El presidente Daniel Noboa firmó el 14 de julio el Decreto Ejecutivo 448, mediante el cual declaró como política pública de aplicación nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, aprobado el 9 de marzo de este año. Según informó la Presidencia, se trata de una estrategia que “alinea por primera vez a todas las instituciones del Estado” bajo una sola hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado interno vigente desde 2024, recuperar el control del territorio y combatir al crimen organizado, con objetivos, responsabilidades y resultados medibles.
El plan fija siete objetivos centrales —entre ellos imponer el control efectivo del territorio, reconstruir el sistema penitenciario y anticipar amenazas mediante el empleo coordinado del poder del Estado— e identifica nueve amenazas prioritarias, incluidas el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y los ciberataques. Su implementación quedará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
El decreto sitúa a la cooperación internacional como “un mecanismo estratégico” para fortalecer las capacidades nacionales mediante alianzas bilaterales y multilaterales, con Estados Unidos como socio principal en esa estrategia. En ese marco, la Armada de Ecuador y fuerzas estadounidenses desplegaron esta semana patrullajes marítimos y fluviales conjuntos frente a las costas de Esmeraldas y en la frontera con Colombia, supervisados por el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, y el comandante general de la Armada ecuatoriana, vicealmirante Pablo Pazmiño.
Las operaciones, enmarcadas en la Coalición de las Américas Contra los Cárteles impulsada por Washington, incluyeron ejercicios de interdicción marítima entre personal de la Armada ecuatoriana y el Special Boat Team 22 de la Marina estadounidense, además de inspecciones a las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina Nº 11 San Lorenzo. En el cantón de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, ambas fuerzas emplearon además lanchas SOC-R (Special Operations Craft-Riverine), embarcaciones especializadas en navegación fluvial de alta velocidad y reducido calado, para ejercicios de reconocimiento, patrulla e inserción y extracción de unidades en los corredores ribereños utilizados por el crimen organizado para el tráfico de drogas y armas entre Ecuador y Colombia. Según el Comando Sur, el despliegue no derivó en decomisos ni capturas, y estuvo orientado principalmente a demostrar las capacidades conjuntas de vigilancia en una de las zonas más sensibles del litoral norte del país.
El nuevo marco normativo llega en un contexto de violencia sostenida: 2025 fue, según cifras del Ministerio del Interior, el año más violento de la historia de Ecuador, con nueve mil 216 homicidios intencionales, y el país acumula más de 800 días bajo sucesivos estados de excepción durante el Gobierno de Noboa. La formalización del plan como política de Estado —sumada a la profundización de la cooperación castrense con Washington— consolida el enfoque de seguridad que el Gobierno ecuatoriano ha convertido en el eje central de su política exterior desde la declaración del conflicto armado interno.
