Una coalición de 25 estados y el Distrito de Columbia demandó ante un tribunal federal de Rhode Island a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por condicionar fondos de prevención de desastres y seguridad interna a que los estados adopten cambios en sus sistemas electorales. Entre los requisitos exigidos figuran la transición a boletas marcadas a mano, auditorías manuales de al menos el 5% de los votos emitidos, la reconciliación de electores y votos por elección, y el cruce de los padrones estatales con SAVE, la base de datos migratoria del DHS, para detectar a personas no ciudadanas presuntamente registradas para votar.
Los estados sostienen que la Constitución reserva a las jurisdicciones locales la administración de las elecciones, y que las agencias federales carecen de autoridad para reescribir esa normativa; el reclamo invoca además la Ley de Procedimiento Administrativo y la cláusula de gasto de la Constitución. Está en juego al menos un 20% del Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional (Homeland Security Grant Program), unos 148 millones de dólares de los 740 millones asignados a esos estados para el año fiscal 2026; la demanda cuestiona además una cláusula que permitiría a FEMA cancelar los fondos en cualquier momento si considera que ya no se ajustan al “interés nacional” definido por la Casa Blanca.
Encabezan la demanda los fiscales generales de Rhode Island, Peter Neronha; Illinois, Kwame Raoul; California y Nueva Jersey, junto a los gobernadores de Kentucky, Andy Beshear, y Pensilvania, Josh Shapiro. Neronha acusó a la administración de poner en riesgo la seguridad pública al retener fondos de manera ilegal, y sostuvo que el financiamiento de emergencia federal “no puede ni podrá mantenerse como rehén” de los estados. Desde el oficialismo, una vocera de FEMA respondió que la demanda era un caso de “resistencia partidista” y que la agencia esperaba que “estos políticos de izquierda” se opusieran a medidas que calificó de sentido común para proteger la integridad electoral.
Es la tercera demanda de este tipo que impulsa la coalición contra la administración Trump por condicionar fondos federales a sus prioridades políticas; en los dos casos anteriores, la Justicia ya había fallado en contra de la Casa Blanca. El caso llega de cara a las elecciones legislativas de medio término de noviembre.
