Este miércoles 2 de abril miles de haitianos tomaron las calles de la capital en una de las protestas más grandes desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, exigiendo el fin de la creciente violencia pandilleril y la renuncia de las autoridades de transición, a quienes acusan de inacción y complicidad con el crimen organizado.

En medio de la violencia que azota al país la marcha fue reprimida por la policía. Su masividad refleja el profundo descontento de una población cansada de la inseguridad, el desplazamiento forzado y la crisis económica que ha sumido al país en el caos.

El Consejo Presidencial de Transición (CPT), establecido hace casi un año con apoyo internacional para estabilizar el país, ha sido incapaz de frenar el avance de las pandillas, que ahora controlan cerca del 90% de Puerto Príncipe.

Los manifestantes, portando machetes, ramas de palma y banderas rojinegras —símbolo que evoca tanto la dictadura de los Duvalier como movimientos de resistencia actuales—, coreaban consignas como «¡Abajo el CPT!» y «¡Queremos seguridad!». Algunos intentaron tomar las oficinas del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, nombrado en noviembre pasado, mientras otros quemaron neumáticos y levantaron barricadas.

La protesta ocurre en un contexto de fracaso del acuerdo político firmado en marzo de 2024 con mediación de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y Estados Unidos, que buscaba allanar el camino hacia elecciones democráticas. Sin embargo, el CPT se ha visto envuelto en acusaciones de corrupción, y las promesas de estabilidad se han desvanecido ante el creciente dominio territorial de las pandillas.

La protesta se produce días después de que pandillas atacaran la prisión de Mirebalais, liberando a más de 500 reclusos e incendiando comisarías y viviendas. Este episodio, sumado a la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, ha exacerbado la indignación popular.

Además, Haití enfrenta nuevas presiones económicas tras la imposición de aranceles del 10% por parte de Estados Unidos, su principal socio comercial. La economista Enomy Germain, directora de ProEco Haití, calificó la medida como «un problema más para un país que sufre».