La oposición social al gobierno de José Jeri y al Congreso se manifestó con una nueva marcha nacional el pasado 14 de noviembre. La Generación Z y sindicatos salieron a las calles en Lima y ciertas regiones, consolidando la protesta social. Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra la cuestión de la seguridad, en un contexto en el que la criminalidad sigue azotando al país.

La presión de las movilizaciones se mantuvo activa en el territorio nacional. Además, se reportó que las manifestaciones contra el gobierno de Jeri continuarán en Puno, una de las regiones más afectadas por la conflictividad social. Además, la visita del presidente Jeri a Junín estuvo marcada por protestas y un fuerte resguardo policial, lo que subraya la dificultad del Ejecutivo para presentarse en el interior del país sin enfrentar el rechazo social.

En este marco, el Ejecutivo anunció que el Estado de Emergencia se extenderá en Lima y Callao como medida de control de la conflictividad. No obstante, se aclaró que esta extensión no incluirá toque de queda, lo que supone una limitación en las restricciones impuestas a la ciudadanía. De todas formas, aún sin apelar a medidas como el toque de queda, la respuesta policial a las marchas incluyó incidentes como el cerco de la Policía Nacional del Perú (PNP) al campus de San Marcos y la detención de un estudiante horas antes de la marcha nacional del 14 de noviembre.

En un contexto que pone en duda la credibilidad institucional de las fuerzas del orden, se reveló una grave crisis interna policial. La Fiscalía investiga a cerca de 300 uniformados vinculados al crimen organizado como «infiltrados en la PNP». Esta denuncia, manejada por el Ministerio del Interior, agrava la percepción de la crisis sistémica en el país, especialmente cuando la PNP es la principal responsable de la seguridad en el marco del Estado de Emergencia.