En la segunda administración de Donald Trump, los organismos de inteligencia estadounidenses atraviesan una profunda transformación en su relación con la Casa Blanca: una tensión histórica entre la autoridad presidencial y la autonomía profesional de las agencias parece dar paso a un modelo basado en hacer cumplir las prioridades políticas del titular del Ejecutivo.
El escritor John Le Carré decía que los servicios de inteligencia son “la única expresión real del subconsciente de una nación”. Si llevamos la metáfora más lejos, se podría decir que una nación como los Estados Unidos de Donald Trump, en donde los servicios de inteligencia están cada vez más expuestos y permeados por los intereses presidenciales, es como una psiquis que no puede diferenciar su inconsciente de su consciente. En psicoanálisis eso se llama psicosis. Y en el mundo MAGA eso tiene un síntoma: John Ratcliffe, el abogado de provincia que llegó a la cima de la inteligencia norteamericana por lealtad.
En nuestra nueva entrega de la serie Trump 2.0, que realizamos en colaboración con Supernova, analizamos la trayectoria del hombre elegido por Trump para dirigir la CIA, su papel en la transformación del aparato de inteligencia estadounidense y las tensiones que genera la creciente personalización de una institución diseñada para preservar márgenes de autonomía frente al poder político.
DE LA DNI A LA CIA: UN PREMIO A LA LEALTAD
John Ratcliffe nació en Illinois, en el seno de una familia extensa de padres maestros, pero hizo carrera en Texas. Obtuvo el título en la Escuela de Derecho de la Universidad del Sur de Texas, y desarrolló una carrera primero como abogado y luego como funcionario vinculado a la seguridad. En el año 2004, el entonces presidente George W. Bush lo nombró jefe de la División de Antiterrorismo y Seguridad Nacional en el Distrito Este de su estado. Entre 2004 y 2012 Ratcliffe fue alcalde de Heath, un pueblo tejano de siete mil habitantes. En 2007 fue designado fiscal de Estados Unidos del Distrito Este de Texas, cargo que ocupó solo un año pero le alcanzó tanto para conectarse con el aparato de justicia y seguridad, como para proyectarse dentro del Partido Republicano como especialista en esos temas. En 2014 Ratcliffe fue elegido a la Cámara de Representantes por el 4º distrito de Texas; allí participó de los comités de Inteligencia, Seguridad Nacional y Justicia, y presidió el Subcomité de Ciberseguridad e Infraestructura.
Esa visibilidad fue suficiente como para que en 2019 Trump lo tuviera en cuenta para la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI), como reemplazo de Dan Coats, que debió dejar el cargo por sus fricciones con el inquilino de la Casa Blanca. El currículum de Ratcliffe no impresionó a los senadores demócratas y republicanos, que cuestionaron su calificación para el cargo y sugirieron que había tergiversado su experiencia como fiscal federal. A solo cinco días de haber sido nominado, Ratcliffe retiró su candidatura: “no deseo que un debate sobre Seguridad Nacional e Inteligencia en torno a mi confirmación, por falso que sea, se convierta en una cuestión puramente política y partidista”, dijo compungido. Pero su mentor no cejó, lo propuso nuevamente para el puesto en febrero de 2020 y logró que fuera confirmado en mayo por un Senado muy dividido.
Esa visibilidad fue suficiente como para que en 2019 Trump lo tuviera en cuenta para la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI), como reemplazo de Dan Coats, que debió dejar el cargo por sus fricciones con el inquilino de la Casa Blanca.
Como director de Inteligencia Nacional, Ratcliffe debía coordinar a las 18 agencias de inteligencia estadounidenses. Y supo demostrarle a Trump que no se había equivocado en nombrarlo: puso a toda la DNI al servicio de la campaña electoral MAGA. Desclasificó informes rusos con información perjudicial sobre los demócratas en las elecciones de 2016, aún sabiendo que no estaba verificada; desestimó las denuncias de decenas de exfuncionarios de inteligencia que afirmaban que la filtración de correos electrónicos y fotos de la computadora de Hunter Biden, hijo del candidato demócrata, había sido una maniobra rusa; y, unas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020, llamó a una inusual conferencia de prensa nocturna para acusar al gobierno de Irán de dirigir una campaña de correos electrónicos masivos para intimidar a los votantes norteamericanos.
