El ministro del Interior, John Reimberg, fue recibido a tiros por una mujer cuando pretendía ingresar a un domicilio en Esmeraldas, en el norte del país, en el marco de un operativo contra una red de narcotráfico y tráfico ilegal de combustible.

En paralelo, un cuerpo decapitado fue hallado colgado de un puente en una autopista en las afueras de Quito, una práctica que se volvió habitual durante los enfrentamientos entre cárteles en México y que también fue adoptada por facciones que operan en la zona costera de Guayaquil. Según las autoridades, el hecho estaría vinculado a una disputa por el control del narcotráfico entre Los Lobos, el grupo criminal dominante en Ecuador, y bandas de la zona de Guayllabamba ligadas a Los Choneros. Medios locales señalaron que el episodio “derribó una de las barreras que aún separaban a Quito —donde escenas de este tipo eran “prácticamente inéditas”— de las provincias más azotadas por el crimen organizado”.

Estos hechos ocurren en un país donde, desde enero de 2024, rige la declaratoria de conflicto armado interno con la que el presidente Daniel Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a 22 grupos del crimen organizado. Pese a la militarización de la seguridad y la construcción de la cárcel de El Encuentro, Ecuador registró en 2025 un total de 9 mil 216 homicidios, un incremento del 30,48% respecto a 2024. Analistas como Luis Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador, sostienen que el país ha importado de El Salvador una «estética» de la guerra contra el crimen que no logra revertir la fragmentación de estructuras criminales, presentes en más de 150 de los 222 cantones del país según ACLED, una organización global especializada en el análisis de conflictos armados.

En ese mismo marco de vigencia prolongada del conflicto armado interno, la organización internacional CIVICUS mantuvo esta semana a Ecuador en su lista de vigilancia global por el deterioro de las libertades cívicas, al considerar que la continuidad del estado de excepción es uno de los factores centrales de esta evaluación. La organización advirtió que la nueva política de seguridad de julio de 2026, que incorpora el concepto de “extremismo violento”, podría ampliar el margen de discrecionalidad de las autoridades frente a organizaciones indígenas, sindicatos y movimientos estudiantiles. El informe cita como ejemplo el congelamiento de las cuentas de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) en junio de 2026, así como una caída de 31 posiciones de Ecuador en el Ranking Mundial de Libertad de Prensa 2026, que lo ubicó en el puesto 125.