El lunes 20 de abril, tribunales de El Salvador iniciaron un juicio colectivo contra 486 presuntos miembros de pandillas. Se trata de uno de los procesos judiciales masivos más grandes en la historia del país y forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, la cual se ha desarrollado durante los últimos cuatro años bajo un régimen de excepción que ha generado críticas en diversos sectores.
Entre los acusados se encuentran integrantes de la cúpula de la pandilla MS-13, específicamente de su estructura conocida como la “Ranfla Nacional”. Las autoridades los señalan, entre otros delitos, de haber ordenado la masacre de 86 personas ocurrida durante el último fin de semana de marzo de 2022. Este hecho violento fue el detonante para la implementación del estado de emergencia, el cual ha sido prorrogado en 49 ocasiones desde entonces.
El juicio colectivo fue autorizado por el Congreso salvadoreño, donde el oficialismo cuenta con una amplia mayoría, como parte de las medidas extraordinarias contempladas en el régimen de excepción. Sin embargo, este tipo de procesos ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que los enjuiciamientos colectivos podrían vulnerar garantías fundamentales, como el debido proceso y el acceso a una defensa adecuada.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) expresó recientemente su preocupación por las posibles consecuencias en materia de derechos humanos derivadas de la prolongación del estado de emergencia. Además, reiteró su llamado al gobierno salvadoreño para que ponga fin a esta medida excepcional.