Impresionado por tamaña lealtad, Trump nombró a Ratcliffe como parte del equipo legal para su defensa en el proceso de destitución por una llamada telefónica que mantuvo con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. “Este es el juicio político más débil, más rápido y más endeble que nuestro país haya visto nunca”, dijo Ratcliffe, y, antes de dejar el gobierno, Trump le otorgó la Medalla de Seguridad Nacional, la máxima distinción por logros en inteligencia. Durante el gobierno de Joe Biden, Ratcliffe fue vicepresidente del Centro para la Seguridad Estadounidense del America First Policy Institute, una institución dedicada al activismo a favor de Trump.
En noviembre de 2024, ya como presidente electo para su segundo mandato, Trump postuló a Ratcliffe como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Esta vez no hubo cuestionamientos ni dudas: el Senado de mayoría republicana lo confirmó con 74 votos a favor y 25 en contra. Ratcliffe asumió como director de la Agencia en enero de 2025, y se convirtió en el primer funcionario en haber dirigido tanto la Oficina de Inteligencia Nacional como la CIA. A su favor para el rápido nombramiento contó el antecedente de haber estado al frente de la DNI. Pero también contó la nueva correlación de poder: la resistencia institucional al trumpismo era mucho menor en 2024 que en 2019, Trump estaba más consolidado dentro del Partido Republicano, la oposición era más débil y la sociedad norteamericana fue normalizando el estilo de gobierno MAGA y a sus figuras.
En su audiencia ante el Senado, Ratcliffe dijo que una de sus prioridades sería el reclutamiento de más fuentes humanas para ayudar a la recopilación de inteligencia de Estados Unidos, una misión, según él, descuidada en los últimos años; culpó a los programas de Diversidad, Igualdad e Inclusión (DEI) de la CIA por diluir el enfoque de la Agencia; se mostró a favor de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, una herramienta de recopilación electrónica considerada lesiva al derecho de privacidad de los estadounidenses; y se comprometió a mantener la institución al margen de presiones políticas.
…el Senado de mayoría republicana lo confirmó con 74 votos a favor y 25 en contra. Ratcliffe asumió como director de la Agencia en enero de 2025, y se convirtió en el primer funcionario en haber dirigido tanto la Oficina de Inteligencia Nacional como la CIA.
Este último punto parece el más conflictivo de su nombramiento. Solo hay que leer la celebración de John Cornyn, senador republicano de Texas, por el nombramiento de Ratcliffe: “A lo largo de su tiempo en el cargo electo y como director de Inteligencia Nacional, John ha abogado ferozmente por nuestra seguridad nacional y ha defendido a la administración Trump… me complace haber apoyado su nombramiento”. Pero aún más efusivo resultó el presidente en su red social Truth:
Me complace anunciar que el exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe servirá como director de la CIA. Desde exponer la falsa colusión rusa como una operación de la campaña de Clinton, hasta descubrir el abuso de las libertades civiles por parte del FBI en el Tribunal FISA, Ratcliffe siempre ha sido un guerrero por la verdad y la honestidad con el pueblo americano […] Cuando 51 oficiales de inteligencia mentían sobre la computadora portátil de Hunter Biden, solo había uno, John Ratcliffe, que le estaba contando la verdad al pueblo americano.
Ratcliffe había llegado a la cima de los servicios de inteligencia norteamericanos luego de una carrera poco destacada y provinciana, casi arrastrado de los pelos por el propio Trump, y había usado el cargo para defender los intereses políticos y personales del mandatario. El grado de lealtad personal que el neoyorquino exige a sus funcionarios se puede volver problemático cuando el cargo exige cierta autonomía, como ocurre con la CIA, y cuando la persona a cargo parece carecer de otra calificación que no sea su dependencia personal de Trump, como el caso de Ratcliffe. En un artículo para The Atlantic, Shane Harris lo calificó de “partisan loyalist”. Y no es para menos. El atractivo de Ratcliffe para Trump siempre fue el de un operador político dispuesto a traspasar los límites de un puesto históricamente apolítico para servir a los intereses personales del mandatario.
