El gobierno de José Jeri promulgó una ley contra la extorsión y el sicariato dirigida al sector transporte, para contener el descontento social por el avance de la criminalidad en el país. El presidente sostuvo que la norma representa un punto de quiebre en la lucha contra la criminalidad, aunque los resultados dependen de su aplicación. En el norte y el sur del Perú, donde operan bandas dedicadas a la extorsión de transportistas, la población exige resultados. El Ejecutivo anunció también la creación de una división especializada de la Policía Nacional para investigar casos específicos en la materia.

La decisión se enmarca en los reclamos que dicho sector impulsó a propósito de la delicada situación de seguridad que vive el país. También es una respuesta al paro nacional que los conductores podrían concretar en breve. Sin embargo, la acción del presidente fue recibida con escepticismo; en una reunión con transportistas en Acho, le reclamaron que «no hable mucho y actúe«, señalando la desconfianza del gremio en las promesas del Ejecutivo.

Pero no todo son señales de diálogo y procesamiento de demandas por parte del gobierno. En una medida adicional para controlar el clima de protestas, se reveló que el partido de gobierno aprobó destinar más de S/ 3.000 millones para enfrentar los conflictos sociales. Esta inversión financiera, justificada por el presidente Jeri y el partido Somos Perú en el contexto de la inestabilidad social, busca reprimir las protestas que han desestabilizado el país. Esta acción subraya que la gestión de la conflictividad social, junto con el tema de seguridad, se ha convertido en una prioridad fiscal y política para el Ejecutivo.