El análisis de Carrillo Nieto muestra que las reformas para lo que llama “reestructuración neoliberal” de México se centraron en cinco ejes: (I) la eliminación de protecciones a la fuerza de trabajo y su sometimiento a la ley de la oferta y la demanda para limitar su costo, (II) el retiro del Estado de las actividades económicas y la privatización de sectores que pudieran generar beneficios a particulares, (III) la apertura comercial al mercado internacional, acompañado de la liberalización financiera, (IV) el desentendimiento del Estado de los problemas de desigualdad social mediante la eliminación de subsidios y de las instituciones de seguridad social, y (V) la reorientación de las funciones del Banco Central hacia el control de la inflación, otorgándole autonomía y limitando el uso de recursos públicos para el desarrollo social. La politóloga mexicana Rhina Roux suma a estos ejes la reforma educativa, la redefinición de las relaciones con la Iglesia y la reestructuración del régimen de propiedad agraria.⁷ Cabe mencionar que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se de­cretaron más reformas constitucionales y se modificaron más artículos que en cualquier otro periodo: en el primero, hubo 36 reformas que alteraron 110 normas; en el segundo se hicieron 28 reformas para intervenir 156 artículos.⁸

Un momento clave en esta historia fue la adhesión de México al Consenso de Washington en los años noventa,⁹ luego de entrar en una espiral de endeudamiento externo ocasionado por los propios organismos financieros internacionales (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) y por bancos multinacionales que después se volvieron sus prestamistas. Una consecuencia nodal de ello fue la caída del patrimonio nacional vía reformas constitucionales de ajuste macroeconómico y reestructuración estatal: de 1982 a 2016, el número de organismos del sector público pasó de mil 155 a tan solo 201. En el caso de las empresas de participación estatal mayoritaria, la disminución fue aún más drástica: de las 744 empresas que había en 1982, sólo continuaban existiendo 47 para el año 2016, una reducción del 93.7%. Los recursos obtenidos por la venta de esas compañías supuestamente servirían para pagar los intereses de la deuda del sector público; sin embargo, ésta continuó creciendo en términos absolutos y relativos, alcanzando para finales de 2016 el 50.9% del producto interno bruto (PIB) —479 mil millones de dólares.¹⁰

El decálogo de Williamson auguraba un crecimiento sostenido y acelerado, considerando la tasa de crecimiento económico como el único criterio objetivo de prosperidad. No obstante, para 2018, después de 36 años de políticas neoliberales bajo gobiernos que abogaron por un “Estado mínimo”, el PIB de México crecía a una tasa media de 2.3% anual, muy por debajo del 6.1% visto entre 1935 y 1982; el PIB per cápita crecía en promedio 0.7% al año, en contraste con el 3.2% del periodo desarrollista.¹¹ En estos índices se cristalizan problemáticas severas, como el aumento de la pobreza y la desigualdad, el incremento de la macrocriminalidad, los constantes flujos migratorios hacia el extranjero y la profunda dependencia externa de la economía mexicana.¹²

II. Las reformas constitucionales durante el gobierno de López Obrador

Las políticas impulsadas por la administración de López Obrador buscaron ser una respuesta integral a los males heredados del ya citado periodo neoliberal. En el marco del aniversario de la Constitución de 1917 celebrado el 5 de febrero de 2018, cuando aún era precandidato a la presidencia, López Obrador expresó que la ley fundamental mexicana ya no contenía los principios del texto original porque había sido ajustada “a los intereses de la banda de malhechores” dedicados a robar y saquear a México desde el poder. En ese mismo discurso adelantó que, por ello, en su mandato se llevarían a cabo reformas constitucionales, principalmente en los ámbitos de la educación, la energía y el trabajo. Aunque nunca alcanzó la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas, el Jefe de Estado logró que el Congreso avalara la mitad de las iniciativas de reforma presentadas —el legislativo aprobó cinco de diez propuestas. En total, durante el gobierno de López Obrador se emitieron 22 decretos de reforma constitucional que modificaron 62 artículos de la carta magna.¹³ Entre ellas destacan la ampliación de la consulta popular y la introducción de la revocación de mandato, el otorgamiento de rango constitucional a diversos programas sociales, la prohibición de la condonación de impuestos y la creación de la Guardia Nacional.