LA CIA DE TRUMP
El ascenso de Ratcliffe no es menor: simboliza la transformación de la relación entre Trump y los organismos de inteligencia estadounidenses. Si durante el primer mandato hubo un conflicto constante entre el presidente y la burocracia de seguridad nacional, en el segundo Trump ha establecido una estrategia más definida y se ha rodeado de funcionarios cuya principal credencial es la lealtad política. El lugar de los servicios de inteligencia dentro del sistema MAGA puede caracterizarse a partir de cuatro rasgos:
Personalización. Ratcliffe es, antes que un profesional de la inteligencia, un operador político leal. No proviene del establishment tradicional de la comunidad de inteligencia. En este esquema de poder personal, la residencia de Mar-a-Lago funciona como un centro informal de poder: las fotografías difundidas por la Casa Blanca que muestran a Ratcliffe supervisando operaciones militares y de inteligencia junto a Marco Rubio y otros funcionarios desde la mansión privada de Trump reforzaron la imagen de una toma de decisiones cada vez más desplazada de las estructuras tradicionales de Washington.
Esta personalización obra claramente en desmedro de la autoridad y autonomía del propio director de la CIA. Luego de la cumbre de Alaska entre Trump y Putin, la entonces directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, decidió despedir a una de las expertas en Rusia de mayor rango de la CIA, que incluso había ayudando a Trump y a su equipo a prepararse para la diplomacia de alto riesgo sobre Ucrania, y a la que Ratcliffe había designado en un importante puesto en Europa. Aún más flagrante fue el caso de Ralph Goff, un oficial retirado muy respetado entre los espías de Langley, al que Ratcliffe había seleccionado para dirigir operaciones de espionaje en el extranjero. Luego de una reunión de 30 minutos con la activista de extrema derecha Laura Loomer, en la que criticó duramente a funcionarios a quienes considera en desacuerdo con la política exterior de America First, Trump decidió una serie de despidos, entre ellos el de Goff. La noticia afectó la moral de la CIA: el incidente fue percibido como “un reflejo de que Ratcliffe no tiene absolutamente ninguna influencia en la Casa Blanca”, según afirmaron algunos funcionarios.
El ascenso de Ratcliffe no es menor: simboliza la transformación de la relación entre Trump y los organismos de inteligencia estadounidenses.
Ofensiva interna. La CIA es uno de los arietes de Trump contra el deep state. Aquí la designación de Ratcliffe también cobra sentido: dentro y fuera del aparato de inteligencia, siempre obró menos como asesor que como litigante, con una actitud crítica continua hacia la comunidad de espías. La prioridad de Ratcliffe en la CIA es emprender una agresiva reforma burocrática para purgar y disciplinar a las agencias de inteligencia a las cuales Trump siempre acusó de estar “politizadas” en su contra. Tanto Ratcliffe como Gabbard afirmaron que se proponían combatir la “politización” y “weaponización” de la comunidad de inteligencia.
Las herramientas para esa ofensiva interna son variadas: derivaciones penales por filtraciones ilegales, revocación de autorizaciones de seguridad, desclasificación de documentos y, sobre todo, programas masivos de retiro voluntario anticipado e incentivos de renuncia diseñados particularmente para empujar la salida de los analistas y oficiales que entraron tras el 11 de septiembre de 2001, unas mil 200 personas. El gobierno justificó los despidos y recortes bajo los criterios de “eficiencia gubernamental” que han enarbolado el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, y el fugaz consejero al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk.
