Este miércoles 17 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, presentó ante la prensa y el cuerpo diplomático acreditado en La Habana, el informe anual sobre el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone contra la isla caribeña. El documento abarca el periodo entre marzo de 2024 y febrero de 2025, en el que el bloqueo provocó daños estimados en siete mil 556 millones de dólares, según cálculos del gobierno cubano.
De acuerdo con Rodríguez, esta cifra representa un incremento cercano al 50 por ciento respecto al ciclo anterior, debido a la política deliberada de asfixia y el recrudecimiento de las sanciones aplicadas por el nuevo gobierno republicano en Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.
El informe forma parte del proyecto de resolución que Cuba presentará, como cada año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el título: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
Cuba presenta esta resolución de manera ininterrumpida desde 1992. En los últimos 32 años, la Asamblea la ha aprobado con un respaldo casi unánime de la comunidad internacional, con la única excepción de Estados Unidos, Israel y algún aliado circunstancial.
Rodríguez adelantó que este año el proyecto será debatido y sometido a votación los próximos 28 y 29 de octubre, en un contexto internacional que describió como marcado por el unilateralismo y una “creciente agresividad de Washington”.
En su intervención, el canciller aprovechó la oportunidad para alertar sobre la situación regional. Rodríguez reiteró la postura de Cuba ante la ONU, solicitando que la comunidad internacional frene la escalada bélica y las provocaciones de Estados Unidos en el Caribe, que ponen al borde de la guerra a la región, en medio del despliegue militar estadounidense.
El diplomático denunció lo que calificó como acciones peligrosas e ilegales de Washington, entre ellas “la interceptación y destrucción de embarcaciones, la ejecución extrajudicial de civiles y la interceptación de buques pesqueros”, las cuales, sostuvo, “crean una situación peligrosa que amenaza la paz y la seguridad”.
