El gobierno de Abelardo de la Espriella cuenta con una mayoría parlamentaria integrada por el Centro Democrático, los partidos Liberal y Conservador, La U y Salvación Nacional, entre otras fuerzas. La coalición supera los 180 votos entre Senado y Cámara, lo que le brinda al Ejecutivo una base para impulsar su agenda legislativa. Entre los debates pendientes figuran el presupuesto general, la emergencia económica decretada tras el terremoto del 10 de agosto y el Plan Nacional de Desarrollo. En paralelo, el Centro Democrático radicó un proyecto para otorgar al presidente facultades que le permitan fusionar ministerios sin aprobación del Congreso, una iniciativa que plantea discusiones sobre el alcance de las atribuciones presidenciales y el papel del Legislativo.
En materia de seguridad, el gobierno ultima un proyecto de ley de sometimiento dirigido a organizaciones criminales que acepten desmovilizarse y entregar las armas. La propuesta no contempla negociaciones políticas, sino la aceptación de condiciones y consecuencias jurídicas por parte de los grupos que se acojan. El ministro de Justicia, Iván Cancino, también señaló que se trabaja en un estatuto antiterrorista y en un régimen penitenciario especial para cabecillas. La iniciativa se presenta como una política diferenciada de las negociaciones impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro, con énfasis en el sometimiento y la lucha contra las rentas criminales.