Dos reformas que fortalecieron la democracia directa, la rendición de cuentas y la participación ciudadana fueron las concernientes al mecanismo de consulta popular y la que introdujo la revocación de mandato. Con la primera se incorporó la posibilidad de consultar temas de trascendencia regional (y no sólo nacional) y se añadió a la lista de temas que no pueden ser objeto de consulta los derechos humanos derivados de tratados internacionales, la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos de elección popular, el sistema financiero, los ingresos y gastos públicos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y las obras de infraestructura en ejecución. La revocación de mandato podrá iniciarse a petición de los ciudadanos (por lo menos un 3% de la lista nominal de electores correspondiente a 17 entidades federativas) luego de que haya transcurrido la mitad del sexenio, y tendrá efectos obligatorios si se supera el 40% de la participación ciudadana y se alcanza la mayoría absoluta (más de la mitad de los votos en favor de la revocación).

El 8 de mayo de 2020 se incorporó al artículo 4° de la Constitución el derecho a la protección de la salud, garantizando el acceso a servicios de atención integral y gratuita a quienes no cuenten con seguro social a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI). También se incluyeron las becas para estudiantes de educación media y superior, para personas con discapacidad (prestación dirigida, fundamentalmente, a menores de 18 años, a indígenas y afromexicanos hasta los 64 años y personas en condición de pobreza) y adultos mayores (personas mayores de 68 años que tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva; en el caso de indígenas y afromexicanos, la prestación se otorga a partir de los 65 años).

El 7 de marzo de 2020 se incorporó al artículo 28 de la Constitución la prohibición de la condonación de impuestos en México, estipulando: “Quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”. Con ello se reserva para casos extraordinarios que el Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal implemente exenciones y estímulos fiscales para fomentar el desarrollo económico.

Según datos oficiales,¹⁴ el recuento histórico de condonación de impuestos en periodos anteriores —2007 a 2018— muestra que esta práctica de evasión fiscal costó a las arcas públicas alrededor de 20 mil millones de dólares. Cabe mencionar, además, que México es de los países con más baja recaudación tributaria en América Latina, aunque desde el 2020 la diferencia entre su tasa recaudatoria y el promedio regional ha sido la más estrecha de los últimos 20 años, gracias principalmente al aumento en la colecta fiscal sobre rentas y ganancias de capital.¹⁵

Una reforma que atajó, desde otro frente, la herencia del neoliberalismo, fue la referente a la Guardia Nacional. Este cuerpo se fundó como una institución policial de carácter civil y federal cuyos fines incluyen, además de la protección a la vida e integridad de las personas, la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación en coordinación y colaboración con los estados. A partir del 26 de marzo de 2019, se dispuso en el artículo 21 del texto constitucional que la Guardia Nacional estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. También se determinó que desde ahí se formularía una Estrategia de Seguridad Pública y los programas, políticas y acciones necesarios para llevarla a cabo, y que los integrantes del cuerpo policial se regirán por una doctrina fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.

La creación de la Guardia Nacional, acompañada de los programas para atender a los jóvenes, fue una estrategia para atender la crisis de violencia que venía in crescendo, considerando la debilidad e ineficacia de las policías existentes, invadidas por redes de corrupción y cooperación con el crimen organizado, buscando contener la ola de abusos contra civiles y violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas del orden en sexenios anteriores. La estrategia tuvo resultados mixtos. No habría sido razonable esperar que la Guardia Nacional erradicara el cáncer del crimen organizado en México, pues el fenómeno rebasa con mucho el territorio mexicano y el ámbito de la seguridad pública; sin embargo, la administración de López Obrador logró frenar y posteriormente reducir la tendencia de aumento sostenido en los homicidios dolosos —en el sexenio de Calderón, la cifra anual de asesinatos pasó de 10 mil a 26 mil y en el de Peña Nieto subió hasta 36 mil, cifra que se redujo a 33 mil al cierre de 2022.¹⁶

Las reformas impulsadas por López Obrador desde 2018 se encaminaron a recuperar y actualizar las conquistas populares y el espíritu social de una Constitución ultrajada a base de reformas neoliberales. Sus iniciativas atendieron los profundos problemas de la desigualdad y la pobreza, desandando el camino de privatización de servicios básicos, defendiendo la soberanía nacional y ampliando el carácter democrático de la carta magna. Sin embargo, propuestas fundamentales de este proyecto fueron frenadas al interior del aparato estatal, dando cuenta de una deficiencia democrática en el proceso mexicano, como analizamos a continuación.

