menor disponibilidad exportable mexicana, derivada de la estrategia de priorizar su propio Sistema Nacional de Refinación y alimentar complejos como Dos Bocas. Al ser ambos hidrocarburos sustitutos perfectos por sus propiedades pesadas y amargas, además, el mercado transita hacia una dinámica altamente competitiva donde las refinerías estadounidenses imponen sus condiciones, lo que presiona a Pemex a recortar sus márgenes o modificar sus fórmulas de precios para evitar que el petróleo de Venezuela o las arenas bituminosas de Canadá terminen por afectar su cuota de mercado. A esto se suma que el auge del crudo venezolano está desplazando la compra de subproductos mexicanos menos eficientes, como el combustóleo de origen nacional, reduciendo los ingresos indirectos de la petrolera mexicana en el mercado norteamericano.
De haber sido hasta hace poco un actor con liderazgo y enormes capacidades de influencia en los asuntos regionales, Venezuela parece estar reduciendo su estatus a “satélite energético” o “socio subordinado” de la estrategia de reconstrucción de la hegemonía estadounidense.
IMPLICACIONES DOMÉSTICAS
Además de las implicaciones geopolíticas, el acuerdo tuvo impacto en la política interna de ambos países. En Estados Unidos, intensificó la polarización en el Congreso, reconfigurando el debate sobre los límites del pragmatismo ejecutivo y el estilo transaccional del presidente Trump, según un análisis del Cato Institute. Una facción demócrata, respaldada por sectores republicanos de línea institucionalista tradicional, denuncia que la concesión a 100 años otorgada a Nabep prioriza el enriquecimiento de élites corporativas vinculadas a la administración, debilitando el histórico compromiso bipartidista con la promoción global de los derechos humanos y la democracia. El senador demócrata Jack Reed, la voz de mayor rango de su partido en el Comité de Servicios Armados del Senado, calificó de “abuso flagrante de poder y del dinero de los contribuyentes” el uso del Pentágono como inversionista en una empresa petrolera privada, mientras que el representante republicano Rick Crawford, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, pidió conocer más detalles de la administración “más pronto que tarde”. Del otro lado, el ala America First capitaliza el pacto como un triunfo de la seguridad nacional, usando la compra de crudo “a precio de costo” para intentar estabilizar los precios domésticos de los combustibles de cara a las elecciones legislativas intermedias. La tensión, según el análisis, es sistémica: los beneficios macroeconómicos y el alivio inflacionario inmediato se contraponen a un severo cuestionamiento ético sobre la legitimidad de tutelar financieramente a un gobierno extranjero sin fiscalización legislativa previa.
En Venezuela, el acuerdo catalizó una reconfiguración de las fuerzas políticas internas. Para la gestión interina de Rodríguez, el control compartido de los recursos con el Pentágono funciona como un mecanismo de supervivencia y legitimación fáctica, permitiéndole fracturar la cohesión de los mandos militares tradicionales mediante la canalización controlada de los nuevos ingresos petroleros y el reforzamiento de los vínculos con sectores de interés estratégico para el gobierno. El ministro de Defensa, Gustavo González López, anunció el martes 1 de septiembre el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) al acuerdo, tras una reunión con Rodríguez en el Palacio de Miraflores: “Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz, no es una subordinación”, dijo, y agregó que la FANB “apoya todas las decisiones” de la mandataria “para lograr la prosperidad”.
