En el marco de un intento por consolidar la primarización económica y el perfil extractivo del Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente en materia de minería y energía. Ante la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo, que ya inició el trámite para abordar el tema en el pleno, el subsecretario jurídico, Aldrin Gómez, sostuvo que el gobierno busca simplificar trámites y establecer un mecanismo de registro del uso de la renta minera, sin modificar el régimen para la concesión minera. No obstante, la legisladora de la Revolución Ciudadana (RC) Verónica Íñiguez sostuvo que la normativa pretende omitir la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental a las poblaciones aledañas de los potenciales proyectos mineros.
El impulso a la agenda minera de parte del gobierno sucede en simultáneo a su participación en la Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos, celebrada en Washington el pasado 4 de febrero. En ese marco, Noboa suscribió un acuerdo para el aseguramiento del suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, esenciales para la transición energética y la inteligencia artificial. Este convenio busca fomentar cadenas de suministro seguras, promoviendo la inversión extranjera y el intercambio de información para combatir la minería ilegal, elevando la actividad minera a una cuestión de seguridad nacional y relevancia geopolítica.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha manifestado un rechazo frontal a la ley urgente de minería propuesta por el presidente. La organización social argumenta que el proyecto prioriza el extractivismo sobre la vida, poniendo en grave riesgo los derechos colectivos, los territorios ancestrales y las fuentes de agua. Según la CONAIE, la normativa vigente y sus reformas pretenden vulnerar la soberanía de los pueblos al facilitar concesiones sin las garantías ambientales adecuadas, lo que prefigura un escenario de mayor conflictividad social si el legislativo no archiva la propuesta.
Los reclamos de la CONAIE tienen su correlato territorial. En efecto, ante los niveles críticos de contaminación minera, la organización indígena ha exigido al gobierno que declare la emergencia ambiental en la provincia de Napo. Las denuncias señalan la degradación de bosques y la contaminación de ríos, afectando directamente la salud de las comunidades locales. Esta demanda surge tras la reciente suspensión de actividades mineras en la provincia por parte del Ministerio de Ambiente, una medida que el movimiento indígena considera insuficiente si no se acompaña de una remediación integral y una declaratoria oficial de emergencia.