Paradójicamente, o no tanto, la campaña de despolitización de las agencias de inteligencia implica una politización a un nivel más profundo: cambiar la tradicional doctrina de “limitar la incertidumbre mediante el análisis independiente” para pasar a reforzar las narrativas políticas del Ejecutivo, como, por ejemplo, la rápida validación que dio la DNI de Ratcliffe a la teoría del origen de laboratorio del covid-19.
Informalidad. La erosión de los protocolos de seguridad tradicionales, el desprecio por las leyes de preservación de registros gubernamentales y una gestión altamente informal del Estado y de los servicios de inteligencia, exponen inevitablemente secretos de seguridad nacional a filtraciones y vulnerabilidades tecnológicas. En este caso no se trata tanto de una política deliberada como de una consecuencia de las nuevas modalidades de gestión adoptadas por el gobierno de Trump, caracterizadas por un descuido abierto y completamente coherentes con su política de vaciamiento institucional en favor del personalismo. Las instalaciones de Mar-a-Lago no ofrecen las mismas garantías de seguridad que las dependencias oficiales utilizadas normalmente para operaciones sensibles. Los recortes y despidos masivos implican la pérdida de talento veterano y debilitan la capacidad operativa real de las agencias frente a potencias extranjeras. Otro ejemplo es el caso de los chats en Signal: el asesor de seguridad nacional Mike Waltz creaba chats regularmente en la red Signal para discutir temas como Ucrania, China, Gaza, la política de Oriente Medio, África y Europa con la cúpula de seguridad nacional, entre ellos el propio Ratcliffe, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Defensa Pete Hegseth, incluyendo la coordinación de operaciones militares inminentes como los ataques en Yemen. La incorporación por error de un periodista en el chat filtró esa información e ilustró el grado de erosión de los protocolos de seguridad tradicionales. Sin embargo, en esta gestión de exposición permanente, el Factbook, el informe público que la CIA emite desde 1971 (disponible en línea desde 1997), dejó de publicarse.
…no se trata tanto de una política deliberada como de una consecuencia de las nuevas modalidades de gestión adoptadas por el gobierno de Trump…
Ofensiva externa. Ratcliffe defiende la idea de una Agencia menos cautelosa y más dispuesta a actuar en el exterior, en contraste con enfoques más prudentes de administraciones anteriores. En reuniones de gabinete, Ratcliffe atribuyó a la CIA, bajo dirección de Trump, el despliegue de operaciones encubiertas que permitieron la captura de líderes designados como terroristas —entre ellos el responsable del atentado de Abbey Gate en Kabul— y la liberación de estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero, como Marc Fogel y Ksenia Karelina.
En este campo, a Ratcliffe también lo precede su grisácea reputación. En un artículo de opinión publicado en diciembre de 2020 en The Wall Street Journal calificó a China como “la mayor amenaza para Estados Unidos y para la democracia global desde la Segunda Guerra Mundial”, capaz de usar sus iniciativas públicas y empresas como “camuflaje” de las actividades del Partido Comunista Chino. Esa visión se alinea con la de Trump y con la de Michael Waltz. Ratcliffe también sostiene una postura dura frente a Corea del Norte, Rusia e Irán: en una entrevista de noviembre de 2024 calificó de ingenuo el enfoque diplomático de la administración Obama y respaldó la política de “máxima presión” de Trump, además de proponer que Estados Unidos asista a Israel con un enfoque de “pie en la garganta” contra Teherán.
VENEZUELA Y CUBA: ÉXITOS EN EL CARIBE
El 16 de enero de 2026, apenas dos semanas después de la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Ratcliffe viajó a la capital venezolana para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el primer contacto directo de alto nivel entre Washington y la nueva jefatura del poder chavista. La visita se concretó a instancias de Trump tras una llamada telefónica con Rodríguez el día anterior. Ratcliffe llevó el mensaje presidencial de que “Estados Unidos espera establecer una mejor relación de trabajo”, en cuestiones como la recuperación económica, la cooperación en inteligencia y la necesidad de impedir que Venezuela sirviera de refugio a narcotraficantes y otros adversarios de Estados Unidos.
