El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una nueva estrategia jurídica internacional en respuesta a la muerte de connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego del fallecimiento de un ciudadano mexicano el 7 de julio en Houston, Texas. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, presentó las medidas durante la conferencia matutina de la presidenta, en un anuncio que eleva sustancialmente el tono de la respuesta diplomática mexicana frente a Washington: según informó la Cancillería, se trata ya de 17 connacionales muertos en operativos o en centros de detención del ICE.
Entre las acciones anunciadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar formalmente denuncias ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes registradas en operativos o instalaciones del ICE. El Gobierno mexicano anunció además el inicio de acciones civiles contra las empresas privadas que operan los centros de detención donde fallecieron los connacionales, una solicitud de medidas cautelares y de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y una exigencia formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para garantizar la protección de los mexicanos recluidos en esos centros.
Estas acciones se suman a la estrategia diplomática que la SRE ha desplegado hasta el momento, que incluye el acompañamiento legal y humanitario a las familias de las víctimas y el envío de 11 notas de protesta diplomática al Gobierno estadounidense. El giro hacia instancias judiciales y organismos internacionales de derechos humanos marca una escalada respecto del formato previo de protesta bilateral y sitúa a México en una posición de mayor exposición pública frente a Washington en un tema que excede el caso mexicano: la situación de los migrantes bajo custodia del ICE constituye una preocupación compartida por varios gobiernos de América Latina, lo que podría convertir la iniciativa mexicana en un antecedente para la protección consular de otros países de la región.
