El Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecutó la suspensión provisional por nueve meses del registro del movimiento Amigo, la organización que la Revolución Ciudadana (RC) había elegido como vehículo para inscribir a sus candidatos en las elecciones seccionales del 29 de noviembre. La medida responde a un auto de admisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) —dentro de la causa 110-2026-TCE— a partir de una denuncia reservada del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en el marco de la investigación previa por presunto lavado de activos que involucra a directivos del movimiento. La sesión no estuvo exenta de fricciones internas: la consejera Elena Nájera cuestionó la naturaleza jurídica de la orden, mientras decenas de simpatizantes correístas se concentraron en las afueras de la sede del CNE en Quito con pancartas contra el Gobierno.

El propio movimiento Amigo respondió con una recusación contra el juez del TCE, Patricio Maldonado, a quien acusó de haber anticipado su fallo al calificar de “apariencia de buen derecho” el pedido fiscal antes del contradictorio, una causal contemplada en el artículo 241, numeral 6, del Código de la Democracia. El expresidente Rafael Correa cuestionó la medida en redes sociales —“¿A alguien le puede quedar alguna duda que Noboa robó las elecciones presidenciales y ahora está robando las elecciones locales?”—, mientras el movimiento Reto calificó la situación de muestra de “deterioro institucional” y organizaciones como Revoca EC insistieron en sus pedidos de revocatoria contra Noboa y la vicepresidenta María José Pinto.

La controversia escaló hasta la Asamblea Nacional, donde la legisladora Liliana Durán, de la bancada de Revolución Ciudadana, solicitó desclasificar parcialmente el expediente fiscal que sustentó la denuncia contra Amigo, para que el Legislativo pueda fiscalizar su legalidad y motivación. “En un país donde se pretende proscribir a la oposición y vulnerar la democracia, el silencio es complicidad”, manifestó la legisladora. Por su parte, el jurista Mauro Andino afirmó que “vivimos en dictadura” y responsabilizó al TCE de operar bajo control del Ejecutivo, mientras el analista Santiago Basabe sostuvo que el oficialismo y sus aliados “quieren ganar como sea, a la buena o a la mala”, en un contexto que sectores críticos vinculan con la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la suspensión de derechos políticos del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora.

La suspensión de Amigo repite el guion que meses atrás afectó a la propia Revolución Ciudadana, inhabilitada en el marco de la causa reservada “Caja Chica”, que indaga a Luisa González, Rafael Correa y otros dirigentes por el presunto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, aseguró que la agrupación ya cuenta con “varias alianzas” con otras organizaciones dispuestas a albergar sus candidaturas, aunque evitó identificarlas: “La verdad me da miedo decirlo (…) no queríamos anunciar Amigo porque el rato que se enteren lo iban a sancionar”. Recién en agosto, al inscribirse las candidaturas ante el CNE, se conocerá bajo qué sigla competirán figuras como Pabel Muñoz en Quito y Luisa González en Manabí; hasta ahora, de las 468 alianzas electorales registradas para las seccionales, el organismo solo había validado 18.