La presencia de Ratcliffe en Caracas también fue una señal de respaldo a Rodríguez como garante de estabilidad en el corto plazo frente al riesgo de un vacío de poder. Los servicios secretos norteamericanos no olvidan el precedente de Irak como advertencia contra un desmantelamiento abrupto del Estado. De hecho, fue una serie de informes secretos de la inteligencia estadounidense la que decidió a Trump a respaldar a la exvicepresidenta de Nicolás Maduro. El informe de la CIA sugería que la vía más rápida para garantizar la estabilidad a corto plazo y evitar un vacío de poder era mantener gran parte del Ejecutivo actual, pero bajo la tutela de Washington, y describía a Rodríguez como una dirigente pragmática y flexible, como lo demostró en las infructuosas rondas previas de negociación con el enviado Richard Grenell para una salida voluntaria de Maduro.
La presencia de Ratcliffe en Caracas también fue una señal de respaldo a Rodríguez como garante de estabilidad en el corto plazo frente al riesgo de un vacío de poder. Los servicios secretos norteamericanos no olvidan el precedente de Irak como advertencia contra un desmantelamiento abrupto del Estado.
El mismo día en que Ratcliffe se reunió con Rodríguez, Trump recibió en Washington a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Pese a ser obsequiado con la medalla del Nobel de la Paz de Machado, el presidente norteamericano enfrió las expectativas de la dirigente opositora, al punto de poner en duda su liderazgo, para priorizar el control operativo sobre los recursos venezolanos. Aún más significativo fue que el secretario de Estado Marco Rubio, históricamente involucrado en la democratización del Caribe y admirador expreso de Machado, recogiera la voluntad trumpista de que la oposición venezolana permaneciera relegada por ahora y que el control político real correspondiera a quienes ya estaban en el territorio.
Trump declaró que su administración básicamente “gobernará” Venezuela durante la transición, con foco en el control de la producción petrolera y el despliegue de la flota en el Caribe, como parte de una estrategia de intervención directa que Estados Unidos justifica como necesaria para eliminar los refugios de adversarios de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Delcy Rodríguez, por su parte, parece haber aceptado las condiciones de Washington a cambio de mantenerse al frente de la gestión diaria del país.
Envalentonado por el éxito en Venezuela, el 14 de mayo de 2026, Ratcliffe viajó a La Habana, en lo que constituye la visita de mayor rango de un funcionario de Trump hasta ese momento a la isla. Allí se reunió con el ministro del Interior cubano, Lázaro Álvarez Casas, el jefe de Inteligencia cubano y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y exjefe de la seguridad personal de su abuelo. Rodríguez Castro, a quien en la isla apodan “El Cangrejo”, ya se había reunido anteriormente en secreto con Marco Rubio, al margen de una cumbre de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal en febrero. Esta reunión se produjo mientras en Estados Unidos avanzaba un proceso para indagar judicialmente a Raúl Castro, de 95 años, por el derribo cubano, en 1996, de aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. La entrevista concedida posteriormente por Rodríguez Castro a USA Today permitió conocer públicamente el alcance de esas conversaciones y, sobre todo, su propia posición ante una eventual negociación con Washington: afirmó estar dispuesto a dialogar con Donald Trump o con cualquier representante designado por Estados Unidos; señaló que asumiría un papel político si “la Revolución” se lo solicitaba, pese a no considerarse un político; y planteó la necesidad de una mayor apertura económica, con participación del sector privado y del capital extranjero. También afirmó que podría discutirse la liberación de personas consideradas presos políticos.
Envalentonado por el éxito en Venezuela, el 14 de mayo de 2026, Ratcliffe viajó a La Habana, en lo que constituye la visita de mayor rango de un funcionario de Trump hasta ese momento a la isla.