III. La Suprema Corte de Justicia como suprapoder y el revés a las reformas obradoristas

Uno de los principales adversarios políticos del presidente mexicano y de sus proyectos de reforma ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este tribunal está compuesto por 11 ministros¹⁷ que cuentan con diversos medios de control para “mantener o defender el orden establecido por la Constitución”: el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte declaró inconstitucionales varias reformas consideradas fundamentales por el gobierno del tabasqueño, con lo cual se activó una dinámica de competencia política de alto impacto en detrimento del orden institucional mexicano: La Ley de la Industria Eléctrica, la reforma político-electoral y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras, sufrieron un revés por parte del máximo tribunal del país. Por su parte, el mandatario ha señalado asiduamente a los ministros en sus conferencias matutinas: “Nunca han hecho justicia, siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada, y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencias, a los corruptos, a los pseudoambientalistas, a los pseudodefensores de derechos humanos”, declaró en febrero de este año.

El caso de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es un claro ejemplo —aunque no el único— del nudo entre las dos instancias de gobierno. La LIE fue propuesta por el presidente en 2020 y, luego de aprobarse en ambas cámaras del Congreso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021. Su principal propósito era que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa pública de carácter social que provee energía eléctrica al pueblo mexicano (con incidencia en todos los procesos: generación, transmisión, distribución y suministro), tuviera prioridad en el despacho de electricidad, asegurando a los usuarios tarifas justas y por debajo de la inflación. De esta manera, el 54% de la energía que requiere el país quedaría a cargo de la CFE y el 46% restante lo proveería la iniciativa privada. En respuesta a esta estrategia de soberanía energética, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá iniciaran procesos en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) argumentando una violación parcial del acuerdo. Las empresas privadas siguieron la misma senda, se declararon injustamente afectadas y presentaron amparos ante la Suprema Corte, mientras que diversas autoridades mexicanas interpusieron recursos de revisión de amparo.

En la declaratoria de inconstitucionalidad publicada el 31 de enero de este año,¹⁸ la Segunda Sala de la SCJN determinó que la CFE debe ser un competidor más dentro del mercado. La resolución considera que las reformas aprobadas por el Congreso generarían “un diseño que entorpezca la libre concurrencia y competencia”,¹⁹ violando las reglas que regulan el mercado eléctrico. Bajo ese razonamiento, se decidió —en amparo y protección de seis compañías,²⁰ pero con efecto de­rivado sobre todo el sector privado— dejar sin vigencia la ley y operar conforme a la versión anterior de la misma (resultado de una reforma de la era neoliberal)²¹ a fin de “evitar distorsiones” en el mercado.

Un día después, el presidente López Obrador aseguró que se impugnaría el fallo: “Claro que se va a impugnar. ¿Cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público? Esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial”.²² Además, a los pocos días envió el paquete de reformas constitucionales entre las cuales está la que promueve lineamientos para la industria energética nacional bajo un esquema anterior a la reforma de 2013: con la cual se introdujeron a la carta magna, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), figuras que permiten a inversionistas privados generar y autoabastecerse de electricidad conectándose a la red de transmisión de la CFE. “[Hay que] dejarla como la dejó el presidente López Mateos”, dijo el Jefe de Estado, refiriéndose al predecesor (1958-1964) que nacionalizó la industria eléctrica mexicana.

Hace ya más de una década, el académico jurista y congresista del Partido Acción Nacional (PAN) Juan de Dios Castro,²³ señalaba que el Poder Judicial mexicano tiene una supremacía estructural por encima de los otros poderes. En esencia, cualquier decisión que tome el Ejecutivo puede ser anulada tanto por vía de amparo como por controversia constitucional. Pero nunca se había hecho uso de tal potestad como en los últimos años. En este sentido, el revés a la Ley de la Industria Eléctrica ilustra un problema que va más allá de un enfrentamiento entre la Suprema Corte y el presidente. A lo largo del sexenio, el máximo tribunal no sólo ha bloqueado la integración al texto constitucional de un proyecto de nación masivamente apoyado por el pueblo mexicano —como evidenciaron, una vez más, los recientes resultados electorales—, también ha anulado 74 leyes aprobadas por el Congreso de la Unión —mientras que en sexenios anteriores anuló, cuando mucho, 16 normas.²⁴

