Bolivia ha estado fuertemente impactada por una doble crisis que combina escasez de combustible e inundaciones severas, afectando la producción agrícola y ganadera. El 22% del área productiva del país ha sido dañada por el exceso de lluvias, mientras que la persistente falta de diésel limita las tareas agrícolas y de transporte. Los productores del oriente boliviano han advertido que, si no se restablece el suministro de combustible, las consecuencias económicas se agravarán considerablemente.

Esta situación se enmarca en una situación crítica más amplia: más de 4.500 comunidades en el país están sufriendo el golpe del agua, que arrasó cultivos y provocó la pérdida de alimentos de subsistencia, en particular en regiones rurales. Familias campesinas han reportado la pérdida total de sus parcelas, lo que compromete su seguridad alimentaria. El fenómeno ha golpeado especialmente a poblaciones indígenas y comunidades en zonas vulnerables.

A este escenario se suma un nuevo foco de conflicto urbano: la Federación de Panificadores anunció un paro de 48 horas debido a la falta de harina, lo que podría afectar el suministro de pan en varias ciudades del país. EMAPA, la empresa estatal que distribuye harina subvencionada convocó a un diálogo para evitar el paro, sin resultados confirmados al cierre de la presente publicación.