Ratcliffe, por su parte, llevó a La Habana a un líder paramilitar involucrado en el secuestro de Maduro, al que presentó como el hombre que mató a los agentes cubanos en Venezuela. Con semejante comitiva a su lado, el director de la CIA transmitió personalmente el mensaje de Trump de que Estados Unidos está dispuesto a “involucrarse seriamente en temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”: se discutió cooperación en inteligencia, estabilidad económica y seguridad, sobre la conocida premisa de que “Cuba ya no puede ser un refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental”. Días antes de la visita, el Departamento de Estado había ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria condicionada a “reformas significativas al sistema comunista de Cuba”. Poco antes de la visita, Trump había escrito en Truth Social que “Cuba está pidiendo ayuda” y que las partes “vamos a hablar”.
El gobierno cubano trató de demostrar que la isla “no constituye una amenaza” para la seguridad de Estados Unidos y que no existen “razones legítimas” para mantenerla en la lista de patrocinadores del terrorismo: negó albergar bases militares o de inteligencia extranjeras o apoyar a grupos terroristas. La visita de Ratcliffe se produjo en medio de un colapso de la red eléctrica nacional cubana y una severa escasez de combustible, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington desde enero de 2026. La decisión del gobierno cubano de aprobar en junio de este año un paquete de medidas económicas que prevé la autorización de grandes empresas privadas, una mayor apertura a la inversión extranjera, la participación de actores privados en sectores hasta ahora reservados al Estado y cambios en el acceso a la propiedad y a los servicios financieros puede entenderse mejor a la luz de esta crisis energética y este acercamiento condicionado de los Estados Unidos a través de Ratcliffe.
Tras la operación en Venezuela, Trump había planteado públicamente la posibilidad de una “toma” de Cuba “casi de inmediato”, mientras el secretario de Estado Marco Rubio expresó dudas sobre la posibilidad de cambiar la trayectoria del país mientras el liderazgo actual permanezca en el poder, aunque matizó que Estados Unidos podría conformarse con reformas económicas amplias en lugar de un cambio de régimen total. Ese tipo de disidencias se harían más graves a medida que la crisis iraní escalaba y se introducía en el corazón del mundo MAGA.
El gobierno cubano trató de demostrar que la isla “no constituye una amenaza” para la seguridad de Estados Unidos y que no existen “razones legítimas” para mantenerla en la lista de patrocinadores del terrorismo…
MÉXICO Y LA MUERTE DE DOS AGENTES
Entre el 17 y el 19 de abril de 2026, mientras Ratcliffe consolidaba la presencia de la CIA en Caracas y Estados Unidos ya estaba en plena guerra contra Irán, un episodio ocurrido en el norte de México trasladó la atención de la Agencia hacia otro frente. Un operativo conjunto entre la Fiscalía de Chihuahua y el Ejército mexicano para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetaminas en el municipio de Morelos, en la Sierra Madre Occidental, terminó en tragedia cuando el convoy regresaba hacia la capital del estado: alrededor de la 1:50 de la madrugada del domingo 19, uno de los vehículos perdió el control en un camino de terracería y se volcó. Murieron cuatro personas: el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes; su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes; y dos agentes de la CIA cuyas identidades nunca fueron dadas a conocer oficialmente.
La revelación, confirmada días después por The Washington Post y The New York Times, desencadenó una crisis diplomática. Según el primer informe de la Fiscalía chihuahuense, los dos estadounidenses vestían de civil, no portaban insignias ni armas y llevaban el rostro cubierto la mayor parte del tiempo. El gobierno federal mexicano confirmó posteriormente que ninguno de los dos agentes estaba autorizado para participar en operaciones dentro del país: uno había ingresado como simple visitante y el otro con pasaporte diplomático, pero ninguno contaba con la acreditación que exige la legislación mexicana para realizar tareas de inteligencia. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ni ella ni su gabinete tenían conocimiento de la presencia de agentes de la CIA en ese operativo, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó explicaciones formales a Washington y la Fiscalía General de la República abrió investigaciones por posibles violaciones a la ley de seguridad nacional.
