La noche del 18 de agosto, hombres encapuchados vestidos de repartidores de delivery dispararon tres veces contra Nadia Beller frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. La fiscalía abrió una causa por tentativa de feminicidio. La víctima, abogada y activista de 33 años con cinco semanas de embarazo, señaló a Fernando Cerimedo —consultor argentino que el gobierno de Rodrigo Paz había incorporado a su círculo más cercano— como autor intelectual del ataque. Horas después, Cerimedo fue detenido en el aeropuerto Viru Viru cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires; en paralelo, la fiscalía abrió un proceso por enriquecimiento ilícito.

El perfil de Cerimedo convierte el caso en algo que desborda la crónica policial. Estratega político, exasesor de Javier Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023, fundador de La Derecha Diario y CEO de Numen Publicidad, Cerimedo había reconocido haber coordinado miles de trolls en redes durante esa campaña. En Bolivia llegó sin cargo formal ni contrato estatal: el gobierno de Paz lo describió, tarde y a regañadientes, como colaborador de “comunicación digital”. Sin embargo, los chats que Beller publicó en sus redes muestran al propio Cerimedo atribuyéndose incidencia en decisiones políticas. El Poder Ejecutivo no explicó la contradicción.

La primera acusación institucional llegó desde adentro del propio gobierno. El vicepresidente Edmand Lara —enfrentado con Paz desde la primera vuelta electoral— calificó el ataque como “atentado a la democracia” y confirmó lo que el Ejecutivo intentó minimizar: Cerimedo era el asesor principal del presidente, participaba de las reuniones de gabinete, designaba funcionarios en los ministerios, manejaba la línea editorial de medios y operaba la comunicación presidencial desde adentro y desde afuera. El vicepresidente boliviano llegó a expresar públicamente que “Cerimedo participaba más en las reuniones que el vicepresidente que fue electo democráticamente”. Lara exigió a Paz que explique de dónde vino Cerimedo, quién lo trajo y cómo ingresó al país, y advirtió que el gobierno y sus medios ya habían comenzado a “minimizar o desviar lo sucedido”. “Bolivia—dijo Lara—no puede acostumbrarse a que alguien sin cargo, sin contrato y sin control tome decisiones de Estado”.

El interrogante de Lara toma fuerza al verificar que el caso de Fernando Cerimedo no se reduce a las fronteras bolivianas: es el punto de llegada de una trayectoria de al menos una década que atraviesa varios países. Su carrera como operador de la derecha regional pasó por Mauricio Macri en 2019 y siguió con Jair Bolsonaro en 2022, cuando coordinó la campaña del ex presidente de extrema derecha en Brasil y el Supremo Tribunal Federal lo identificó como parte del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral” en la investigación por el intento de golpe de Estado. Con Milei integró la mesa chica, administró miles de trolls y gestionó la entrevista de Tucker Carlson al entonces candidato. La ruptura con el entorno libertario llegó con el escándalo de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad, al haber ratificado la existencia de un circuito de coimas en la compra de medicamentos que involucraría al entorno de Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia.

En el plano judicial boliviano, la investigación avanzó en varios frentes a la vez. La fiscalía pidió 180 días de prisión preventiva y la audiencia de medida cautelar quedó fijada para el jueves 20 de agosto. La defensa de Cerimedo ensayó la hipótesis del autoatentado, pero el informe de la Clínica Las Américas descartó esa tesis: los tres impactos de bala son reales. La Justicia ordenó que la causa no fuera en reserva, respondiendo a una solicitud de Beller que había denunciado encubrimiento policial en favor del argentino. En La Paz, un allanamiento derivado del proceso de enriquecimiento ilícito tuvo un episodio revelador: un exmilitar vinculado al caso escapó por los techos antes de ser detenido.

La secuencia traza una arquitectura de poder que el gobierno de Paz no logra explicar con coherencia. Cerimedo operó durante meses como un nodo de decisión informal, sin cargo visible, sin contrato publicado, con acceso a reuniones de gabinete y con capacidad de incidir en nombramientos ministeriales. La pregunta que Lara instala —y que el gobierno no responde— es, en el fondo, una pregunta sobre quiénes y cómo gobiernan Bolivia.