Como primera medida de relevancia luego de su reelección, Daniel Noboa envió el proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno a la Asamblea Nacional. La propuesta, calificada como urgente en materia económica, busca fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar el crimen organizado. Luego de varias reformas, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el primer debate. El proyecto ha generado divisiones en la Asamblea. El asambleísta Sergio Peña fue expulsado de la bancada de la Revolución Ciudadana por apoyar el informe, evidenciando tensiones internas en el bloque opositor.
Por su parte, organizaciones especializadas y expertos señalaron que el proyecto incluye disposiciones que podrían habilitar un uso excesivo de la fuerza, sin garantías claras para evitar abusos. El Observatorio Ecuatoriano de Conflictos advirtió que el escenario propuesto por el gobierno podría generar una «multiplicación de abusos», considerando que las instituciones de seguridad están infiltradas por el crimen organizado. Además, expertos señalaron que la propuesta no contempla una estrategia nacional de seguridad, agrupa problemas diversos de defensa y justicia, y emplea criterios vagos para definir el conflicto armado. Entre los artículos más polémicos destacan el 12 (uso directo de la fuerza sin previa agresión), el 15 (declaración de bienes como objetivos militares), el 18 (creación de un bloque de seguridad insuficiente), el 24 (jueces especiales para delitos de conflicto armado), y el 26 (indulto anticipado a militares o policías sin sentencia ejecutoriada).