Este ejemplo pone de manifiesto la existencia de una “deficiencia democrática”: la decisión de uno de los poderes del Estado, el único que no es electo por el demos, contradice una iniciativa propuesta por el presidente de la República (hasta ese momento el más votado de la historia) y aprobada por la mayoría de las y los legisladores en ambas cámaras (también electos democráticamente), con el único objetivo de proteger los intereses de un puñado de empresas particulares y extranjeras, en detrimento de los intereses del demos. La Suprema Corte está de facto nulificando la atribución legislativa del Congreso y la voluntad popular expresada en el sistema representativo, por lo que sostenemos que la reforma al Poder Judicial que se avecina debe considerar no solamente su democratización en un sentido procedimental, o de democracia mínima, sino que ha de revisar las facultades mismas de los poderes establecidos, de tal manera que ninguno de ellos tenga una capacidad de veto sobre el otro, más aún cuando de los intereses de la nación se trate. Si el demos no ejerce su kratos, no podemos hablar de una democracia plena.

IV. El legado de López Obrador: las reformas constitucionales como programa político

El 5 de febrero de este año, a pocos meses de terminar su mandato, López Obrador presentó un paquete de iniciativas para reformar la carta magna (Ver Anexo 1. Reformas Constitucionales propuestas por Andrés Manuel López Obrador), continuando con el proyecto de “devolver a la Constitución de 1917 su carácter público, social y humanista”. Según declaró, las reformas modificarán artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal y darán un nivel constitucional a derechos sociales básicos. Al mismo tiempo, estas propuestas funcionan como una hoja de ruta para el próximo sexenio. En el marco de la Cuarta Transformación, el objetivo es que los cambios que ya se han realizado de facto en múltiples ámbitos de la sociedad y en el Estado adquieran un rango constitucional, además de dejar plasmadas nuevas líneas de acción para el gobierno de la continuidad y para la base social que lo acompaña. No obstante la necesidad de las reformas planteadas, López Obrador dijo estar “consciente de que el éxito de la transformación en marcha no depende únicamente de las reformas a la Constitución y las leyes. Hay otras cosas que son fundamentales; por ejemplo, el cambio de mentalidad del pueblo, lo cual hemos conseguido entre todos y desde abajo, y que conocemos como ‘la revolución de las conciencias’, porque de ello depende en mucho evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro”.²⁵ Con esto se reconoce que el proyecto nacional impulsado por el lopezobradorismo no puede consistir únicamente en un entramado jurídico-institucional de principios formales, sino que debe construirse con la participación y la movilización de un pueblo activo y politizado. Incluso antes de conocer los resultados del 2 de junio en los que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados (el Partido de los Trabajadores, PT, y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM) tendrán mayoría calificada y están a dos escaños de alcanzarla en la de Senadores, López Obrador apostó por la continuidad de su proyecto político e insistió en la centralidad de algunas iniciativas previamente rechazadas.

Hasta mediados de agosto de este año, la Comisión de Puntos Constitucionales ha aprobado el dictamen de varias de estas reformas para llevarlas al pleno, algunas por unanimidad (Ver Anexo 2. Reformas aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales en sus reuniones hasta el 14 de agosto de 2024).

Desde mayo, en una entrevista con el periódico británico Financial Times, Claudia Sheinbaum, hoy presidenta electa, respaldó las reformas propuestas por López Obrador, subrayó su agenda vinculada al cambio climático y a la “impunidad cero”, y tranquilizó al sector empresarial: “Las empresas no tienen nada que preocuparse”.²⁶ También anunció que su gobierno comenzará por impulsar la reforma al Poder Judicial y cuatro iniciativas que se añaden al paquete obradorista: la mejora de pensiones al sector público modificando la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la prohibición de reelección para todos los cargos de elección popular, un apoyo económico a mujeres entre los 60 y 64 años de edad, y una beca universal para estudiantes de instituciones públicas desde primaria hasta secundaria (Ver Anexo 3. Reformas Constitucionales propuestas por Claudia Sheinbaum).

