La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que amplía el control del Ejecutivo sobre las tierras raras —como se conoce a los 17 elementos químicos más críticos para la transición energética y necesarios para los teléfonos inteligentes, turbinas eólicas, luces LED, televisores de pantalla plana, baterías de vehículos eléctricos, los escáneres de resonancia magnética y tratamientos contra el cáncer, entre otros— y crea incentivos fiscales para su explotación y procesamiento en el país. Aunque la iniciativa aún debe pasar por el Senado, ya prevé que el gobierno pueda vetar acuerdos con empresas extranjeras además de crear un nuevo Consejo Especial de Minerales Críticos y Estratégicos.

La aprobación coincide con el interés de Estados Unidos y Europa en las reservas brasileñas, país que posee la segunda mayor reserva mundial de estos minerales después de China, aunque carece de la capacidad tecnológica para procesarlos. Por este motivo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva impulsa acuerdos internacionales, como el memorándum de entendimiento con España, para facilitar la transferencia de tecnología, investigación y financiamiento, ya que el mandatario defiende la inversión extranjera, pero insiste en que Brasil no debe limitarse a ser exportador sino que debe agregar valor industrial a esos recursos.

El debate también estuvo marcado por las críticas a la venta que hizo el estado de Goiás de la minera Serra Verde a la estadounidense USA Rare Earth por dos mil 800 millones de dólares, algo que Lula criticó duramente por asumir competencias que pertenecen al gobierno federal habiendo otorgado a Estados Unidos influencia directa sobre la mina Pela Ema.