El lunes 17 de agosto, el presidente José Antonio Kast presentó al Congreso de Chile un proyecto de reforma constitucional que propone, entre otras medidas, “un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública”, prorrogable hasta ocho meses. En simultáneo, el gobierno también propuso una reforma al Código Penal que denominó “ley Antibarricadas 2.0”. Las iniciativas aparecen en un contexto de estancamiento económico.

En cuanto a la reforma constitucional, el punto más polémico es la atribución que se le otorgaría al presidente para declarar el estado de excepción, “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada”. De acuerdo al proyecto, su declaración podría extenderse por un máximo de 120 días, aunque el presidente tendría la facultad de prorrogarla por otro período equivalente. Durante este lapso, el mandatario “podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión, […] restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. Además, el proyecto faculta a  “la eventual colaboración de las Fuerzas Armadas” con la actuación policial durante la vigencia del estado de excepción.

El proyecto fue rechazado de inmediato por diferentes sectores, desde medios que calificaron a las medidas como “propias de una dictadura” hasta partidos políticos desde la izquierda a la derecha. El expresidente Gabriel Boric consideró el intento como una “limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena”. Su espacio se expresó en igual sentido: Gael Yeomans, la nueva presidenta del Frente Amplio, criticó la propuesta; y la formación en su conjunto emitió una declaración. Pero el rechazo cruzó el arco político. La referente de la derecha más tradicional de la Unión Democrática Independiente (UDI), candidata a presidenta por Chile Vamos en 2025, Evelyn Matthei, también cuestionó el proyecto. Incluso el ultraderechista Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, se mostró en un primer momento crítico, planteando que la propuesta contiene “restricciones extremadamente invasivas a derechos protegidos por la Constitución”. De todas maneras, más tarde señaló que “hay elementos rescatables en el proyecto” y que “no nos cerramos a la idea de legislar […] para recuperar la seguridad de nuestro amado Chile”.

En paralelo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó el mismo lunes 17 de agosto sobre el ingreso en el Parlamento de un proyecto de ley al que denominó “Antibarricadas 2.0”. En un breve mensaje en sus redes sociales, Arrau expresó: “Se acabó la impunidad para quienes bloquean calles, paralizan el Metro y vulneran la libertad de todos los chilenos. Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta: es violencia y debe ser delito”. Al día siguiente, insistió en un nuevo mensaje: “Manifestarse es un derecho; impedir que otros lleguen a su trabajo, estudien, se desplacen o utilicen el transporte público no lo es. Recuperar la seguridad y el orden público de Chile también significa volver a respetarnos, respetar las reglas y recuperar la autoridad necesaria para hacerlas cumplir”. Con el mismo contenido se pronunció la cuenta de la Subsecretaría de Seguridad Pública: “Más orden, más seguridad y una ley que se haga respetar”.

Desde el inicio de su gestión, las políticas en torno al eje de seguridad son parte de los elementos principales de la administración encabezada por José Antonio Kast, tanto en el discurso como en acciones y propuestas concretas, algunas de carácter performático, otras sustantivas.

Si bien es previsible, por esos antecedentes, la ofensiva coincide con un momento en el que el gobierno acumula malas noticias en el plano económico, lo que hace prever nuevas movilizaciones sociales. En la misma semana en la que se presentaron los proyectos mencionados, se conoció que la economía se encuentra en recesión técnica, es decir, con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) en dos trimestres consecutivos.

De acuerdo a información del Banco Central, el PIB cayó un 0,3% anual en el primer trimestre y otro 0,2% en el segundo, con lo que acumuló una caída de 0,3% en la primera mitad de 2026. La retracción es importante en sectores como la minería, la agricultura y la pesca, pero durante el segundo trimestre también se estancaron la construcción, la inversión, los inventarios y el consumo.