No obstante, este pragmatismo ha despertado rechazo en el espectro político venezolano, aunque afecta a cada bloque de forma distinta. Para la oposición tradicional, profundiza su marginación de la agenda política nacional, con efecto inmediato y directo sobre la movilización de sus bases sociales y electorales; para las facciones de la izquierda nacionalista y remanentes del chavismo tradicional, lo que está en juego es la propia bandera de soberanía energética, frente a lo que califican de “entrega colonial” y capitulación histórica. El exvicepresidente Elías Jaua, invocando la llamada Declaración de Malakay, denunció una situación de “ocupación” y “tutelaje” por parte del “invasor extranjero”, aunque aclaró no haber roto formalmente con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA Rafael Ramírez calificó el trato de “entreguista” y de abrir la puerta a “un nuevo colonialismo”; el también exministro y expresidente de PDVSA Manuel Quevedo cuestionó el acuerdo y, por contraste, reivindicó su gestión durante el gobierno de Maduro: “No me entregué a intereses extranjeros”, dijo; el excomunicador Oswaldo Rivero convocó una protesta en Caracas contra lo que llamó un “saqueo”; y la diputada oficialista Iris Varela se sumó a ese rechazo. El influencer oficialista Luigino Bracci Roa, sin romper con el gobierno, calculó que a un ritmo de 2 millones de barriles diarios Estados Unidos tardaría 89 años en agotar las reservas concesionadas, y atribuyó la debilidad negociadora del país a la intervención militar de enero. El Partido Comunista de Venezuela (PCV), por su parte, rechazó “de manera categórica la nueva y grave entrega del patrimonio nacional”.
“Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz, no es una subordinación”, dijo, y agregó que la FANB “apoya todas las decisiones” de la mandataria “para lograr la prosperidad”.
Entre las manifestaciones de apoyo, la misma madrugada del 29 de agosto el PSUV difundió un comunicado firmado por su Dirección Nacional, en el que expresa su “pleno respaldo” a Rodríguez y enmarca el acuerdo como un mecanismo que “prioriza los intereses nacionales” frente a “más de una década de sanciones económicas”. Por su parte, el diputado oficialista Francisco Ameliach defendió el trato como una negociación deliberadamente desigual, calificándolo en un hilo público de “una gran victoria de la diplomacia bolivariana de paz y del pragmatismo chavista”. En otro hilo, el analista del grupo de investigación Misión Verdad, Franco Vielma, sostuvo que el régimen concesionario del acuerdo “no es ni excesivamente perjudicial, ni excesivamente ventajoso para Venezuela”, y que está dentro del canon internacional aplicado a proyectos upstream de crudos no convencionales, comparándolo con los regímenes de Colombia, Argentina y Canadá; añadió que esos proyectos suelen ofrecer condiciones más favorables al inversionista por los altos costos técnicos y operativos de la etapa inicial, lo que, según él, “deshace” la comparación ya citada entre el acuerdo y las concesiones del gomecismo. El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional —de mayoría chavista— aprobó el acuerdo en votación a mano alzada, con la abstención de una decena de diputados opositores; el diputado Miguel Pérez Abad, ponente del proyecto, lo calificó como el acuerdo “más importante de los últimos 100 años” y proyectó unos 3,6 millones de empleos “directos, indirectos y adicionales”.
Del lado del sector empresarial, el expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Vicente Brito ofreció una lectura favorable: calificó el acuerdo de “muy positivo para el país” y defendió la inversión privada como la única vía para levantar la industria, rechazando la idea de que el país esté “entregando” o “despojándose” de sus recursos.
La oposición, por su parte, careció de una postura conjunta, y buena parte de sus organizaciones —agrupadas en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)— guardaron silencio hasta el lunes 31 de agosto, tres días después del anuncio, y cuando se pronunciaron lo hicieron por separado y sin una línea común. Acción Democrática cuestionó “la validez de un convenio […] celebrado con un régimen ilegítimo”; Primero Justicia exigió “transparencia, mayor información, rendición de cuentas y garantías verificables”, y su dirigente, Juan Pablo Guanipa, condicionó la validez del acuerdo a la legitimidad institucional; por su parte, el diputado Henrique Capriles invocó la falta de transparencia y los antecedentes de corrupción de quienes, dijo, “destruyeron PDVSA”; Andrés Velásquez, de La Causa R, cuestionó la legitimidad del gobierno firmante; y el economista Ricardo Hausmann —ministro de Planificación de Venezuela y jefe de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y luego economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— calificó el acuerdo de “inconstitucional”.
La oposición, por su parte, careció de una postura conjunta, y buena parte de sus organizaciones —agrupadas en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)— guardaron silencio hasta el lunes 31 de agosto, tres días después del anuncio, y cuando se pronunciaron lo hicieron por separado y sin una línea común.
