En julio de 2025 la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) identificó a más de cinco mil 200 niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo en Uruguay. La mayoría, cerca de tres mil 500, eran mayores de 15 años. Esta situación, que se repite año tras año, con más de seis mil desvinculados en 2024, fue abordada por la gestión del Frente Amplio como un problema estructural y urgente que vulnera derechos fundamentales. Según Nilia Viscardi, directora de Derechos Humanos de la ANEP, la desvinculación escolar es una violación a los derechos humanos, porque impide el acceso a la educación, desarticula los lazos sociales y deja a los adolescentes sin herramientas para ejercer ciudadanía. Desde esta perspectiva, no se trata solo de una omisión individual, sino de una exclusión sostenida por condiciones de desigualdad, estigmatización y abandono estatal.
Frente a este diagnóstico, se impulsó un plan de acción interinstitucional encabezado por ANEP, que articuló con el MIDES, el INAU, INISA, el Ministerio del Interior, el MEC, la Secretaría de Deportes y la ONFI. Durante tres semanas, estos organismos desplegaron un operativo territorial para buscar uno por uno a los adolescentes desvinculados, luego de que un primer intento de contacto por mensaje de texto diera resultados ínfimos. La estrategia consistió en una revinculación activa y personalizada, orientada no solo al regreso a clases, sino también al acompañamiento social, el reencuentro con los derechos y la reconstrucción del sentido colectivo de la educación. El desafío, como señaló Viscardi, no es solo reintegrar, sino evitar que las niñas, niños y adolescentes vuelvan a quedar por fuera del sistema educativo.