Ambos paquetes de reformas abarcan un amplio espectro de cuestiones, desde infraestructura energética, ferroviaria y de comunicaciones hasta derechos indígenas y seguridad social. En este trabajo sólo discutimos a manera de ejemplo los objetivos e implicaciones de las iniciativas sobre la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral, por un lado, y la prohibición del fracking, el maíz transgénico y la minería a cielo abierto, por otro. Las dos primeras iniciativas han estado en el centro del debate político y mediático, ya que trastoca los intereses del llamado “círculo rojo”; en contraste, se ha analizado poco el significado de las últimas, de las que nos ocuparemos por su relevancia para el México profundo y para la identidad política del núcleo duro del lopezobradorismo, ya que fueron estas luchas de resistencia las que mayor articulación y arraigo territorial alcanzaron durante el neoliberalismo y de las cuales la Cuarta Transformación se alimentó simbólica y socialmente, sobre todo en sectores rurales, hoy volcados electoralmente a favor de Morena.

Reforma electoral

Esta iniciativa actualiza propuestas anteriores, surgidas de la lucha democrática de las últimas décadas, que no se materializaron por falta de apoyo en el Congreso. Se basa en los principios de fortalecer la democracia participativa y contener las dimensiones y costos de la burocracia estatal. En cuanto al primer aspecto, propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en reemplazo del actual Instituto Nacional Electoral (INE) y que los consejeros y magistrados de los organismos electorales, incluyendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean electos por voto popular. También plantea disminuir de 40% a 30% la participación del padrón electoral requerida para que las consultas populares sean vinculantes.

En cuanto a la contención de la burocracia estatal, el proyecto busca reducir el número de regidores en gobiernos municipales —estructuras electorales voluminosas—, suprimir las diputaciones y senadurías plurinominales,²⁷ y recortar la Cámara de Diputados de 500 a 300 miembros y la de Senadores de 128 a 64. En línea con la política de austeridad, el plan también reduce a la mitad el financiamiento a los partidos políticos. Esta última propuesta ha generado profundas controversias: según los representantes parlamentarios de los partidos PAN, PRI y PRD, estas reformas atentan contra el orden democrático.

El legislativo rechazó una primera propuesta de reforma electoral a finales del año 2022. Una segunda iniciativa que sólo modificaba leyes secundarias, conocida como el “Plan B”, fue aprobada en el Congreso, pero con cambios que, a los ojos del presidente López Obrador, traicionaban puntos esenciales del proyecto original. Finalmente, la Suprema Corte declaró inconstitucional la totalidad del “Plan B”, “para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”. El ministro Javier Laynez Potisek argumentó que el proceso legislativo había sido inadecuado, a lo que López Obrador respondió diciendo que “los distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE, ganan más que lo que gana el Presidente de la República, entonces como la ley busca reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros, de los jueces, magistrados y ministros de la Corte, pues no quieren, ellos tienen como Dios al dinero”.²⁸

Reforma del Poder Judicial

La propuesta central y que ha generado más discusión de la reforma judicial es que los “jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos de manera directa por el pueblo”²⁹ de entre 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes. También se plantea que el número de ministras y ministros que integran la SCJN se reduzca de 11 a 9, que ocupen su cargo por 12 años en vez de 15 y que la remuneración que reciban no exceda la destinada a la Presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, actual presidenta electa, ha apoyado este proyecto de reforma alegando la ineficiencia de los jueces y sosteniendo que es necesario hacer cambios para garantizar que el pueblo tenga acceso a la justicia.

Esta iniciativa responde al “suprapoder” ejercido por la SCJN en contra de los otros poderes del Estado y de la Cuarta Transformación. La reforma pretende derribar el muro institucional que separa al Poder Judicial de la voluntad popular —y que lo liga a grupos de poder e intereses privados— sometiéndolo a la democracia electoral. Sin embargo, es importante reconocer que el conflicto que hemos observado en los últimos años entre el presidente y la SCJN no se debe únicamente a un desacuerdo sobre el rumbo que debe tomar el país y los principios que deben plasmarse en su Constitución; se trata, como ya hemos mencionado, de una cuestión estructural del régimen político mexicano. En este sentido, la propuesta de que el pueblo elija a los miembros del Poder Judicial es innovadora, pero no ataca el centro del problema: la reforma no incluye mecanismos para limitar la supremacía que permite a la SCJN anular proyectos aprobados por el órgano legislativo. La reforma buscaría corregir el desequilibrio de poderes introduciendo la elección democrática al Poder Judicial, pero entonces la relación entre este poder y los otros dos dependería, al igual que en el presente la relación entre Ejecutivo y Legislativo, de una configuración de fuerzas políticas por naturaleza inestable, en vez de fundarse en un arreglo normativo e institucional equilibrado, basado en la revisión de las facultades del máximo tribunal. Al respecto, será tarea de las y los legisladores, así como de la sociedad, imaginar mecanismos institucionales y políticos que permitan lograr este equilibrio y defender los intereses de las mayorías. ¿Por qué no pensar en, por ejemplo, realizar una consulta popular que permita obtener una opinión directa del demos sobre temas de controversia en apariencia irresoluble entre los poderes constituidos? ¿Cuál hubiese sido el resultado de una consulta popular sobre la Ley Eléctrica si después del veto de la SCJN el pueblo hubiese expresado su opinión? La paradoja del andamiaje institucional que atraviesa y limita esta iniciativa es insoslayable: en última instancia, cualquier reforma constitucional podría ser vetada por la máxima corte, independientemente de cuál sea el mecanismo por el cual sean electos los jueces.

Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se reunieron el 10 de junio para comenzar a planear la transición gubernamental, tras lo cual Sheinbaum anunció que el presidente había aceptado su propuesta de involucrar más directamente a la ciudadanía en la discusión de esta reforma: “Que se haga una discusión muy amplia en todo el país. Que se conozca la reforma y que se discuta sobre el tema, siempre ayuda este diálogo.”³⁰ Para ello se han organizado discusiones en las que se ha informado a la población sobre cómo opera el Poder Judicial y lo que propone la reforma; también se ha abierto el diálogo con universidades, colegios de abogados, organizaciones y con los propios ministros y trabajadores del aparato judicial. “Algo en lo que coincidimos es que en todos los casos se haga una consulta amplia en estos meses, antes de que entre el nuevo Congreso, la nueva Cámara de Diputados y la nueva Cámara de Senadores” dijo la presidenta electa, añadiendo que su objetivo es la aprobación de la reforma en los primeros meses de su gobierno.

Prohibición del maíz transgénico, el fracking y la minería a cielo abierto

La integración de estas medidas, que se han expresado a través de leyes y decretos presidenciales, a la carta magna, reivindicaría y elevaría a nivel constitucional demandas centrales de los movimientos campesinos y de defensa del territorio que acompañaron a Morena desde su nacimiento como organización política. Este conjunto de propuestas busca desandar el camino neoliberal que devastó al campo mexicano con un modelo de agroexportación empresarial ambientalmente depredador y basado en la explotación laboral de jornaleros, desprotegiendo y empobreciendo a los pequeños productores —lo cual produjo un éxodo de mano de obra barata y vulnerable hacia las urbes y cada vez más hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, México abrió sus puertas al extractivismo extranjero y siguió un modelo de explotación de recursos naturales con altos costos ambientales y sociales. Tras décadas de padecer los efectos de tal arreglo, estas iniciativas reconocen la soberanía alimentaria y la defensa de los recursos naturales, ejes de la lucha campesina mexicana, como fundamentales para toda la nación.

Ya en abril de 2020 el gobierno de López Obrador publicó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que en sus artículos 3 y 4 protege legalmente la producción, la comercialización, el consumo y la tradicional diversificación constante del maíz nativo. En 2023 un nuevo decreto estableció que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán abstenerse de adquirir, utilizar e importar maíz genéticamente modificado, al igual que glifosato, en el marco de programas públicos o actividades de gobierno. Esta medida suscitó la oposición de algunos actores económicos estadounidenses que consideraron que parte de esta legislación entraba en contradicción con disposiciones del T-MEC. En particular, se citó el capítulo 4 sobre “Acceso a Mercados” de este tratado, el cual instruye que ningún país socio puede restringir arbitrariamente la importación de mercancías de otro país. También se hizo referencia al capítulo 9 sobre “Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, el cual establece que toda medida que implique prohibición o restricción al comercio debe basarse en principios científicos, normas internacionales o evaluaciones rigurosas respecto al riesgo para la vida y la salud de las personas. Bajo el amparo del capítulo 9 del T-MEC, el 30 de enero de 2023 el gobierno de Estados Unidos envió una solicitud formal a México para que explicara las razones por la cuales implementó dichas medidas.

