La situación sociopolítica en Bolivia durante la última semana ha estado atravesada por la aprobación y resistencia a la Ley de Reconversión de Tierras (Ley 1720, también referida como Ley 157). El conflicto estalló tras la decisión del presidente Rodrigo Paz de promulgar la normativa, desoyendo las advertencias de diversos sectores sociales. Esta ley habilita al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la reclasificación de la tierra, permitiendo que la pequeña propiedad rural —protegida como patrimonio inembargable— se convierta en mediana propiedad, abriendo la puerta a su hipoteca, remate y concentración. El Ejecutivo defiende la medida como necesaria para el desarrollo, pero que ha sido recibida con profunda hostilidad por grupos indígenas y campesinos que ven en ella una amenaza directa a su propiedad territorial.

El eje central de la protesta es una marcha multitudinaria que partió desde el Departamento de Pando con destino a la ciudad de La Paz. Hasta el cierre del presente reporte, la movilización cumplió su noveno día de recorrido, manteniendo una postura firme en la anulación total de la ley. Los manifestantes, representantes del sector campesino e indígena amazónico, denuncian que la normativa favorece la concentración de tierras. Ante el desgaste físico de los marchistas, la Defensoría del Pueblo ha tenido que intervenir solicitando brigadas de salud de emergencia para asistir a los movilizados en la carretera.

La respuesta del gobierno de Rodrigo Paz ha combinado la descalificación con intentos de diálogo sectorizado. El mandatario ha afirmado que la movilización está impulsada por «falsos discursos» y desinformación; sin embargo, ha activado un «diálogo técnico» nacional para intentar frenar la presión. En este marco, el Gobierno logró firmar un acuerdo con un sector campesino específico para mostrar consenso, pero esta acción no ha detenido la marcha principal de los grupos de Pando y la Amazonía, quienes consideran que sus demandas fundamentales siguen siendo ignoradas.

El conflicto ha adquirido una dimensión política más profunda con la intervención de figuras de la oposición. El ex presidente Evo Morales ha arremetido contra la Ley en cuestión, vinculándola directamente con los intereses del empresario y político Branko Marinkovic (actual senador por LIBRE), lo que ha politizado aún más el reclamo agrario. La reforma ha sido calificada por la prensa internacional como la «mayor reforma agraria del siglo» en Bolivia, pero con un matiz crítico: se advierte que la reclasificación pone en riesgo las pequeñas tierras campesinas frente al avance de sectores agroindustriales, quienes, por su parte, han manifestado su apoyo público a la gestión de Paz.