Las repercusiones fueron inmediatas. El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, ofreció versiones contradictorias sobre lo ocurrido en menos de 24 horas y terminó presentando su renuncia, mientras el gobierno mexicano exigía que los agentes estadounidenses destacados en el país se retiraran o regularizaran su situación conforme a los mecanismos previstos por la ley. Washington, por su parte, optó por retirar discretamente al personal involucrado, en una respuesta oficial que se mantuvo tibia: la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió públicamente “más empatía” hacia el esfuerzo estadounidense contra el narcotráfico, sin referirse a las irregularidades del operativo. El episodio sumó un nuevo foco de tensión a una relación bilateral ya atravesada por diferencias en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico, y expuso, para la CIA de Ratcliffe, un despliegue operativo que la Agencia —con un rol cada vez más agresivo en América Latina, incluso en tareas antinarcóticos que tradicionalmente correspondían a la DEA— no había buscado hacer público.
El episodio sumó un nuevo foco de tensión a una relación bilateral ya atravesada por diferencias en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico, y expuso, para la CIA de Ratcliffe, un despliegue operativo que la Agencia (…) no había buscado hacer público.
IRÁN: DE LA CRISIS INTERNACIONAL A LA CRISIS INTERNA
Ya vimos que, a lo largo de su trayectoria, Ratcliffe se perfiló como un halcón ante Irán, proponiendo una postura más agresiva en coordinación con Israel y el Mossad para frustrar las ambiciones nucleares de Teherán, contrarrestar a la Fuerza Quds y a los grupos proxy —Hezbolá, Hamás, hutíes, Fuerzas de Movilización Popular— y monitorear las actividades de los servicios de inteligencia iraníes (MOIS y la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica). Desde esa posición, alineó a los servicios de inteligencia en la Operación Epic Fury contra Irán el 28 de febrero de 2026.
El 14 de junio de 2026, ante el estancamiento del frente bélico y el colapso económico global causado por el cierre del estrecho de Ormuz, el gobierno norteamericano anunció un Memorando de Entendimiento (MOU) entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego, reabrir el estrecho y abrir un período de 60 días de negociaciones técnicas sobre el desmantelamiento del programa nuclear iraní. Trump presentó el entendimiento como una victoria de su estrategia de “máxima presión”, una oportunidad para transformar una operación militar en un resultado diplomático favorable. Sin embargo, desde el comienzo existieron dudas dentro de la propia administración sobre la viabilidad del acuerdo y sobre la disposición efectiva de Teherán de cumplir sus compromisos.
El contenido del Memorando, compuesto por 14 puntos, fue divulgado posteriormente, confirmando los principales elementos que habían trascendido. Irán reiteraba el compromiso de no adquirir nunca un arma nuclear; ambas partes acordaban resolver la disposición del uranio enriquecido almacenado y discutir el enriquecimiento futuro en un acuerdo final; Irán haría “sus mejores esfuerzos” para garantizar el paso seguro de buques comerciales por Ormuz durante 60 días sin cobrar tarifas, mientras Estados Unidos levantaba gradualmente su bloqueo; se contemplaba un fondo de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción económica de Irán, condicionado al cumplimiento de los compromisos asumidos y a un acuerdo definitivo; y la liberación de fondos congelados iraníes seguiría un esquema de “pago por desempeño”. En el caso de alcanzarse un acuerdo nuclear final, Estados Unidos retiraría en 30 días las fuerzas movilizadas para la guerra y levantaría las sanciones conforme a un cronograma acordado; si Irán incumplía, Washington conservaría la posibilidad de reanudar la ofensiva militar, una posibilidad que terminó materializándose tras la ruptura del entendimiento. Sin embargo, la divulgación del texto confirmó también que varios de los puntos más sensibles del acuerdo —como el alcance efectivo del desmantelamiento nuclear, los mecanismos de verificación y la secuencia entre las concesiones iraníes y el levantamiento de sanciones— quedaban sujetos a negociaciones posteriores.