A pesar de los conflictos comerciales con Estados Unidos, con la nueva iniciativa López Obrador sostiene y profundiza su respaldo a la lucha por la soberanía alimentaria, buscando la prohibición del maíz transgénico a nivel constitucional. La propuesta se fundamenta en las raíces históricas y el valor cultural y económico del grano mexicano, base de la alimentación en el país: buscamos “el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional”, expresó el mandatario en febrero de este año.³¹ La introducción de maíz transgénico, proveniente principalmente de Estados Unidos, crea una dependencia económica de México hacia la importación de los insumos necesarios para la producción, como herbicidas y pesticidas específicos para la variedad genética elegida. Además de afectar la calidad de los alimentos producidos, el maíz transgénico atenta contra la identidad de pueblos cuya cultura ha girado durante siglos en torno a la milpa, cultivo que ellos mismos han modificado, diversificado y aprovechado con conocimientos y métodos tradicionales. Es por todo ello que Morena y el gobierno de López Obrador hicieron suyo el lema del movimiento social “Sin maíz, no hay país”, el cual articuló en 2007 a cientos de organizaciones rurales, científicas y ambientalistas que se oponían a la libre importación de maíz y frijol como parte del Tratado de Libre Comercio, hoy T-MEC.

Además, la iniciativa número 14 del paquete de reformas plantea dar nivel constitucional a los programas sociales de fomento al campo “Sembrando Vida” y “Producción para el Bienestar”, implementados para asegurar condiciones justas de producción alimentaria bajo el lema “que coman los que nos dan de comer”. También promueve un jornal seguro, justo y permanente para los campesinos que siembren árboles frutales y maderables. Aunque los cambios en el modelo de desarrollo agrario y los apoyos gubernamentales se han hecho notar en las comunidades, lo cierto es que México no ha logrado la autosuficiencia alimentaria con respecto al maíz y todavía debe importar grandes cantidades de este grano, principalmente de Estados Unidos.

En una entrevista realizada por la revista Memoria,³² Armando Bartra, sociólogo y especialista en desarrollo rural, dio su perspectiva sobre los logros de la actual gestión y lo que aún queda por hacer en el ámbito agrario. Subrayó el valor del trabajo realizado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) para encontrar un reemplazo del glifosato y la atención del gobierno a los temas de autosuficiencia y soberanía alimentaria en el sur mexicano, donde residen los pequeños productores con quienes se tiene “una deuda histórica”. También insistió en la necesidad de robustecer políticas vinculadas a la producción agrícola para erradicar la pobreza rural y de generar nuevas políticas para el norte del país, donde se concentra la mayor producción agrícola de México: “habrá que intensificar y quizás reorientar la acción pública en el norte, el noroeste, el occidente, hacia donde está la agricultura intensiva, hacia donde están los grandes monocultivos de riego, hacia donde están los productores medianos y los productores grandes”. Concluye que los programas sociales “Sembrando vida” y “Producción para el Bienestar” tuvieron buenos resultados, no sólo porque generaron empleos y elevaron los ingresos de millones de familias, sino también porque “en un país en donde la agricultura que se impulsó era social y ecológicamente predadora, humana y ambientalmente insostenible, ahora se avanza por el camino de las formas asociativas y de las tecnologías amables. Una verdadera revolución.” Sin embargo, la soberanía alimentaria es una tarea pendiente, pues se siguen importando volúmenes similares de granos y oleaginosas que al inicio del sexenio. Elevar a rango constitucional la prohibición del maíz transgénico dotará de mayor fuerza a esta lucha y coadyuvará a lograr el objetivo de la soberanía alimentaria sobre esta base irrenunciable.

Por otro lado, la prohibición del fracking (método de fractura hidráulica para la extracción de gas y petróleo) se complementa con la iniciativa que regula la explotación del agua. No es novedad que México enfrenta un creciente problema de escasez hídrica, tanto por las características hidrológicas y geográficas del país, como por el manejo ineficiente del recurso durante décadas y la priorización de su uso para la producción industrial, en vez de proteger el consumo doméstico. La técnica extractiva del fracking solo puede acrecentar la demanda industrial de agua, reduciendo la accesibilidad para la población. Ocurre algo similar con la minería a cielo abierto, con el agravante de que produce filtraciones de cianuro —sustancia necesaria para extraer el mineral del material removido— hacia los pozos subterráneos. Lo cierto es que ambas técnicas tienen una presencia reciente en el territorio mexicano: según el registro de la Secretaría de Economía, existen actualmente 264 minas con la modalidad “cielo abierto” en los estados de Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua. En cuanto al fracking, la petrolera nacional, Pemex, ha utilizado esta técnica para extraer gas y petróleo desde 1990 en pozos convencionales y desde 2012 en reservas no convencionales, principalmente en Puebla y Veracruz.

