La relación entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara entró en una nueva etapa de tensión, evidenciando profundas divisiones en la cúpula del Ejecutivo boliviano. El vicepresidente Lara emitió fuertes advertencias a Paz, llegando a decirle que «no sea títere” del empresario y político Samuel Doria Medina (quien obtuvo casi 20% de los votos en la primera vuelta electoral) y pidiéndole que «no le entregue el poder», lo que señala una preocupación por una supuesta dependencia o influencia política indebida en la toma de decisiones presidenciales. Lara también elevó el tono de la crítica al señalar que «mucha gente se está decepcionando de ellos«, sugiriendo que la base de apoyo popular de la coalición se está erosionando rápidamente debido a las acciones o la dirección tomada por el gobierno.

El conflicto escaló del ámbito personal al institucional. Luego de que el gobierno anunciara la creación del Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa, el vicepresidente acusó que esa cartera de Estado busca usurpar sus funciones, por lo que su equipo jurídico ya analiza qué acciones tomar. Esto ocurrió después de que Lara criticara su exclusión y tardía invitación a la Cumbre Judicial para la reforma de ese Poder del Estado, sintiéndose abiertamente marginado en la toma de decisiones en la materia. La respuesta de la Vicepresidencia de explorar acciones legales confirma que la disputa ha trascendido las diferencias políticas para convertirse en un enfrentamiento dentro de las estructuras del Estado.

En este marco, el vicepresidente Lara tomó una ruta política independiente con miras a las elecciones subnacionales, a disputarse el año que viene. Lara sorpresivamente anunció candidatos propios y reiteró la presentación de aspirantes a través de su agrupación para estos comicios. Esta decisión de impulsar una facción política separada confirma el profundo desencuentro en la cúpula de gobierno y la voluntad de Lara de construir una base de poder electoral autónoma frente a Paz.

No obstante, y en este contexto de tensión, varias agrupaciones políticas fueron excluidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la disputa por las elecciones locales. Es el caso de la fuerza política vinculada a la Vicepresidencia, Nuevas Ideas con Libertad (MUIL), y de «EVO Pueblo», el nuevo brazo electoral de Evo Morales. La justificación fue que los partidos con personería en trámite quedan fuera de los comicios, ante lo cual Lara pidió un «candado» para evitar futuras exclusiones. Este movimiento empieza a despertar preocupación sobre el potencial giro autoritario del nuevo gobierno, a través de estrategias de cierre del espacio cívico y democrático.