María Corina Machado, la figura de mayor peso mediático en la oposición, guardó silencio durante días: en su intervención del lunes 31 de agosto en el Bled Strategic Forum, en Eslovenia, habló del potencial energético de Venezuela sin mencionar el pacto. No fue sino hasta el jueves 3 de septiembre que rompió ese silencio, en su primer pronunciamiento explícito sobre el tema: cuestionó que el acuerdo esté siendo firmado por un “régimen ilegítimo” y afirmó, en un video difundido en sus redes, que “el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, y que “los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”. Aclaró, sin embargo, que no objeta la asociación con Washington en sí misma —a la que calificó como el socio estratégico que Venezuela necesita— sino la legitimidad del interlocutor chavista, y remitió al plan energético de cinco pilares que había presentado en marzo en Houston: marco legal transparente, institucionalidad técnica, licitaciones públicas abiertas, régimen fiscal competitivo y seguridad jurídica con arbitraje internacional. Con anterioridad, dos voces cercanas ya habían marcado distancia: el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia advirtió, el domingo 30 de agosto, que los ingresos anunciados por Rodríguez podrían quedarse en manos de “algunos” en vez de beneficiar a toda la población del país; y el asesor jurídico de Machado, Perkins Rocha, quien permaneció 535 días detenido antes de recibir arresto domiciliario y hoy porta un grillete electrónico, cuestionó que el acuerdo se hubiera “celebrado a espaldas de los venezolanos”, reclamó que Rodríguez no lo presentara ante el Parlamento y afirmó desconocer sus términos exactos: “habrá que comprobar qué se pactó”, dijo. Tampoco se ha pronunciado sobre el acuerdo petrolero, hasta el momento, la presidenta del Parlamento electo en 2015, Dinorah Figuera, quien encabeza, según lo destaca la hoja de la Casa Blanca citada en el acápite anterior, la delegación opositora en el diálogo con las autoridades interinas.
UN ACUERDO INCIERTO, PERO DETERMINANTE
El acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos es, ante todo, una pieza clave del reacomodo geopolítico hemisférico que impulsa Washington. Mientras la Casa Blanca lo presenta como garantía de seguridad energética frente a un contexto internacional adverso —guerra en Irán, tensión con China y Rusia, reservas estratégicas en mínimos históricos—, Caracas lo interpreta como una vía de alivio económico y de recomposición de su vínculo con Washington tras años de sanciones. Las discrepancias entre ambas versiones oficiales, la falta de un texto público completo y la magnitud de las concesiones —participación del Pentágono, derecho preferencial de compra del Departamento de Estado, una vigencia que Washington fija en 100 años y Caracas en 25, mecanismos de arbitraje internacional reincorporados catorce años después de la salida del Ciadi— dejan planteadas más preguntas que certezas sobre el reparto real de beneficios.
El entendimiento también reordena equilibrios que van más allá del vínculo bilateral: altera la posición de China y Rusia en parte de los campos petroleros que operaban desde hace años, tensiona la cohesión de la OPEP al reforzar la capacidad de Washington para promover un aumento significativo de la producción venezolana y presiona la posición de México y otros actores regionales como proveedor de crudo pesado al mercado energético estadounidense.
Puertas adentro, el acuerdo profundiza las diferencias dentro del chavismo y de la oposición venezolana, mientras que en Estados Unidos reabre el debate sobre los límites del pragmatismo transaccional de Trump. Su alcance definitivo dependerá, en gran medida, de información sobre las condiciones del acuerdo y sus mecanismos de implementación que, hasta el momento, ninguna de las dos partes ha hecho pública en su totalidad. 
Mientras la Casa Blanca lo presenta como garantía de seguridad energética frente a un contexto internacional adverso —guerra en Irán, tensión con China y Rusia, reservas estratégicas en mínimos históricos—, Caracas lo interpreta como una vía de alivio económico y de recomposición de su vínculo con Washington tras años de sanciones.