Los detractores de la prohibición del fracking argumentan que México perdería la oportunidad de aumentar su producción de hidrocarburos, desaprovechando las reservas existentes e impactando negativamente la economía del país.³³ No obstante, a contracorriente del rumbo que tomaron los gobiernos mexicanos desde la promulgación de la Ley Minera de 1992, el proyecto obradorista pone primero las demandas populares de acceso a un recurso cada vez más escaso —el agua— y de protección de un territorio históricamente saqueado por compañías mineras bajo modelos de explotación mínimamente regulados e incuantificablemente caros para la sociedad mexicana.³⁴

Consideraciones finales

El gobierno de López Obrador puso los cimientos de la Cuarta Transformación —el llamado “primer piso” de una regeneración social y política que tendrá que avanzar y profundizarse— y estableció una guía programática para el sexenio siguiente. Se trata de un proyecto de nación que rompe con tres décadas de trayectoria neoliberal, un esfuerzo en muchos sentidos “reconstituyente” de la vida política y el desarrollo económico y social de México. A través de las reformas llevadas a cabo durante su gobierno y las iniciativas que hereda a la próxima administración, López Obrador ha buscado devolver a los mexicanos el espíritu social de la carta magna de 1917, actualizando las demandas populares que la inspiraron: la democracia efectiva como mecanismo para combatir el autoritarismo, la garantía de derechos sociales básicos como la salud, la educación y la seguridad, y la protección del interés público, la soberanía y el bienestar nacionales en el manejo de los recursos naturales del país.

La coalición que llevó al poder a López Obrador no consiguió en las elecciones del 2018 ni en las del 2021 la mayoría calificada (dos tercios de ambas cámaras) que le hubiera permitido consolidar las reformas constitucionales perseguidas. A esta dificultad se sumaron las reiteradas oposiciones de la SCJN, que acotaron el margen de acción del gobierno. En ese proceso se reveló la naturaleza del máximo tribunal como un “suprapoder” capaz de anular cualquier proyecto legislativo, una facultad que usó muy poco durante los gobiernos anteriores, pero que en el sexenio reciente le sirvió para poner un freno al proyecto nacional lopezobradorista. Resolver este desequilibrio en la estructura del régimen político mexicano será crucial para el futuro, tanto el más inmediato como el de largo plazo, pues de ello depende que el pueblo mexicano, a través de sus representantes, pueda plasmar en el texto constitucional los fundamentos del país que desea de forma justa y democrática.

Las reformas constitucionales que presentó el presidente López Obrador y las añadidas por Claudia Sheinbaum son una agenda programática para la próxima administración y la próxima legislatura (que esta vez sí contará con mayoría calificada), pero deben ser comprendidas, aún más, como un mapa de acción y pensamiento para todo un Movimiento y para la sociedad mexicana que acompaña el proyecto de nación. López Obrador está dejando un mensaje de praxis política al pueblo mexicano, un modelo de nación de largo aliento enmarcado en un cuadro normativo-jurídico. Por tanto, si no se avanza en el sentido señalado, respetando el espíritu de dichas reformas, habrá un estancamiento de la Cuarta Transformación y posibles escenarios de regresión: (I) un reacomodo y avance veloz de la derecha (en cualquiera de sus formatos) actuando en tándem con el Poder Judicial y los poderes fácticos; (II) un agotamiento popular a nivel nacional al ver que la clase política, supuestamente heredera del lopezobradorismo, no brinda soluciones ni comprende las demandas, necesidades y deseos del pueblo; (III) la intromisión foránea con las usuales estratagemas aplicadas quirúrgicamente dependiendo del país —en México, por ejemplo, Estados Unidos puede recurrir al argumento de que el avance del crimen organizado en connivencia con el aparato estatal representa una amenaza de seguridad territorial; o bien que hay violaciones a los tratados de libre comercio que conllevan una amenaza económico-comercial. En cambio, si se logra la aprobación de las reformas, será un logro nodal que fortalecerá no solamente al nuevo gobierno mexicano en su lucha por desmantelar el modelo neoliberal, sino a la reconfiguración de las organizaciones políticas de izquierda en América Latina, ya que mostrará los alcances del Humanismo Mexicano ante un panorama regional y mundial carente de alternativas, marcado por la tensión entre Estados Unidos y China, por el fortalecimiento del conservadurismo en todo el planeta y por los enfrentamientos bélicos que sacuden al orbe.