Ratcliffe se perfiló como un halcón ante Irán, proponiendo una postura más agresiva en coordinación con Israel y el Mossad para frustrar las ambiciones nucleares de Teherán…
Para sorpresa de Trump, Ratcliffe, el más leal de los leales, advirtió al presidente y a otros altos funcionarios que la inteligencia recopilada genera “serias dudas” sobre la disposición real de Irán a hacer concesiones nucleares sustantivas. En las discusiones internas, Rubio y Pete Hegseth compartieron ese escepticismo, mientras el vicepresidente Vance y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner defendieron avanzar con el acuerdo. Finalmente prevaleció el consenso impulsado por Trump de “terminar con esto”, decidido en una reunión interna en la Casa Blanca aproximadamente dos semanas antes del anuncio. Las advertencias de Ratcliffe apuntaban al punto más vulnerable del acuerdo: la voluntad real de Teherán de realizar concesiones nucleares sustantivas y sostenerlas durante una negociación cuya etapa decisiva todavía estaba por comenzar.
En el plano internacional, el MOU fue elogiado por el presidente francés Emmanuel Macron en la cumbre del G7 en Evian y generó inquietud en Israel. Netanyahu defendió públicamente la relación con Washington pero marcó distancia al presentar el pacto como una decisión exclusiva de Trump. Medios iraníes, por su parte, presentaron el Memorando como una victoria propia frente a un adversario mucho más poderoso. Sin embargo, la expectativa de consolidación rápida del entendimiento se derrumbó cuando Irán retomó acciones militares en el estrecho de Ormuz, atacando buques comerciales, y Estados Unidos respondió con nuevos ataques contra objetivos iraníes. La escalada posterior dejó al MOU prácticamente sin efecto y confirmó las dudas sobre la fragilidad de un acuerdo cuya implementación dependía de una confianza política que nunca llegó a consolidarse.
En su momento, Trump defendió públicamente el acuerdo como un éxito de política exterior, atribuyéndole un mercado bursátil en máximos históricos y la caída de los precios del petróleo, y calificó a sus críticos de tontos, envidiosos o de mala fe. Según reportes de Axios, Israel Hayom y otros medios, el presidente habría evaluado la posibilidad de destituir a Ratcliffe y Hegseth por haber expresado dudas internas sobre el acuerdo.
Como director de la CIA, Ratcliffe no toma posición política, no negocia ni decide: su rol es proporcionar el “contexto de inteligencia” para las negociaciones que llevan adelante Vance, Witkoff y Kushner. La posterior ruptura del entendimiento reforzó la relevancia de las advertencias transmitidas por el tejano, aunque también expuso la tensión permanente entre una evaluación de inteligencia desfavorable y la voluntad política del presidente de presentar el acuerdo como un éxito. Un portavoz de la Casa Blanca desmintió públicamente los rumores de despido, y un portavoz del Pentágono afirmó que Hegseth “apoya el acuerdo de paz con Irán y todos los objetivos del presidente Trump”. Aún así, la purga trumpista, o su posibilidad en el mundo de los rumores, habría buscado ser un mensaje disciplinador para el resto del gabinete: la discrepancia técnica se toleraría solo mientras no contradiga la narrativa presidencial.
Para sorpresa de Trump, Ratcliffe, el más leal de los leales, advirtió al presidente y a otros altos funcionarios que la inteligencia recopilada genera “serias dudas” sobre la disposición real de Irán a hacer concesiones nucleares sustantivas.
Con todo, es sintomático que Marco Rubio, pese a también haber planteado objeciones al MOU, haya quedado fuera de las amenazas de purgas o de los rumores. El secretario de Estado conserva una suerte de “inmunidad” política porque no atacó públicamente el acuerdo y, sobre todo, porque mantiene una popularidad significativa dentro del ecosistema republicano. Esto demuestra el costo de gobernar por lealtad: Rubio es dueño de su poder y de sus ideas; Ratcliffe, al igual que Hegseth, es una figura políticamente marginal que nunca habría alcanzado el lugar político que ocupa si no hubiera sido por la voluntad de Trump, una voluntad que en su caso está atada a una lealtad cada vez más difícil de mantener en un sistema extremadamente personalista y un contexto sumamente inestable. 